En España y Europa, en el cálculo del IPC solo se incluyen los precios de los alquileres de viviendas, no los precios de compra ni las variaciones en las cuotas de las hipotecas. Dado que la mayoría de la población en España tiene su vivienda en propiedad, el peso de la vivienda en el IPC no llega al 4 %. De esta manera, el IPC no recoge ni de lejos el daño que en grandes sectores de la población ocasionan los altísimos crecimientos del precio de compra de vivienda en los últimos años.
Y el aumento imparables del precio de la vivienda en España (y los avances de los tipos de interés que han disparado las cuotas de las hipotecas) es el factor definitivo, junto a la elevadísima inflación de los últimos tres años, que ha socavado el poder adquisitivo y reducido nuestro nivel de vida.
Según el último índice de precios de vivienda publicado por el INE del primer trimestre de este año (precio de compraventa de viviendas nuevas y usadas, no alquiler), el aumento del precio de la vivienda en España en el último año ha sido del 6,3 %, un 10,1 % para la vivienda nueva y un 5,7 % para la de segunda mano. El problema es especialmente grave en las grandes ciudades. En Galicia y con datos de Idealista del mes de mayo, A Coruña es la ciudad que presenta el precio de venta más elevado por metro cuadrado, 2.464 euros, con un 6 % de avance anual; a continuación, Vigo, con 2.162 euros, con un avance del 2,9 %, y Santiago, con 1.976 euros y el 5 %.
¿Los motivos? Muy simples, la población crece. Si en la época anterior a la burbuja inmobiliaria en el 2007 en España había 45,7 millones de habitantes, en el 2019 ya había crecido hasta 47,3 millones y ahora se registran 48,6 millones.
Este crecimiento poblacional se concentra en las ciudades y, en el caso gallego, la comarca de A Coruña ya registra 410.400 habitantes, con un avance de casi 26.000 personas desde el 2007 o más de 7.000 desde el 2019. En el caso de Vigo, su comarca alcanza 426.800 habitantes, con un avance de casi 9.000 desde el 2007 o 2.000 desde el 2019.
Desgraciadamente, ese avance poblacional no ha sido acompañado por un avance en su parque de viviendas. Si justo antes de la explosión de la burbuja inmobiliaria, en el 2007, se construyeron en España 641.000 viviendas nuevas, en el año 2020 no llegaron a 86.000.
Una de las primeras lecciones en una facultad de Económicas es que el precio de un bien se construye por el enlace de la oferta y la demanda del mismo. Si la demanda de un bien crece más que la oferta, el precio necesariamente aumentará. Justo lo que está pasando en España con el mercado de la vivienda: la población en las grandes ciudades crece (demanda), la única forma de que los precios se controlen será construyendo más viviendas (oferta). Por eso resultan patéticas algunas de las medidas implementadas por el Gobierno para contener los precios de la vivienda, que consisten en reducir todavía más la oferta de viviendas a través de la prohibición por ley de subidas de precios, eliminando la seguridad jurídica a propietarios que quieren alquilar o permitiendo las okupaciones.
La única solución a este gravísimo problema que está afectando a mucha gente joven, que quiere realizar su proyecto de vida y no puede por las altas tasas de paro juvenil, bajos salarios y ahora por el disparatado precio de la vivienda, pasa por aumentar la oferta, y eso se hace de diversas maneras.
Por un lado, dar más seguridad jurídica a los propietarios que quieren alquilar: los precios los marca el mercado y desahucio en caso de impago. Por otro, aumentado directamente la oferta de viviendas: pública con planes de vivienda pública del Estado y autonomía; o privada, poniéndoselo más fácil a los promotores, flexibilizando la horrible burocracia municipal que sufren los que piden una licencia.
Y, en este sentido, otro golpe más al mercado de la vivienda ha sido hace pocas semanas la retirada del Congreso por parte del Gobierno de la modificación de la ley del suelo. Era una buena ley que daba más seguridad jurídica al sector inmobiliario recogiendo unas peticiones más que sensatas que desde hace años lleva solicitando ese sector para agilizar las licencias e impidiendo que un error formal lleve a la nulidad completa de los planes generales de urbanismo.
Desgraciadamente, el cortoplacismo y la poca altura de la actual clase política lo ha impedido. La situación seguirá empeorando.