El 20 de mayo de 2024, el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) ha solicitado a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI órdenes de arresto para los líderes de Hamás, Yahya Sinwar (Jefe en la Franja de Gaza), Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Comandante de las Brigadas Al-Qassam, brazo militar de Hamas), e Ismail Haniyeh (Jefe de la Oficina Política de Hamás), así como para el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su Ministro de Defensa, Yoav Gallant. En la solicitud se describen las conductas imputadas, tipificadas en el Estatuto de Roma de la CPI como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad; la responsabilidad de los dirigentes en su comisión; y la competencia de la Fiscalía para investigar y perseguir los crímenes recogidos en dicho Estatuto cometidos en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, ya avalada por la CPI en 2021. Dicha competencia reside, en último término, en la solicitud formulada en 2014 por Palestina, que es uno de los 124 Estados vinculados por el tratado que regula la CPI. Karim Khan, el Fiscal de la CPI, que ha sido capaz de sustraerse a las enormes presiones recibidas (parejas a las que seguidamente recibirá la Sala), ha señalado que «ahora más que nunca debemos demostrar colectivamente que el Derecho Internacional Humanitario, que es la base fundamental que ha de regir la conducta humana durante los conflictos, se aplica a todas las personas y se aplica por igual a todas las situaciones abordadas por la Fiscalía y la Corte. Así demostraremos, de manera tangible, que la vida de todos los seres humanos tiene el mismo valor». Hamas niega legitimidad a la CPI y ha rechazado la petición de la Fiscalía, que veremos si tiene efecto sobre los países que dan cobertura logística, militar o política al movimiento islámico (por ejemplo, Qatar, donde tiene su oficina política, lo que llama la atención, visto el nivel de relaciones e influencia económica del emirato en Occidente, sin que aparentemente nadie pregunte por este respaldo). La reacción de las autoridades israelíes pasa por tratar de activar todos los mecanismos para que los Estados no cooperen con la CPI. Un riesgo evidente, pues sectores poderosos de Estados Unidos, país que no es parte del Estatuto de Roma, incluso abogan por sancionar y perseguir a quien colabore con la CPI, lo que pondría en cuestión el propio futuro de ésta. El gobierno de Israel califica la decisión del Fiscal de «ultraje moral de proporciones históricas» y de «nuevo antisemitismo», en palabras de Netanyahu.
A su vez, el proceso iniciado por Sudáfrica ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), atribuyendo al Estado de Israel el incumplimiento de sus obligaciones conforme a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948 (tratado del que son parte tanto Israel como Palestina, entre los 153 Estados que lo han ratificado), ha deparado ya tres órdenes de medidas cautelares dirigidas a que Israel se atenga a sus compromisos, ante el riesgo real de que la respuesta militar al ataque de Hamas incurra en el crimen internacional de genocidio. En la última de las órdenes, dictada el 24 de mayo de 2024, «a la vista del empeoramiento de condiciones de vida que sufren los civiles en la región de Rafah», el TIJ exige a Israel que «detenga inmediatamente su ofensiva militar, y cualquier otra acción en la región de Rafah, que pueda causar en la comunidad palestina circunstancias que provoquen su destrucción física en todo o en parte», siguiendo la terminología del Convenio. Entre las razones que llevan a esta nueva orden del TIJ se encuentra el estado de privación alimentaria, escasez de agua, insalubridad provocada, desplazamiento forzoso y restricción deliberada de la ayuda humanitaria, en conjunción con la acción militar de las fuerzas armadas israelíes. Las autoridades de Israel, además de continuar desoyendo flagrantemente los mandatos del TIJ, de nuevo han utilizado el argumento de que se trata de una «orden irrelevante de un tribunal antisemita» (palabras del Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir), o, en la misma línea, que «el tratamiento discriminatorio a los judíos no es nuevo sino una larga historia de 2000 años de odio» (según declaró el Ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer).
Aunque el Estado de Israel acumula un amplio bagaje de desafueros y desobediencia a la legalidad internacional, nunca se había producido una acumulación en tan poco tiempo de pronunciamientos de la justicia internacional como los descritos (acordes a la gravedad de las circunstancias) y nunca habían sido tan groseras y brutales las críticas de los dirigentes israelíes a la CPI y al TIJ. Lo hacen escudándose en el antisemitismo que atribuyen sin tasa a todos los que se atrevan a criticar la forma en la que las autoridades de Israel se conducen en el conflicto o el tratamiento inhumano y el castigo colectivo a la población palestina. No han tenido reparos, incluso, en justificar la reacción militar desproporcionada en la Shoah y en el temor de Israel a las apelaciones a su destrucción. Emplean así las resonancias trágicas de la historia como argumento para una acción militar que sobrepasa cualquier derecho de defensa y que convierte el territorio de Gaza en escenario del horror y en terreno inhabitable para mucho tiempo. Sostener una actuación despiadada contra el pueblo palestino en los episodios trágicos vividos por el pueblo judío, es una forma vil de instrumentalizar la memoria de las víctimas del Holocausto, utilizada por dirigentes políticos sin escrúpulos ni límites para justificar su propia perpetración de crímenes que, ironías del destino, fueron inicialmente definidos tras la II Guerra Mundial precisamente para tipificar la barbarie nazi contra los judíos y otras comunidades en Europa.
El legítimo derecho de Israel a pervivir como Estado y a defenderse de las agresiones en modo alguno ampara las actuaciones de las que somos testigos, como tampoco justifica la reocupación de Gaza o la perpetuación de la violenta ocupación en Cisjordania. Es pertinente imputar los actos criminales cometidos en Gaza a los dirigentes de Israel, y exigirles responsabilidades penales, empezando por aquellos frente a los que el Fiscal de la CPI dirige justificadamente su acción. Las palabras del fiscal británico Hartley Shawcross en el juicio de Núremberg (1946) les son perfectamente aplicables: «El Estado no es un ente abstracto (…) Sus derechos y deberes son los derechos y deberes de los hombres»; y sus acciones son las de los políticos, que «no deberían poder buscar inmunidad tras la personalidad intangible del Estado». En efecto, sobre los hombros del Gobierno de Israel cargan las más de 35.000 víctimas gazatíes, los ataques frente a escuelas, hospitales, lugares de reparto de alimento y centros de la UNRWA (la agencia de Naciones Unidas para la atención a la población palestina refugiada), o frente a periodistas y trabajadores humanitarios tomados por blanco, o las ejecuciones extrajudiciales y tortura de prisioneros, cuyas pruebas van desgranándose. Se añade a tales fechorías la utilización del hambre como arma de guerra, lo que trae de actualidad las palabras de los diarios de Hans Frank (Gobernador General de la Polonia ocupada en la II Guerra Mundial) utilizados como prueba de cargo en los juicios frente a los jerarcas nazis; pues, como nos recuerda Philippe Sands (Calle Este-Oeste) Frank escribió: «que condenemos a 1.200.000 judíos a morir de hambre debería ser sólo una anotación marginal». Una salvaje confesión íntima que no difiere tanto de la proclama, ésta de carácter público, que Yoav Gallant anunció el 9 de octubre de 2023: «he ordenado el sitio total de la Franja de Gaza. No habrá electricidad, comida ni combustible, todo será cortado. Luchamos contra animales humanos y actuamos de manera acorde». Palabras que destilan la inequívoca voluntad genocida del Ministro de Defensa y de su Gobierno extremista e incompatible con cualquier noción de paz.
La legitimación que buscan las autoridades de Israel en los acontecimientos históricos, le lleva a verse atrapado en las propias trampas dialécticas que los artífices del horror emplean. La persecución penal por la Fiscalía de la CPI de los crímenes de guerra y contra la humanidad, y la actuación del TIJ para la prevención y sanción del crimen de genocidio, son respuestas adecuadas que el sistema de Derecho Internacional provee para evitar la impunidad y denunciar estas atrocidades, que espantan a la conciencia global. Y, con ello, despertar a la comunidad internacional para poner fin, de una vez por todas, a esta insoportable sangría.