No, no se lo compro. Convertir en una verdad irrefutable que la aprobación de la ley de amnistía ha sido la responsable de la pérdida de la mayoría independentista en el parlamento de Cataluña es, además de un claro intento de publicitar el supuesto acierto del Ejecutivo, interpretar de forma interesada la voluntad de los electores catalanes.
No, no me creo que una norma que viola el principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos españoles y que favorece en exclusiva a una élite política haya sido refrendada, de forma activa o pasiva, por la mayoría de los votantes.
El Gobierno de España y medios de comunicación afines se esfuerzan en hacernos creer que las cesiones al separatismo han conducido a que Cataluña vuelva a la senda constitucional. Podríamos llegar a creerlo, incluso que esa era la única intención, si la continuidad de Pedro Sánchez en Moncloa no estuviera ligada al apoyo de ERC y Junts.
En el orden del día del Consejo de Ministros no aparecía el proyecto de ley de amnistía como forma de pacificar la vida política de Cataluña, sino como obligada condición para mantener las carteras ministeriales.
Y hoy, días después de los comicios del 12 de mayo, nada ha cambiado.
Es verdad que el PSC ha ganado las elecciones pero no es menos cierto que la futura gobernabilidad de Cataluña continúa en manos del independentismo. De ERC depende investir a Salvador Illa o provocar un bloqueo que aboque a la repetición electoral. Nada indica que los republicanos, duramente castigados en estos comicios e inmersos en una crisis interna, regalen su apoyo a los socialistas. Tras perder el gobierno y el liderazgo del independentismo frente a Junts, ERC tiene en la futura negociación con Illa la oportunidad de demostrar su compromiso secesionista. Arrancar a los socialistas el apoyo a un futuro referéndum sobre la autodeterminación —vinculante o no— mantendría vivo, incluso impulsaría, el procés.
Lo relatado podría ser el mejor de los escenarios para Salvador Illa pero no podemos olvidar a Carles Puigdemont. El fugado expresident no renuncia a optar a la investidura y ha amenazado al Gobierno de España con retirar el apoyo de Junts y, con ello, abocar la legislatura a un prematuro final.
Para los socialistas, gobernar Cataluña y evitar convocar elecciones generales antes de final de año, puede tornarse imposible.
En las próximas semanas comprobaremos si Pedro Sánchez es capaz de sacrificar a su victorioso candidato en Cataluña, imponiendo al PSC que apoye la investidura de Puigdemont y, con ello, la formación de un gobierno independentista al que ERC se vería arrastrado, si no a formar parte, a apoyar. Drástica medida dirigida a mantener el apoyo de los diputados de Junts en la madrileña Carrera de San Jerónimo. ¿Govern o elecciones generales?
La complicada situación contradice esa artificial realidad que motiva estos párrafos. No sólo la ley de amnistía no ha cambiado nada, si no que hoy —como antes de las citadas votaciones autonómicas— la llave de la gobernabilidad de Cataluña y España se encuentra en manos de quienes han demostrado, sin arrepentimiento posterior alguno, ser capaces de arremeter contra el Estado de Derecho.
De un lado no parece que el chantaje vaya a cesar, esperamos expectantes ver si del otro continúan las cesiones.