Ha sido una conquista importante, sin duda. Y se ha logrado a través del diálogo social. Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores y el Ministerio de Trabajo hemos alcanzado un acuerdo para la reforma de las prestaciones asistenciales por desempleo (para garantizar que todas las personas desempleadas mejoran su nivel de protección social), que también va a incidir positivamente en la empleabilidad de las personas en paro y ayudar a conseguir el pleno empleo.
Las medidas beneficiarán especialmente a los colectivos más precarizados y con una altísima presencia de mujeres: personas con contrato a tiempo parcial y desempleadas de larga duración, jóvenes y menores de 45 años sin cargas familiares, mujeres que han sufrido violencia de género o sexual, emigrantes retornados…
En Asturias, según los últimos datos disponibles, de las 31.983 personas en paro que reciben prestaciones por desempleo, más de la mitad (el 52%) perciben las asistenciales, de 480 euros al mes, una cuantía a todas luces insuficiente para poder garantizar una vida mínimamente digna.
Por eso cabe destacar, entre otros avances, el incremento de la cuantía del subsidio en los 12 primeros meses de percepción: 570 euros al mes durante los seis primeros y 540 durante los seis posteriores. El resto de la duración de la prestación mantiene la cuantía actualmente en vigor y que se corresponde con el 80% del IPREM: 480 euros. Esta medida mejorará la protección social de la totalidad de personas beneficiarias de subsidios por desempleo (un millón de personas en nuestro país).
Otra mejora relevante se refiere a la supresión de la parcialidad en la cuantía del subsidio, de manera que se elimina la medida impuesta en la reforma laboral del Partido Popular que reducía el importe de los subsidios proporcionalmente al porcentaje de jornada del último contrato de trabajo, mientras que ahora se garantiza la cuantía completa del subsidio a todas las personas desempleadas, con independencia de su tipo de contrato. Esta medida beneficiará a 2,9 millones de personas trabajadoras que tienen un contrato a tiempo parcial (EPA, cuatro trimestre de 2023) en nuestro país, el 74% mujeres. En Asturias habría entonces 40.800 mujeres y 14.600 hombres trabajando con contrato a tiempo parcial.
Merece también una atención destacada la extensión de la cobertura de los subsidios para menores de 45 años sin cargas familiares que agotan prestación contributiva, y que antes estaban excluidos. La estadística del SEPE no permite determinar (de 488.000 personas menores de 45 años en nuestro país que tienen prestación contributiva por desempleo) quienes tienen o no cargas familiares, pero con el acuerdo todas ellas tendrán reconocido el acceso a los subsidios en mejores condiciones. (En este punto, nuestro sindicato mantiene la reivindicación de que se pueda acceder al subsidio a partir de los 12 meses cotizados, en vez de los 36 que se exigen ahora).
En última instancia, todo el conjunto de medidas aprobadas van a facilitar realmente el acceso al subsidio de muchas personas en nuestro país y mejorar sensiblemente las prestaciones y la cuantía de esos subsidios.
Un ejemplo más. Hasta ahora, para acceder a los subsidios era necesario que las personas beneficiarias cumplieran un doble requisito: acreditar que sus ingresos personales se encontraban por debajo del nivel de renta exigido y, además, acreditar que también el conjunto de los miembros de su unidad familiar cumplía este requisito. Ahora, se establece el derecho a acceder a los subsidios cumpliendo solo uno de ellos. También es relevante subrayar la supresión del mes de espera para acceder al subsidio.
Los avances son innegables. Aun así, el acuerdo alcanzado ahora debe completarse, al menos, con dos medidas igualmente importantes. Por un lado, la revalorización del IPREM, índice de referencia que se utiliza para establecer las cuantías de los subsidios de desempleo y que acumula una pérdida de poder de compra que rozaría el 17% en 2024. Y, por otro lado, hay que seguir avanzando en la eliminación de los vacíos de cobertura en la protección por desempleo que aún subsisten. Para abordar esta cuestión resultaría especialmente útil retomar la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular promovida en 2017 por CCOO y UGT, que contó con el aval de 700.000 firmas y que continúa pendiente de culminarse.
Para terminar, es importante señalar que, para favorecer la vuelta al empleo de los colectivos que presentan mayores dificultades, se incluyen algunas medidas dirigidas a mejorar la empleabilidad de las personas: destinar 633 millones a políticas activas para mayores de 52 años; acordar una estrategia global para personas en paro de larga duración; y la elaboración de perfiles individualizados para personas mayores de 45 años que reciban el subsidio.
Y un último apunte, fundamental. Ya era una exigencia previa a la reforma, pero ahora se hace todavía más apremiante: la necesidad de incrementar las plantillas y los recursos técnicos de los servicios públicos de empleo para poder gestionar debidamente las prestaciones por desempleo y ejecutar las políticas activas de empleo previstas. Es imprescindible para seguir dando pasos. Para que los pasos sean firmes.