En los procedimientos tramitados ante los juzgados de familia, en ocasiones al juez no le queda más remedio que recurrir a un informe psicosocial del Imelga (Instituto Médico Legal de Galicia), elaborado por un psicólogo y un trabajador social adscrito al referido juzgado, para que, tras la oportuna evaluación de la unidad familiar, se dictamine acerca de qué progenitor es más apto para ejercer la custodia de los menores o, en su caso, la custodia compartida. Este informe, pese a no ser vinculante, suele ser un peritaje fidedigno para el juzgador y para el ministerio fiscal que actúa en defensa del interés del menor.
¿Cuál es el único problema de estas psicosociales? El tiempo que tardan en llevarse a cabo, nunca menos de un año o año y medio, lo que motiva que a veces el magistrado de turno no las admita, pues caso de llevarse a cabo dilataría en exceso la resolución del litigio. Pocas veces estos informes dejan de ajustarse a la realidad. Son profesionales especializados en menores y en conflictos familiares y han llegado a convertirse en el mejor apoyo del juzgador a la hora de tomar una decisión.
Preocupa que estos equipos psicosociales se encuentren absolutamente colapsados por falta de medios materiales y humanos. Se me ocurre que, en vez de tanto gasto superfluo por parte de las administraciones competentes, se debería darles prioridad e invertir en aquello que realmente resulta necesario.