Hace unos días, Carles Puigdemont anunció, desde la francesa localidad de Elna, que se presentará a las próximas elecciones autonómicas de Cataluña.
Escuchando sus razones, asentadas en la «restitución de la presidencia ilegalmente destituida» y afirmando que «para que vuelva el president hay que votar al president», parece evidente que Puigdemont busca su propio «ja sóc aquí».
Ya saben, aquel célebre saludo que el 23 de octubre de 1977 Josep Tarradellas, a su vuelta de casi cuatro décadas de exilio, dirigió a las miles de personas concentradas en la plaza Sant Jaume. Sin duda, aquella fue una de las jornadas mas simbólicas de la Transición.
Pero no, nada tiene en común el retorno de Tarradellas con lo que pretende protagonizar Puigdemont, como nada tienen que ver las razones por las que uno y otro salieron de España y las condiciones de su estancia en el extranjero.
Tarradellas, miembro fundador de ERC, formó parte de varios gobiernos de la Generalitat durante la II República. Salió de España en 1939, cuando la contienda civil se decantó irreversiblemente del lado del bando sublevado. Don Josep se fue al exilio para salvar su vida y continuar luchando por la legitimidad de las instituciones catalanes, legalmente establecidas en el Estatuto de Autonomía de 1932 y en la Constitución republicana de 1931.
Puigdemont, militante de CIU, exalcalde de Gerona y aupado a la presidencia de la Generalitat en 2016 por la CUP —formación independentista y antisistema que vetó la investidura del entonces president, Artur Más—, promovió desde su cargo la celebración ilegal de un referéndum de independencia el 1 de octubre de 2017 y, veintiséis días después, una rocambolesca declaración unilateral de independencia. Con estas acciones, junto al resto de consejeros del gobierno que presidía, arremetió contra el Estado de Derecho, violando el Estatuto de Autonomía de 1979, reformado en 2006, y la Constitución de 1978. En respuesta a estas acciones, el Senado, a propuesta del Ejecutivo, aprobó aplicar el artículo 155 de la carta magna. La autonomía de Cataluña fue suspendida temporalmente y Puigdemont fue cesado de su cargo. Para evitar hacer frente a los delitos en los que presuntamente había incurrido, se fugó de España (dicen que una parte de su huida la hizo en el maletero de un automóvil).
En los primeros años del largo exilio, la vida de Josep Tarradellas corrió peligro. Durante la ocupación nazi de Francia fue detenido en varias ocasiones por la gestapo e internado en un campo de concentración. La mediación de la delegación mejicana ante el régimen de Vichi impidió que fuera deportado a España, donde con toda seguridad habría corrido la misma funesta suerte del president Companys. En 1954 fue elegido presidente de la Generalitat en el exilio, simbólico cargo que de forma austera desempeñó desde un viejo caserón en Saint Martin-Le-Beau, población del centro de Francia. Cuentan que el único lujo del que disponía era una gran biblioteca y un tocadiscos.
Prófugo de la justicia española, Puigdemont fijó su residencia en Waterloo, a treinta kilómetros de Bruselas. Desde una mansión de 550 m², por cuyo alquiler el entorno del ex president abona mensualmente cuatro mil cuatrocientos euros, ha podido concurrir a los comicios autonómicos de 2017 y 2021 y a las elecciones europeas de 2019. Como eurodiputado percibe un sueldo cercano a los ocho mil euros netos, al que se suman dietas diarias y una partida mensual para gastos operativos. Desde Waterloo, no sólo participa en la política comunitaria, sino que también dirige la actividad de su formación en las Cortes y en el Parlament. Allí ha negociado con el PSOE el respaldo de su partido a la investidura de Pedro Sánchez a cambio de la aprobación de una ley de amnistía de la que será el mayor beneficiado.
Josep Tarradellas no abandonó jamás la defensa de la legitimidad de las instituciones políticas abolidas en 1939. Sin embargo, ligó a esta causa la de una reconciliación entre españoles asentada en una nueva democracia. El 29 de septiembre de 1977, el rey Juan Carlos I, a propuesta del gobierno de Adolfo Suárez, firmó el decreto que restablecía la Generalitat de Catalunya. El 17 de octubre del mismo año, el Consejo de Ministros nombró a Tarradellas president provisional de la Generalitat. Con el discurso de aquel 23 de octubre de 1977 comenzó la labor, desde la presidencia de un gobierno de unidad preautonómico, en favor del progreso de Cataluña como parte de España. Aprobado el Estatuto de Autonomía en 1979, y tras la celebración de las primeras elecciones autonómicas, abandonó toda responsabilidad política.
Reconocido, por partidarios y adversarios, su compromiso con la democracia falleció en Barcelona en 1984.
No sólo no ha mostrado arrepentimiento alguno por los acontecimientos de octubre de 2017. Carles Puigdemont insiste en que, si logra volver a la presidencia de la Generalitat, volverá a poner en marcha un proceso de desconexión entre Cataluña y el resto de España. Afirma que, al igual que el gobierno de Sánchez que abominaba de una ley de amnistía que tildaba de inconstitucional acabó cediendo e impulsando su aprobación, lo próximo será un referéndum de autodeterminación pactado. Puigdemont quiere volver a España para dividir y tensionar a la sociedad catalana, consciente de que violar la legalidad vigente le ha salido gratis.
No, Puigdemont no es Tarradellas. Y, como vemos, no solo el elegante porte de don Josep los diferencia. En nada se parece aquel que a todo antepone la convivencia en paz de sus compatriotas, con quién hace de la exclusión, el enfrentamiento y el chantaje su única propuesta.