Las resoluciones judiciales se dictan para ser acatadas, pero no por ello tiene uno que estar de acuerdo con ellas. Viene esto a cuento por la excarcelación provisional del futbolista Dani Alves bajo fianza de un millón de euros, mientras se resuelven los recursos a la sentencia que le condenó a cuatro años y medio de prisión por violar a una muchacha en una discoteca de Barcelona.
Pese a que la Fiscalía y la acusación particular se opusieron a su puesta en libertad, la Audiencia dictó un auto ordenando su excarcelación con ciertas condiciones (fianza, entrega de pasaportes y comparecencia semanal ante el tribunal). ¿No reparan en cierto agravio comparativo con respecto al resto de individuos condenados por violación y que todos los especialistas se hartan de decir que son reincidentes en un porcentaje aterrador? En mi opinión ese agravio es de libro. ¿A quién, sino a gente como Alves, se le puede poner una fianza de tal magnitud y que la pague? Desgraciadamente eso es tanto como asumir que hay una justicia para ricos y otra para el resto.
No entro a analizar si la sentencia que se le impuso en primera instancia fue o no ajustada a derecho. Quienes mejor conocieron los hechos fueron los encargados de juzgar su caso. Ahora bien. Una vez condenado, su causa tiene que seguir los cauces habituales. No nos olvidemos del artículo 14 de la Constitución, que recoge que todos los españoles somos iguales ante la ley sin distinción que valga. Al final no nos queda otra que darle la razón a Quevedo cuando dejó escrito que existía un noble y caballero rico, al que se llama don Dinero.