Cuando 5.500 jueces, fiscales, abogados del Estado, inspectores de Hacienda y de Trabajo, letrados de la Administración de Justicia y demás miembros de los más cualificados cuerpos jurídicos de la Administración del Estado, así como la mayoría de juristas de reconocido prestigio de este país, consideran que la ley de amnistía sienta un precedente «inaceptable», al perdonar delitos de corrupción, de terrorismo o contra la dignidad humana, significa que el presidente Sánchez y sus socios deben darle una vuelta. Todos sabemos que saldrá adelante, dado que es la única forma de evitar que el Gobierno salte en mil pedazos y que Sánchez tenga que abandonar el palacio de la Moncloa.
En contra de la opinión de la gente que más Derecho sabe en España, se hace una ley para exonerar de responsabilidades a delincuentes que han cometido varios de los ilícitos penales sancionados con penas más elevadas en el Código Penal, mientras que el «robagallinas» de turno que, en ocasiones ha delinquido para poder dar de comer a sus hijos, tiene que cumplir su pena íntegramente, beneficios penitenciarios aparte.
A mí que me lo expliquen.