La frase la ha pronunciado este fin de semana un presidente socialista, el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que se ha convertido en la oposición en activo dentro del PSOE. La aprobación en comisión de la ley de amnistía deja «a la Constitución de rodillas», dijo en una entrevista a El Mundo. No es para menos. Felipe González, expresidente del PSOE, insiste en si era necesario ceder tanto por siete votos. Y propone como lógica salida a esta situación de bloqueo la celebración de unas nuevas elecciones: «Y salir a ganarlas, como hacemos siempre los socialistas». Pero desconfiemos de los augurios de crisis terminales del sanchismo. No coinciden ninguna de estas dos propuestas con la hoja de ruta del presidente Pedro Sánchez. Fue aprobar en comisión la ley y lanzarse a asegurar desde Chile que la legislatura durará cuatro años, una de sus afirmaciones favoritas. En entrevista con La Voz, le añadió el latiguillo de que esos cuatro años se les van a hacer muy largos al Partido Popular, especialmente al señor Feijoo, que nota las largas sombras de Isabel Díaz Ayuso y de Moreno Bonilla. El presidente andaluz, que ya demostró su capacidad de absorción del voto de Vox en Andalucía, a pesar de su perfil centrista, es un tapado muy peligroso para Feijoo, aunque la declaración de los barones del PP este fin de semana se haya firmado en Córdoba, su tierra.
El editorial que publicó La Voz el viernes no pudo ser más claro, al citar los problemas a los que se enfrenta el empeño de Sánchez de liderar una legislatura larga: la ley de amnistía, el pago a los catalanes para sacar adelante los Presupuestos y la desafección que está provocando la trama de corrupción a la que estamos asistiendo. No tardó nada el presidente catalán, Aragonès, en aparecer públicamente para recordar que, tras la ley de amnistía, el secesionismo catalán exige un concierto económico tras lograr el perdón. Incluso llegó a cifrar el primer pago de esa financiación singular para Cataluña, como si hubiese autonomías de primera, segunda y tercera categoría. Este será el planteamiento que Aragonès llevará a la mesa de diálogo con el Gobierno, que debería reunirse antes de Semana Santa, según la Administración catalana. El Gobierno catalán calcula el déficit fiscal entre Cataluña y el resto de España en 22.000 millones anuales, cerca del 10 % del PIB catalán, según los teletipos. El Ejecutivo central siempre ha negado esta cifra. ¿La seguirá negando? Es evidente que los independentistas tienen calculados hasta los decimales y los pasos a dar. Tras la fractura de una ley de amnistía en la que no hay asomo de arrepentimiento, llega la factura de ese mítico estribillo de «España nos roba».
Así es que el editorial de La Voz, bajo el título de Ataque al Estado de derecho, terminaba fijando negro sobre blanco el día de la aprobación en comisión que, «por tanto, el proyecto que hoy arranca no es una ley generosa, sino cautiva; no resuelve un problema, sino que lo aumenta; no pone la legalidad al servicio de todos, sino de unos pocos; y no da altura nacional e internacional a España, sino que la empequeñece. Para un Estado de derecho, esto es un fracaso. Y nuestra democracia exige más».