Algún día se sabrá la verdad. La frase, lapidaria, amenazante, pronunciada desde Bruselas reverberó como un eco entre las paredes de La Moncloa, del Congreso, de las cocinas donde se cuecen las decisiones políticas y jurídicas, pero con mayor virulencia retumbó en Génova 13. El sexo, que no el amor, el dinero y el miedo movilizan más que la voluntad y la conciencia y a menudo impulsan conductas que acaban en decepciones o errores. El miedo a la verdad afloja las piernas de los mentirosos. Lo aprendió esta semana Alberto Núñez Feijoo con una herida que sangra por el tiro en el pie que se ha pegado.
Parece un tópico pero no lo es. España es diferente. Un país, o muchos quien sabe, con tantas historias oficiales como historiadores o comunidades autónomas, en las que todas irremediablemente están viciadas, no ya de verdades a medias o medias verdades que no son lo mismo sino de verdades ocultas, silenciadas a conveniencia, que ni llegan a la categoría sublime de las mentiras piadosas porque sencillamente son una estafa a la ciudadanía y por tanto un fraude a eso que se da en llamar democracia.
Tradicionalmente la izquierda, en su espíritu gramsciano, ha valorado durante décadas el carácter revolucionario de la verdad, pero eso también ha cambiado. El análisis, la crítica, la autocrítica, el debate sosegado, profundo, fundamentado, riguroso, han quedado sepultados bajo los escombros de una cultura reducida a la síntesis impuesta por la dictadura de las redes sociales. Hoy se pueden contar con los dedos de una mano los dirigentes que dicen la verdad a pecho descubierto y muchos de esa izquierda con un pasado que reivindicó la verdad como arma de lucha y herramienta de cambio y progreso han caído en la trampa. Que algún día se sepa la verdad es la única esperanza.
En octubre de 2020, la entonces ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz declaró que el Gobierno, del que formaba parte, y la Xunta de Galicia estaban trabajando en la posibilidad de expropiar Alcoa, una empresa que «antes era pública» y que representaba el 30 por ciento del PIB de la provincia de Lugo. La planta de San Ciprián era la única de España que producía Aluminio, un metal estratégico con una demanda creciente en todo el mundo que la propia ministra consideró que era «el material del siglo XXI». Durante meses levantó la bandera de la continuidad de la factoría por su implantación en la que es su tierra, Galicia, por los puestos de trabajo y ante el riesgo de que fuera vendida a fondos buitre y le ocurriera lo mismo que a las de Avilés y A Coruña.
Un año después, el 4 de noviembre de 2021, El grupo parlamentario de Unidas Podemos registró la enmienda 12 al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para garantizar la compra de la empresa Aluminia Española SA por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por el valor de un euro. Alcoa, por su parte, estaba obligada a aportar 70 millones de euros como contribución para la continuidad de la producción, una cifra equivalente al coste de las indemnizaciones que la empresa tendría que pagar en indemnizaciones a más de dos mil trabajadores y otros gastos derivados del cierre.
En medios sindicales y políticos se daba por cerrada la operación, especialmente porque a pesar de la posición contraria de la parte socialista del Gobierno, tenía también el apoyo del Partido Popular y del BNG. Pero en solo 24 horas el proyecto naufragó. El 5 de noviembre el diputado Antón Gómez-Reino, retira la enmienda por orden de Yolanda Díaz.
La cronología exhibe una parte de la verdad pero deja huecos en el relato, como la grietas del tiempo de la literatura borgiana que forman parte de la realidad pero a la vez dificultan su comprensión. ¿Qué llevó a la ministra Díaz a cambiar de posición en sólo 24 horas? ¿Qué fenómeno natural o extra natural intervino en ese proceso? ¿Qué agentes políticos, económicos o de otro tipo participaron del cambio? ¿Qué fuerza impulsó el retroceso?
Algún día tendrá que saberse esta verdad, como la de tantas otras.
* (Artículo publicado en La Voz de Asturias).