El movimiento ecologista en Asturias defendió durante años la salud de la población frente a la gestión fácil de la bolsa negra: incinerarla. Para ello han tenido que acudir a demandas judiciales. Algunas organizaciones pretenden ponerse ahora medallas sobre estos logros al tiempo que miran para otro lado ante continuos incumplimientos.
En los últimos años se han producido cambios normativos en la gestión de los residuos que conllevan mayor ambición si bien, ya desde hace doce años (Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados) existía la obligación de que el papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables se destinaran a la preparación para la reutilización y el reciclado.
Desde entonces, esa obligación legal se ha ido soslayando de forma continua por nuestros gobiernos autonómicos, del PSOE, a veces con el apoyo de IU, de forma que no se ha llegado nunca a atender.
Bajo esa norma (Ley 22/2011) se elaboró el vigente PERPA (Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias) que recoge estas exigencias y marca la necesidad de poner en marcha nuevas líneas de recogida separada de residuos municipales así como la obligación de incrementar el rendimiento de los procesos existentes.
En la actualidad, desde hace 18 meses (BOE 09 abril 2022) disponemos de una nueva ley (Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular) más exigente que la anterior en cuanto al deber de conseguir objetivos en la gestión de los residuos. Aunque esta nueva ley se incumple, al igual que la anterior, ya que obliga a que:
- Las entidades locales establezcan la recogida separada de, al menos, “b) los biorresiduos de origen doméstico antes del 30 de junio de 2022 para las entidades locales con población de derecho superior a cinco mil habitantes, y antes del 31 de diciembre de 2023 para el resto.” No se ha cumplido.
- Entre los modelos de recogida de las fracciones destinadas a la reutilización y reciclaje se deben priorizar los modelos de recogida más eficientes, como el puerta a puerta o el uso de contenedores cerrados o inteligentes que garanticen ratios de recogida similares. Tampoco se está haciendo de forma habitual y experiencias como la de Oviedo no ofrecen el necesario control para garantizar que lo recogido se atenga a los porcentajes que la propia ley establece.
- En el caso de los biorresiduos, el porcentaje máximo de impropios permitido será del 20% desde 2022 y del 15% desde 2027. La superación de dicho porcentaje tendrá el carácter de infracción administrativa y será sancionable por las comunidades autónomas de conformidad con lo previsto en el artículo 108. Las entidades locales deberán establecer mecanismos de control, mediante caracterizaciones periódicas, y reducción de impropios para cada flujo de recogida separada. No se está haciendo.
- Para 2035, el porcentaje de residuos municipales recogidos separadamente será como mínimo del 50 % en peso del total de residuos municipales generados. Todo parece indicar que con el ritmo actual no llegaremos a cumplir tampoco ese objetivo.
El «plan oficioso» parece que es seguir incumpliendo normativa porque también parece que incumplir es más barato que cumplir y que, además, no pasa nada si se incumple, siempre y cuando no haya denuncias por incumplimientos y siempre y cuando, hacerlo mal y perjudicar la salud de las personas, importe menos que trabajar e invertir en hacerlo bien.
Hace unos día leíamos en prensa que no tenemos incineradora en Asturias «gracias a la oposición de años del ecologismo y de IU» o que «si se construyó una planta clasificadora para hacer combustible sólido recuperado en COGERSA fue gracias a la oposición de IU a la incineradora que defendía el PSOE». Se nos hace difícil entender cómo se manifiestan semejantes afirmaciones cuando los hechos fueron claros y evidentes: no hay incineradora porque el ecologismo lo llevó a los tribunales y se ganó en sede judicial obligando, en la última sentencia favorable, a construir la planta de clasificación de basura bruta que se había aplazado inicialmente. «Como ponen de manifiesto las asociaciones recurrentes» decía la sentencia «la aprobación del Plan Estratégico de Residuos excluyendo del mismo la planta de clasificación de residuos, supone una modificación esencial del Plan publicado al dejar sin efecto una de las prioridades perseguidas para mejorar el medio ambiente como es el reciclaje y el tratamiento de los residuos domésticos, para someter todos los residuos de bolsa negra a la incineración para su destrucción al menos hasta el año 2018».
IU ha venido manteniendo durante los últimos diez años (aproximadamente) una política errática que ha estado girando para contentar a todos sin tener clara su propuesta, por ello, pese a que ha mantenido durante años el discurso de no estar a favor de la incineración, pasó a plantear crear una planta de higienización de residuos como alternativa a la incineradora que suscitó el rechazo generalizado del ecologismo y de COGERSA; ahora les parece bien quemar el CSR cuando, hace unos años, tanto Gaspar Llamazares como portavoz parlamentario como Ramón Arguelles, coordinador en aquel momento de IU, pedían al Ejecutivo regional que eliminase la opción de la valorización energética, y pedían al gobierno explicaciones sobre el convenio con HUNOSA, presentando alegaciones y también una Proposición no de Ley ante el parlamento regional, para que el Gobierno del Principado eliminara del actual Plan Estratégico de Residuos, la posibilidad de la valorización energética; es decir, la quema de parte de las basuras transformadas en combustible sólido recuperado, para crear energía.
Lo que debemos hacer es, principalmente, cumplir las normas (que no lo estamos haciendo) y nuestros dirigentes y autoridades (no la ciudadanía) debe esforzarse por dar la mejor solución posible a la gestión de los residuos atendiendo a la salud de las personas que tampoco es lo que están haciendo. Debemos insistir en que nuestra bolsa negra, tiene un porcentaje muy alto de materias que, sí pueden ser recicladas, reutilizadas y, por tanto, no existe justificación alguna para que con ellas se haga CSR y se queme o “valorice” generando con ello emisiones (dioxinas, furanos, etc.) al aire que respiramos.