El Supremo y el empujón energético
OPINIÓN
La revocación judicial del Tribunal Supremo, recientemente conocida, permite la continuidad del proyecto Corme G-3, lo que implica la generación de energía renovable y contribuye a la diversificación de la matriz energética en Galicia. La reactivación de este parque eólico implica inversiones significativas y la creación de empleo en la fase de construcción y operación, beneficiando la economía local.
Esta sentencia puede servir como referencia para otros parques eólicos en Galicia, sugiriendo una posible revisión de anulaciones similares. La decisión del TS puede tener un efecto precedente en la tramitación de proyectos eólicos en la región.
Galicia fue durante muchos años una potencia eólica, por su alto recurso y su industria, situándose en el podio nacional de producción de esta energía renovable.
Hemos perdido puestos en el escalafón encontrándonos en el año 2022 en cuarto lugar en capacidad eólica instalada y en sexto en renovables (informe del CES), teniendo por delante a las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura.
Este retroceso —marcado por años en los que no se ha levantada prácticamente ni un parque eólico en la comunidad—, por mucho que algunos se empeñen en hablar de expolio e invasión eólica, se ha visto agravado con la paralización derivada de las últimas decisiones del TSXG, que ha aplicado medidas cautelares o anulaciones, paralizando diferentes parques eólicos.
Esta situación ha generado una importante inseguridad jurídica, incertidumbre y mucha preocupación en el sector.
El compromiso decidido del Gobierno gallego con la eólica ha supuesto que en el último año se haya autorizado la construcción de más de 2.000 MW, lo que no solo volvería a colocar a Galicia en el lugar que le corresponde como generadora de energía limpia, sino que contribuiría decididamente a la mejora de la competitividad de muchas e importantes industrias de la comunidad, además de una destacada creación de empleo con una cifra de casi 8.000 en la construcción y mantenimiento de esas instalaciones renovables (si calculamos que por cada MW se crean entre 3,7 y 3,9 empleos).
Los encargos, pedidos y perspectivas que tienen las empresas prevén inversiones millonarias, que generarán una riqueza y una creación de puestos de trabajo significativa. Solo en la eólica terrestre se estiman en alrededor de 2.500 millones de euros la inversión en el próximo quinquenio.
Desde la Confederación de Empresarios de Galicia también alertamos, en su momento, de las pérdidas millonarias y del perjuicio, no solo para las empresas del sector energético, sino para todo el conjunto del sector industrial gallego, que se podría ver afectado por la revisión de las autorizaciones en sede judicial.
Varios proyectos eólicos han sido objeto de denuncias y recursos legales, lo que ha implicado costes económicos y ha generado incertidumbre e inseguridad jurídica para las empresas involucradas y para todo el tejido industrial de Galicia afectado.
Sin duda, es una buena noticia, porque la sentencia del Tribunal Supremo puede indicar un respaldo a la tramitación ambiental y autorizaciones otorgadas. Y a nivel empresarial tendrá un impacto también muy positivo, puesto que la revocación abre la puerta a la reactivación del parque eólico. La empresa EDP Renovables, promotora del proyecto, y otras empresas del sector podrían beneficiarse, contribuyendo al impulso de la industria eólica en nuestra comunidad autónoma.