Quizá no estemos atendiendo con la urgencia que requiere a una realidad tan cercana como dolorosa: la pobreza.
Debería estar constitucionalmente prohibido en pleno siglo XXI, es un Estado social y de derecho, que hubiera personas que pasan necesidades extremas, angustiadas ante la incertidumbre de si podrán pagar el alquiler o la hipoteca, si tendrán ingresos para alimentarse debidamente, si podrán acudir al dentista. Debería estar prohibida la pobreza en una sociedad que tiene medios para impedirla.
El primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU es precisamente poner fin a la pobreza en todas sus formas. En el mundo hay más de 700 millones de personas, el 10% de la población, que vive en situación de extrema pobreza, con dificultades para satisfacer las necesidades más básicas, como la salud, la educación o el acceso al agua y el saneamiento.
Las estadísticas nos ayudan a entender, también aquí, el alcance y la dimensión del problema. Tal como recoge el «Seguimiento de la pobreza en Asturias», informe elaborado por CCOO coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, partiendo de la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en 2022 el 25,3% de la población asturiana estaba en riesgo de pobreza o exclusión social.
Aunque desciende por segundo año consecutivo, y se sitúa por debajo de la media española (26,0%), Asturias es la comunidad autónoma con peor evolución de este indicador desde 2015: la proporción de población en riesgo de pobreza o exclusión ha aumentado 2,8 puntos en nuestra región, frente a un descenso medio de 2,7.
La reducción de la tasa en el último año obedece a la mejoría de los tres factores que se toman en consideración: tener ingresos bajos, vivir en un hogar sin empleo o con baja intensidad en el empleo, o padecer carencia material y social severa.
En todo caso, la causa más frecuente de pobreza y exclusión social sigue siendo el hecho de tener unos ingresos bajos. En 2022 el 20,1% de la población asturiana y el 20,4% de la española se encontraban en riesgo de pobreza por esta situación. La proporción desciende por segundo año consecutivo en Asturias, pero se mantiene por encima de ejercicios anteriores, mientras que en España desciende a su nivel más bajo desde 2009. De hecho, en Asturias la proporción de población en riesgo de pobreza por ingresos bajos ha aumentado 3,4 puntos desde 2015 y 6,9 desde 2008, siendo la nuestra la comunidad autónoma con peor evolución de este indicador.
Vivir en un hogar sin empleo o con baja intensidad en el empleo es la segunda causa más frecuente de pobreza y exclusión social: en 2022 el 12,7% de la población asturiana se encontraba en esta situación, una proporción que también desciende por segundo año consecutivo. Ésta es, además, la única causa de pobreza o exclusión en la que Asturias supera la media estatal (8,7%); solo es mayor en Canarias.
Finalmente, en 2022 un 4,4% de la población asturiana padecía carencia material y social severa, un porcentaje que desciende y se mantiene por debajo de la media (7,7%).
Para entender bien de qué estamos hablando, padecen carencia material y social severa las personas que se encuentran en, al menos, siete de trece situaciones, a nivel de hogar (no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año; no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; no puede permitirse mantener la vivienda en una temperatura adecuada; no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos; ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal; no puede permitirse disponer de un automóvil; no puede sustituir muebles estropeados o viejos), o siete a nivel personal (no puede permitirse sustituir ropa estropeada por otra nueva; no puede permitirse tener dos pares de zapatos en buenas condiciones; no puede permitirse reunirse con amigos o familia para comer o tomar algo al menos una vez al mes; no puede permitirse participare regularmente en actividades de ocio; no puede permitirse gastar una pequeña cantidad de dinero en sí misma; no puede permitirse conexión a internet).
Por otra parte, según los últimos datos del INE, en España (no se publican datos por comunidades autónomas), el 16,5% de las personas ocupadas estaban en riesgo de pobreza o exclusión social (así como el 55,7% de las personas en paro, el 17,4% de las jubiladas y el 37,6% de otras inactivas). Son datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2022, con datos de ingresos obtenidos en 2021. Es decir, para quienes trabajan, ni siquiera su empleo les garantiza una vida digna.
En este contexto, la protección social es imprescindible. Entre junio de 2020 y septiembre de 2023 el Ingreso Mínimo Vital, dirigido precisamente a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, alcanzaba a 18.350 hogares asturianos en los que viven 42.930 personas. En cuanto al Salario Social Básico, a finales de julio llegaba a 12.040 titulares, con una cifra de personas beneficiarias estimada en más de 20.000.
En los presupuestos para 2024 hemos reclamado elevar el salario social. La subida del 2,5% prevista nos parece insuficiente y nuestra propuesta es situar el módulo básico en 480 euros. Pese al traspaso de personas beneficiarias al IMV, el salario social va a seguir siendo necesario para atenuar las situaciones de vulnerabilidad de muchos hogares, y por eso se deben mejorar las cuantías, que son de las más bajas por comunidades autónomas.
Es una responsabilidad política, y de la sociedad en su conjunto, impedir que una sola persona quede desprotegida. Por eso estamos reivindicando, aparte de la creación de más y mejor empleo, blindar la inversión social y acabar con el laberinto burocrático que provoca listas de espera y retrasos en la concesión de ayudas que son de máxima emergencia.
Y todo ello siendo conscientes que la mejor política social es aquella política económica justa, que redistribuye la riqueza y permite a las personas tener un empleo de calidad con salarios suficientes, que permite contar con tributos progresivos (quien más tiene, más debe aportar) con los que garantizar servicios públicos de calidad para proteger a las personas que más lo necesitan.
Ese es nuestro compromiso, pelear por más derechos e igualdad con los pies en los centros de trabajo y en la cabeza siempre el anhelo de una sociedad más justa.
Comisiones Obreras de Asturias no dejará de luchar por ello.