Los resultados de las elecciones celebradas el 23 de julio de este año fueron auténticamente endiablados e hicieron verosímil que se repitiese una situación como la de 2015. Las izquierdas, incluidas las nacionalistas de ERC, BNG y Bildu, obtuvieron 11.821.858 votos, frente a 11.270.025 de las derechas (PP, Vox y UPN), pero estas sumaban 171 escaños frente a 166 de las primeras, más divididas y perjudicadas, como siempre, en las provincias poco pobladas del interior. El «centro», que podría inclinar la balanza hacia uno u otro lado y que en Europa suele ocupar algún partido más o menos democristiano, liberal o «verde», lo representan ahora en España tres fuerzas nacionalistas: PNV, CCa y… Junts. El PNV le hubiera bastado a Núñez Feijoo, que ya había logrado el apoyo de Coalición Canaria, pero no podía llevar con sus votos a Vox al gobierno. Fracasó, como era previsible, la investidura del líder del PP, la minoría más numerosa del Congreso, pero a Pedro Sánchez no le llegaban los 172 votos que, con PNV y CCa, podría obtener con facilidad, necesitaba los 7 de Junts para evitar la repetición de las elecciones.
El presidente del gobierno había aprendido de lo sucedido en 2019 y decidió que su nueva investidura no fracasaría por un exceso de rigidez en las negociaciones. Un posible acuerdo con Junts, el partido del presidente de la Generalitat que había proclamado la fugaz independencia en 2017 y continúa huido de la justicia, tendría siempre muchas aristas, pero había recibido el aval de Núñez Feijoo, que había intentado previamente un improbable acercamiento e incluso elogiado al dirigente prófugo. Lo que ha abierto la caja de los truenos ha sido que el pacto se centrase en la presentación por el PSOE en el Congreso de una proposición de ley sobre la amnistía a los encausados por el proceso independentista catalán.
Pedro Sánchez ha logrado la investidura, pero las enloquecidas discusiones (es difícil hablar de debate), las protestas y la crisis política van a durar muchos meses, es dudoso que se superen incluso si se aprueba la ley y recibe el beneplácito total o parcial del Tribunal Constitucional. Hasta entonces, eso sí, el gobierno tiene un seguro: Junts no provocará su caída mientras no culmine la tramitación de la ley y su examen por el TC, después ya se verá. En el sistema constitucional español, una moción de censura es ahora imposible, debería unir al PP, a Vox, a UPN y a algún partido de izquierda o nacionalista alternativo.
El actual gobierno solo caería si le resultase imposible aprobar los presupuestos y las medidas económicas que exigirá la UE. Ni Junts ni ninguna fuerza de izquierda forzará su caída antes de, al menos, un año, recuérdese que entre marzo y junio se celebrarán elecciones en el País Vasco y Galicia y al parlamento europeo, después llega el verano. Qué ocurrirá posteriormente es imprevisible. Con un Senado hostil, una situación económica compleja, medidas de ajuste que serán inevitablemente molestas y unos procesos electorales que pueden pasarle factura al PSOE y reajustar fuerzas entre los nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, solo cabe decir que el señor Sánchez no tendrá nada fácil mantener su precaria mayoría en el Congreso.
Pedro Sánchez se ha jugado mucho en este envite. El actual debate político tiene tres aspectos distintos que conviene deslindar: cómo se llegó al acuerdo entre el PSOE y Junts, la constitucionalidad de la amnistía y si aprobarla es una medida acertada. Suelen mezclarse, sobre todo desde la oposición y especialmente por Vox, que considera que todo lo que le disgusta es inconstitucional o ilegal y no escarmienta con el continuo fracaso de sus recursos y querellas. No se dan cuenta de que cuando los tribunales les indican que algo no es ilegal, o que está dentro de la Constitución, su oposición se desinfla.
Una de las pocas cosas inteligentes que dijo Alfonso Guerra estos días es que, aunque una ley sea constitucional, eso no indica que sea buena. El recurso de inconstitucionalidad debe usarse con rigor, cuando hay indicios serios, pero no a bulto. Si estamos en una democracia es porque dentro de la Constitución caben políticas y normas muy diferentes, unas serán mejores y otras peores, pero para modificarlas está el parlamento.
En el primero de los tres aspectos del debate político que antes mencionaba, es indudable que Pedro Sánchez y el PSOE han actuado con suma ligereza. Una cosa es reflexionar y cambiar de opinión y otra variarla en el plazo de solo unos días para conseguir unos votos y sin dar explicaciones o pedir excusas. La liviandad de las convicciones del señor Sánchez se ha convertido en algo paradigmático y es la causa principal de que su popularidad haya sido siempre relativamente baja, a pesar de la debilidad de sus adversarios, y de que no haya rentabilizado adecuadamente los indudables éxitos de su gobierno, como se demostró en las elecciones de mayo y de julio de este año, pero este caso es especialmente grave.
No se trata solo de que tres días antes de las elecciones afirmase con rotundidad ante las cámaras de televisión que con él al frente del gobierno no habría amnistía, o de que, con su desparpajo habitual, la ministra Montero dijese que era un infundio que se fuese a condonar la deuda catalana, tanto él como ministros y conspicuos juristas del PSOE habían sostenido que era inconstitucional. Cuando necesitaron los siete votos de Junts, no solo se olvidaron de lo que habían dicho sobre que no habría amnistía y quita de la deuda, lo que antes era anticonstitucional se convirtió, por arte de birlibirloque, en perfectamente constitucional. Es decir, que habían sostenido una cosa de forma frívola, sin estudiarla, o que frivolizan ahora, porque ni siquiera han tenido tiempo para realizar una auténtica reflexión jurídica.
La constitucionalidad de la amnistía es un debate para expertos en Derecho Constitucional, pero sí es importante destacar que una amnistía no es un indulto. La Constitución proscribe los indultos generales, solo permite los particulares, pero esa es una competencia del ejecutivo y, en cambio, la amnistía exige una ley aprobada por las Cortes. La Constitución no menciona las amnistías, pero eso no supone que las prohíba, tampoco lo hacía la de 1876, sobre la que luego volveré. Por otra parte, el TC puede sentenciar que las Cortes tienen la potestad de aprobar leyes de amnistía, como creo que hará, pero no necesariamente considerar constitucional todo el texto de la ley que se apruebe. En cualquier caso, todavía no existe más que una proposición, ni siquiera un proyecto de ley, habrá que conocer la redacción definitiva que salga de las cámaras para que se perfilen más las opiniones de los juristas.
Aunque la forma en que ha sido propuesta envenena el debate, la amnistía puede ser positiva. Se ha disparatado mucho sobre su significado, incluso por el señor Alfonso Guerra, que debería conocer, al menos, la historia de su partido. No solo ha habido amnistías destinadas a cerrar las heridas de guerras civiles, a consagrar cambios de régimen político o a reparar los crímenes de las tiranías, como sucedió con las aprobadas tras las muertes de Fernando VII y del general Franco. En 1918 y en 1936, por ejemplo, fueron amnistiados conspicuos líderes socialistas como Julián Besteiro y Francisco Largo Caballero. Los sucesos por los que habían sido condenados sí conllevaron verdadera violencia, incluidas numerosas muertes de civiles y de integrantes de las fuerzas del orden.
Ni en 1918 ni en 1936 hubo cambio de régimen, en el segundo caso lo había habido de mayoría parlamentaria, solo deseo de perdón y voluntad de reintegrar en la sociedad y en la vida política a quienes habían sido condenados por hechos delictivos con motivación precisamente política.
Me interesa especialmente la primera, aprobada por las Cortes y firmada, el 8 de mayo de 1918, por el rey Alfonso XIII y el presidente del gobierno, Antonio Maura y Montaner. No hace falta saber mucha historia para conocer que ninguno de los dos era un peligroso socialcomunista, que no pretendían dar un golpe de estado, ¡menuda insensatez!, ni desautorizar a los tribunales o liquidar la separación de poderes, que tampoco cambiaron las leyes por las que habían sido condenados los organizadores e implicados en la huelga general revolucionaria de 1917, ni acabaron con el estado de derecho o establecieron una dictadura. Que esto haya sido así y que la Constitución de 1876, entonces vigente, no incluyese tampoco el término amnistía, no supone que la propuesta actual sea buena o mala, pero sí sirve para dejar al descubierto los disparates que, sin rubor alguno, se dicen y publican sobre las amnistías y sus consecuencias.
Las amnistías son excepcionales, por eso necesitan leyes específicas, pero pueden ser necesarias para curar heridas tras una grave crisis social o política. Sería un error que el TC les cerrase el paso y no creo que lo haga. En cuanto a esta, es lógico que haya una parte de la sociedad que considere que los independentistas infringieron las leyes y deben sufrir un castigo, pero también son muchas las opiniones de juristas y de ciudadanos que sostienen que los delitos y penas atribuidos fueron excesivos. Estas discrepancias son inevitables, pero no deben mezclarse con razonamientos absurdos.
La amnistía no pretende revisar los juicios concluidos ni la instrucción de los pendientes, sino otorgar un perdón que facilite la reintegración de unos políticos que representan a la mitad de la sociedad catalana y de varios centenares de funcionarios e implicados en incidentes de orden público. Con ello puede abrirse el camino al retorno a la normalidad política y a la convivencia. No se olvide que son bastantes los políticos que ya han cumplido años de cárcel o de extrañamiento. Puede ser oportuna o inoportuna, pero no es un ataque ni a los tribunales ni al Estado de derecho.
No puedo alargarme más, pero es imprescindible un comentario sobre la degradación de la controversia política. Hay motivos para criticar al gobierno y razones para discrepar de la amnistía sin necesidad de caer en la estupidez. No sé si los políticos y opinadores que sostienen que ha habido un golpe de estado, que España es una dictadura o que se encamina hacia ella, algunos veían soviets ya hace años, se creen lo que dicen, tiendo a pensar que entre ellos, aunque pueda haber algún alucinado, predomina el cinismo, el deseo de manipular a los ingenuos y de lograr con la tensión el cambio político que no consiguieron en las urnas. Me siento ofendido, como Antonio Muñoz Molina, porque, por mi edad, también sufrí la dictadura, aunque es cierto que no hay mal que por bien no venga, si el gobierno hoy no está en manos de las derechas es, en buena medida, gracias a Vox, a Ayuso y a la delirante tropa de columnistas y opinadores sin escrúpulos.
De todas formas, Pedro Sánchez no debería confiar demasiado en la lotería que le tocó con el nacimiento de Vox, a los electores no suele gustarles que les tomen el pelo y necesitan creer, al menos un poco, en lo que les dicen los políticos que les piden el voto. Hay, por otra parte, un último factor que va a incrementar el daño para el PSOE, su forma de hacer las cosas ha estimulado un nacionalismo español, de carácter transversal, despertado por el proceso catalán, con el que le va a costar mucho reconciliarse. Es difícil ganar unas elecciones generales sin apoyo en Cataluña, pero más todavía si se pierde en el resto de España.