He leído con detalle el texto de la ley y considero que recoge una buena fundamentación jurídica sobre su constitucionalidad. La búsqueda de la convivencia (palabra que aparece muy repetida), del interés general, la utilidad social, la igualdad y el diálogo para avanzar en la superación del conflicto son principios constitucionales que se remarcan y cuya aplicación se explica en esta ley orgánica que debatirá un Parlamento soberano.
La construcción de la ley en base a estos conceptos es clave para blindar la constitucionalidad de una amnistía generosa, que ofrece una justificación política discutible. Es evidente el giro que dio Pedro Sánchez tras la campaña electoral como precio para presidir el Gobierno. Sin embargo, echo en falta en la exposición de motivos un reproche explícito al uso de la vía unilateral de independencia y un relato que describa las graves decisiones ilegales.
Esperaba que el PSOE incluyera en sus acuerdos con Junts y ERC —como contrapartida— el desistimiento de la vía unilateral; un compromiso claro sobre su no repetición. Pero la ley, que realiza un canto al pactismo y a la reconciliación, se limita a señalar (página 5) que «todos los caminos deben transitar dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional».
Se trata de una ley singular y excepcional. Además de recurrible. Es lógico que, tras el ataque al Estado de derecho y la conmoción que produjo la declaración unilateral de independencia de Puigdemont, una amnistía suscite rechazo y dudas en la sociedad. Por ello, con humildad y prudencia, el nuevo Gobierno tendrá que explicarla muy bien. En especial, tras «el acuerdo sobre desacuerdos» firmado en Bruselas con Junts, que incluyó un relato de la historia y de los hechos con concesiones indigestas.
Para quienes calificaron como golpe de Estado lo ocurrido en Cataluña en octubre del 2017, acusación que no compartieron los jueces, cualquier medida del Gobierno les parecerá que rompe España y una cesión a los secesionistas. Pero la derecha no propone soluciones; insiste en resucitar a ETA, alimenta la crispación en la calle acusando a Sánchez de dictador y de poner fin a la democracia, y niega la legitimidad al próximo Gobierno de izquierda.
En España, la democracia resiste condicionada por dos nacionalismos opuestos y excluyentes (el de Junts/ERC y el de PP & Vox) que se retroalimentan, como se ve en la investidura. En un escenario de confrontación era preciso defender el modelo federal como marco político y económico para la convivencia, la cooperación y una gobernanza compartida en la España plural. No ha sido así.
Apoyo con reservas la amnistía, tras exponer en el comité federal mi crítica a los errores de estrategia y a los ejes de negociación del PSOE en el proceso de investidura. Un apoyo en respuesta al discurso catastrofista del PP, al acoso contra el PSOE y a la amenaza de involución social. ¡Que la razón nos asista!
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