Más madera para la pira judicial
OPINIÓN
A veces, las palabras, repetidas en exceso, pueden perder su contenido original, volviéndose meros sonidos vacíos de significado. Desde hace muchos años se han ido tomando decisiones por el poder legislativo y ejecutivo que han ido socavando, poco a poco, la independencia judicial y nuestro Estado de derecho. Muchos son ya los ejemplos de la degradación institucional que estamos sufriendo. Baste citar tan solo unos pocos: personas que habían sido ministros de Justicia fueron sucesiva e inmediatamente nombradas, tras su cese y por el mismo Gobierno del que formaban parte, fiscal general del Estado y magistrado del Tribunal Constitucional; el Consejo General del Poder Judicial lleva casi cinco años en funciones porque los presidentes de Congreso y Senado no han tenido a bien convocar el pleno que habría de conducir a su renovación; se ha venido incansablemente inoculando, desde muy diversos frentes, el virus de la polarización política en las instituciones del Estado. Y ahora aparece entre bambalinas el anuncio de una proposición de ley de amnistía.
La Constitución española no contiene ninguna regla expresa sobre la amnistía, lo que no implica necesariamente que esté permitida. La ausencia de prohibición legal no equivale a que su hipotética aprobación esté automáticamente exenta de tachas de inconstitucionalidad. No escapa a los ojos de cualquier observador imparcial que una ley de amnistía en los términos que las informaciones periodísticas nos están ofreciendo quebraría los principios constitucionales de legalidad e igualdad, ya que excluye las consecuencias legales dimanantes de actos penalmente reprochables para algunas personas, y solo para ellas. Se violaría, además, el principio de separación de poderes, no solo permitiendo la impunidad de actos delictivos sino privando de su función a quien exclusivamente tiene encomendada esa función de la labor de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Todo ello socavaría profundamente los fundamentos de nuestro Estado de derecho y pondría en cuestión la obligación de todos los ciudadanos y poderes públicos de someterse a la Constitución y al ordenamiento jurídico en condiciones de igualdad, piensen lo que piensen, vengan de donde vengan.
Las alusiones a la convivencia democrática que vienen defendiendo estos días algunos juristas parten de un grosero error: no hay nada menos democrático ni menos progresista que privilegiar a unos pocos sacrificando nuestro Estado de derecho. Cuando se argumenta que la gente debe centrarse en sus problemas cotidianos, y que la amnistía no les afecta, es esencial ser honesto y recordar que sin un Estado de derecho sólido y un sistema democrático funcional la solución a sus problemas comunes se torna prácticamente imposible. El Estado de derecho y la democracia proporcionan el marco necesario para la protección de los derechos individuales, la justicia y la igualdad.
Cualquier tribunal de garantías constitucionales de cualquier país de la UE, en esta tesitura, obraría en consecuencia y remarcaría el uso espurio de esta forma de actuar. Cabría plantearse así qué mayor uso torticero del instrumento de la amnistía (que ciertamente pudo emerger como pacto social con refrendo democrático en otros tiempos) que aquel que se activa por quienes, sin dejar margen a interpretación alguna, afirmaban su inconstitucionalidad desde tiempo atrás y durante la reciente campaña electoral, y que, mágicamente, el día siguiente de las elecciones defienden su constitucionalidad para mantenerse en el poder por la necesidad de conseguir siete votos.
La fragilidad de nuestro sistema democrático es una realidad. Y esto no es una dicotomía entre conservadores y progresistas, por mucho que se utilice como arma arrojadiza. A veces el uso reiterado de las palabras grandilocuentes puede restar fuerza a su contenido, es cierto, pero en ocasiones como esta existe la obligación moral de utilizarlas y hablar sin tapujos.
Hay un riesgo real de que, una vez que se apruebe una ley de amnistía, tal y como parece proyectarse de los acuerdos que se estarían gestando para formar gobierno, nuestro Estado de derecho pueda verse quebrado. Contar con un marco legal acorde con la Constitución es una salvaguarda duradera que ofrece protección a la ciudadanía, y es crucial recordarlo cuando se ostenta el poder, porque, tarde o temprano, dejará de ostentarse.
Con independencia de la posición del Tribunal Constitucional, los términos avanzados sobre la amnistía afectarían de lleno al artículo 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la democracia, la igualdad y el Estado de derecho, entre otros). También se verían dañados los propios intereses financieros de la Unión Europea, donde se exige que la malversación de caudales públicos esté penada y perseguida sin excepciones. Y en esta tesitura, el desenlace de este crucial conflicto exigiría una respuesta europea, ya que es previsible que se eleven cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Llegados a este punto, es esencial que la ciudadanía se aleje de posturas polarizadas y abrace un enfoque más mesurado y reflexivo. En la actualidad, el Estado de derecho se encuentra en riesgo y requiere de la comprensión y participación activa de todos los ciudadanos para preservarlo. La polarización extrema puede socavar la estabilidad de un país y debilitar sus instituciones democráticas. Debemos volver a buscar puntos en común y fomentar un diálogo constructivo, y eso pasa, irremediablemente, por respetar los principios democráticos y constitucionales que rigen España y la UE. Las instituciones del Estado han de valorar con sumo cuidado el impacto a largo plazo de una medida como la amnistía, que pueda socavar la democracia y el Estado de derecho, ya que las repercusiones podrían ser profundas, duraderas y, tal vez, irreversibles.