La investidura avanza inexorablemente hacia la reelección de Pedro Sánchez en la Moncloa. Después de 101 días de paripé desde las elecciones del 23J y subidas y bajadas de tono, el socialista tiene a todos sus aliados donde quería: en el precipicio de la repetición electoral o en el voto a regañadientes al líder del PSOE bajo la amenaza de la llegada de la derecha —y la ultraderecha centralista— al poder.
Y todo ello, con el agravio que supone para el resto de los españoles. Ya no solo se amnistía a los golpistas del 1-O. También se perdonan todos los pecados —en este caso financieros— a los responsables del 9N, la consulta promovida por Artur Mas y sus adláteres para intentar surfear el descontento social de la crisis de hace una década a lomos del tigre del independentismo. La gracia le costó a Mas el embargo de su casa en la milla de oro de Barcelona. Y al resto de colaboradores necesarios una amenaza de multa de más de cinco millones de euros para compensar la malversación propiciada por sus hechos.
Todo ello se hace contra una mayoría de los españoles. Dice el PSOE que son 57 —de 350— los diputados que reclaman la medida de gracia a los golpistas catalanes, entre los que hay, conviene no olvidarlo, expertos en explosivos a los que se les incautaron más de cien kilos de bombas de Satán o descerebrados capaces de sabotear las líneas ferroviarias o las autopistas sin tener en cuenta las consecuencias para sus usuarios.
A esos demandantes del perdón incondicional, Sánchez, además, los va a premiar con una condonación millonaria de su deuda —unos 15.000 millones del Fondo de Liquidez Autonómica, mucho más que los 13.000 millones que, por ejemplo, tiene Galicia para su presupuesto anual—, amén de otro sinfín de prebendas, como la transferencia de la red de cercanías, que en más de media España no existe.
Si miramos los números, resulta que a favor de tamaño desfalco a las cuentas comunes suman apenas 4,5 millones de votos, sin contar a los socialistas. Pero Sánchez debe asumir todas esas exigencias, ignorando a más del 40 % de los votantes —y una buena parte de socialistas condenados al silencio para no ser señalados como fachas o traidores— a costa de los casi doce millones de personas que están en las antípodas de unas concesiones que atentan contra la igualdad de todos los españoles. A lo mejor, habría que revisar ese concepto de progresismo donde te va mejor si eres catalán o vasco que si eres de Teixeiro o Andújar.
Sánchez tiene su investidura en la mano. Le faltan un puñado de concesiones que, sin duda, llevará a cabo en los próximos días para conseguir la reelección que lleva prometiendo desde el 23J, a pesar de ser segunda fuerza y perder dos diputados. En el camino contará con el apoyo de socios prescindibles, como el BNG, que prefiere callar ante las prebendas que el PSOE da a Junts, Esquerra, el PNV o Bildu para no parecer lo que es: un voto irrelevante. Galicia seguirá sufriendo el castigo de las necesidades del PSOE pese a ir contra la mayoría y contra la igualdad entre españoles.