El amianto no es un problema del pasado. No se resolvió de un plumazo hace más de veinte años, después de que una directiva europea prohibiera la utilización, producción y comercialización de todas sus variedades y de los productos que lo contuvieran. El amianto sigue ahí.
Se calcula que en España todavía hay en torno a 200 millones de toneladas con este cancerígeno presente en edificios e infraestructuras de todo tipo: instalaciones industriales, centros sanitarios y educativos, túneles, viaductos… Una amenaza muy seria. Porque el amianto hace tiempo que trascendió el ámbito de la salud laboral (y no podemos olvidar los efectos dramáticos y presentes todavía en la actualidad sobre la clase trabajadora que estuvo expuesta a él) para convertirse en un problema de salud pública y medioambiental de primer orden. La Unión Europea se ha marcado como objetivo prioritario que a finales de 2032 el amianto se haya erradicado de todos los estados miembros.
En nuestro país, la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada en abril de 2022, establece en su disposición adicional decimocuarta que en el plazo de un año desde su entrada en vigor «los ayuntamientos elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, incluyendo un calendario que planifique su retirada». Y añade que tanto el censo como el calendario serán remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes. «Esa retirada priorizará las instalaciones y emplazamientos atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable».
No podemos seguir incumpliendo plazos y compromisos en un tema tan grave. Por eso, Comisiones Obreras va a solicitar una reunión con el director general de Vivienda, para que nos informe de cómo está el proceso en nuestra comunidad autónoma, cuánto se ha avanzado, y trasladarle las posiciones del sindicato. Nuestra organización ya hizo llegar hace tiempo al Gobierno del Principado de Asturias una propuesta que aúna la rehabilitación energética de viviendas e instalaciones y equipamientos públicos y privados con la retirada del amianto instalado.
Desde el sindicato también tenemos que lamentar el desprecio a las víctimas por parte del Gobierno central. Un año después de aprobarse la ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, sigue sin el desarrollo reglamentario, trámite necesario para su entrada en vigor y cuyo plazo máximo expiró el 17 de enero. Además, las cantidades propuestas en el proyecto de real decreto son tremendamente inferiores a las indemnizaciones que se vienen obteniendo por vía judicial y a las que se establecieron para otros colectivos.
¿Cómo es posible que el Gobierno incumpla los plazos de una ley aprobada por unanimidad en el Parlamento, que contemple indemnizaciones más de tres veces inferiores a las establecidas para otros colectivos en similares circunstancias, y que no esté prevista una exención fiscal? El Gobierno en funciones tiene el deber de aprobar el Reglamento del Fondo de Compensación sin más dilaciones, respetando el espíritu de la ley y sin convertir a las personas afectadas en víctimas de segunda categoría.
CCOO lleva décadas luchando contra el amianto. Reivindicamos en su día ante las instituciones la prohibición total de todas las variedades de esta sustancia cancerígena, trabajamos en las empresas para prevenir las exposiciones y acompañamos en los tribunales a las personas trabajadoras enfermas y a sus familias.
Una de las últimas muestras de nuestro compromiso fue la creación en 2021 de una web específica (asturiassinamianto.es), que incluye una sección de hemeroteca, ofrece un mapa con amianto instalado en la región, recoge testimonios y las principales sentencias en la que el sindicato se ha personado, y abre un apartado para denuncias.
En el proceso de erradicación del amianto y el digno resarcimiento de las víctimas pueden seguir contando con Comisiones Obreras.
Gerardo L. Argüelles es responsable de Acción Sindical y Salud Laboral de Comisiones Obreras de Asturias