Les confieso que huyo de esas crónicas románticas que narran la Transición como un período idílico. Los asesinatos perpetrados por el terrorismo de ETA, los GRAPO y la extrema derecha, los muertos ocasionados por la actuación desmedida de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante varias protestas en las calles y la impunidad, enmascarada tras la necesaria reconciliación, de criminales de la guerra civil, de uno y otro bando, y torturadores del régimen franquista, desgraciadamente contradicen cualquier versión dulce del paso de la dictadura a la democracia.
Pero no debemos refugiarnos en aquellos versos del poeta Gil de Biedma: «De todas las historias de la Historia la más triste sin duda es la de España, porque termina mal…».La Transición, pese a las enormes dificultades, acabó bien. La demostración de ese buen fin son los últimos cuarenta y ocho años de paz y prosperidad. Etapa sin precedentes en la siempre convulsa historia de España.
El guión seguido estas casi cinco décadas, redactado sobre generosas cesiones y vocación de proyecto común, es la Constitución de 1978. Nuestra ley de leyes no es un elemento sacro intocable. El propio texto explica cómo puede ser reformada. Es más, su vigencia en los años venideros dependerá de la aprobación de cambios necesarios. España no es la misma en esta tercera década del siglo XXI que en 1978. Pero esas reformas deberán ser realizadas con idéntico espíritu que en su redacción original. Acometidas desde el acuerdo mayoritario, inspiradas en el deseo de unir y ajenas a egoístas intereses particulares de individuos y territorios.
La intención de Pedro Sánchez de crear una mayoría parlamentaria que le permita continuar al frente del Ejecutivo, unida a las aspiraciones independentistas de fuerzas políticas catalanas, que ya han demostrado su disposición a vulnerar la legalidad para alcanzar sus objetivos, ponen hoy en riesgo a la Constitución y, por ende, al Estado social, democrático y de derecho en el que vivimos.
La aprobación de una ley de amnistía para los responsables de la intentona secesionista del 1 de octubre de 2017 es el ariete con el que derribar la Carta Magna del 78. La concesión de la amnistía supondría la negación de existencia de delito en las acciones de los líderes de la Generalitat el citado 1 de octubre. La intención del PSOE de Sánchez, con el entusiasta respaldo de Yolanda Díaz al frente de Sumar, pervierte el propio fin de una ley como la aprobada en 1977, lógica en el paso de un sistema autoritario a un régimen de libertades.
La justicia en España actúa conforme al ya citado Estado de Derecho y con la independencia que le confiere la separación de poderes. La iniciativa del Gobierno en funciones y de los independentistas vendría a afirmar que las sentencias judiciales dictadas contra los responsables del 1-O parten de la arbitrariedad, negando la mencionada separación de poderes. Una enmienda a la totalidad del régimen constitucional.
Es respetable que una fuerza política aspire a reformar el texto constitucional o, incluso, a sustituirlo. Como ya se ha mencionado, dentro de la legalidad, por vías democráticas y con el respaldo de mayorías ciudadanas, existen los medios para hacerlo.
Lo que no es permisible es que personales ambiciones y trasnochados nacionalismos, cada día con menor respaldo electoral, pongan en riesgo nuestra democracia.
El PSOE —sus militantes, líderes locales, regionales y autonómicos— debe aclarar si da por finalizado su histórico compromiso con el régimen constitucional de 1978.
Tan solo una peligrosa deriva autoritaria y la ya tomada decisión de vulnerar la legalidad vigente puede explicar que el Gobierno de España tilde de «golpistas» a aquellos que animen a sus compatriotas a defender de formar pacífica el sistema democrático en el que viven.
Si la Constitución, como algunos creemos, sigue siendo el gran proyecto común de convivencia entre españoles, será capaz de resistir. De todos nosotros depende.