No han hecho más que mentarla y ya se ha liado. Del clima de tensión y enfrentamiento en el que estamos instalados da idea el hecho de que cada mañana se produce un incendio. Uno tras otro, cuando aún el anterior no ha sido controlado. El último, el de la financiación autonómica. Cierto que es un asunto de gran calado, pero ni tan siquiera se puso en marcha y ya tenemos el patio revuelto.
Autonomías contra el Estado. Autonomías contra autonomías. Populares contra socialistas. Barones contra barones. E independentistas contra todos. Y esto, nada más conocerse el anuncio apaciguador de la ministra de Hacienda a los independentistas catalanes, de realizar una reforma urgente de la financiación, que corrija agravios y desequilibrios, para lograr el apoyo en la investidura de Pedro Sánchez.
El asunto no es cuestión menor. El actual reparto desigual lleva casi diez años aguardando por una reforma que acabe con las disparidades. Y que ponga fin a situaciones que resultan injustificables. Como que Cataluña, que es la que más deuda tiene con el Estado, con 71.852 millones, sea la tercera en aportaciones y la novena en recursos recibidos, o que Madrid sea la que más tributa y la décima en capital recibido.
Pero como España es un país plurinacional, y acaban de recordárnoslo los últimos resultados electorales, las necesidades y ansias de cada uno de sus territorios resultan muy alejadas. Y tan pronto se abre el mercadillo de las ofertas del reparto de 111.000 millones de euros a cuenta de los Presupuestos Generales, todos acuden en busca de un botín que mejore su situación. En la batalla no hay socios ni amigos. Todos contra todos. Los barones, igual populares que socialistas, mantienen entre ellos posiciones diferentes sobre el reparto o la condonación de las deudas. Y se parapetan tras los argumentos que benefician más a su comunidad para plantear las exigencias.
Por eso, en esta cuestión el papel del Gobierno resulta primordial. La actualización del sistema no puede hacerse con prisas, bajo presiones, o condiciones. Lo ideal, dicen los especialistas, sería un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que en estos tiempos resulta ser tan real como que mañana no se haga la noche.
Hay que plantearse la reforma con rigor. Alejada de peleas partidistas y de exigencias independentistas. En este mercadillo no valen los engaños. No pueden tratar de colocarnos una sudadera de adimas o fuma como si fuese original. Porque del resultado final depende nuestro futuro; nuestro bienestar y nuestro desarrollo económico y social. El mercadillo, al que acuden raudas las autonomías, ha de ofrecer rigor y transparencia. Claridad de criterios. Y equidad. Que no es mucho pedir.
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