Pido al lector que me acompañe en un ejercicio cuyo objetivo parece hoy a la vez necesario e imposible, por decirlo con el título de un libro de uno de nuestros más destacados pensadores. Se trata de preparar el camino para conseguir un Gobierno de coalición de los dos grandes partidos, PP y PSOE. Convendría empezar explicando por qué hoy resulta inconcebible entre nosotros ese tipo de Gobierno, que en Alemania, por ejemplo, se ha formado cuatro veces en el último medio siglo largo, dando lugar a una de las pocas expresiones alemanas que pasan al lenguaje común: la grosse Koalition entre democristianos y socialdemócratas.
Un poco de historia constitucional española resulta imprescindible. A mediados de la década de 1990, cuando PSOE y PP necesitaron completar sus exiguas mayorías parlamentarias, acudieron principalmente al nacionalismo catalán moderado, que entonces contaba con un amplio grupo en el Congreso de los Diputados (Convergència i Unió). Aquella fórmula pudo tener aspectos discutibles, pero presentaba dos importantes ventajas: facilitaba la participación en el Gobierno de España de una minoría importante y entonces leal a la Constitución; y, sobre todo, no perturbaba el consenso de los dos grandes partidos en materia autonómica.
Todo ello cambió cuando en diciembre del 2003 el PSC-PSOE suscribió con Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida y con Esquerra Republicana el llamado pacto del Tinell, mediante el cual, y entre otras cosas, los partidos firmantes «se comprometen a impedir la presencia del PP en el Gobierno del Estado y renuncian a establecer pactos de Gobierno y pactos parlamentarios estables en las cámaras estatales». El pacto del Tinell tuvo dos consecuencias: la ruptura del consenso autonómico, forjado en la Constitución de 1978 y renovado en los pactos de 1981 y 1992; y, de modo más general, la rotura de puentes institucionales con el PP, con la renuncia a todo pacto estable, y, en particular, de todo pacto de Gobierno. Cualquier grosse Koalition quedaba así expresamente excluida.
El pacto del Tinell pudo haberse quedado en una maniobra anecdótica y transitoria, pero desgraciadamente no fue así. Tenía razón Feijoo cuando decía en octubre del año pasado que «hoy está en vigor un pacto del Tinell no escrito». En efecto, el pacto se convirtió en el símbolo de una decisión estratégica del PSOE de formar alianzas permanentes con los nacionalismos periféricos, decisión que actualmente se mantiene. De ahí que los resultados electorales del 23 de julio se celebraran en la madrileña calle de Ferraz como una victoria: era la victoria de esa alianza del PSOE con los nacionalistas, que en diciembre cumplirá veinte años.
El problema es que el modelo del Tinell se ha agotado completamente. La deriva independentista del nacionalismo catalán y el intento secesionista del 2017 pusieron de manifiesto lo imprescindible del consenso PP-PSOE en materia territorial; y la creciente fuerza electoral y política de Bildu ha abierto una brecha en otra de las esquinas de la geografía constitucional española. ¿Cómo puede sostenerse una alianza con partidos que no buscan concesiones al amparo de la Constitución, sino posiciones de ventaja para cuando se vuelva a presentar la ocasión de atentar contra ella?
Quizá el síntoma más claro del agotamiento del modelo vino cuando, inmediatamente antes de las elecciones autonómicas catalanas de febrero del 2021, los partidos independentistas firmaron que en ningún caso pactarían la formación de Gobierno con el PSC, fuera cual fuese la correlación de fuerzas que saliera de las urnas. Continuaba así, por otras orillas, la rotura de puentes que había empezado en el 2003. Hay que reconocerle a Salvador Illa, candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, el mérito de haber dicho en aquella ocasión que él no se sentía orgulloso del pacto del Tinell.
Siguiendo esa misma vía, hay que prepararse para liquidar el modelo del Tinell y restaurar el consenso de los dos grandes partidos en materia autonómica. Es fundamental que todos los españoles puedan confiar en que el Estado de las autonomías cuenta con una ortodoxia constitucional inconmovible que PP y PSOE defienden al unísono y que está por tanto protegida de ataques procedentes de las franjas extremas del espectro político. Un Gobierno de gran coalición sería un primer paso para restaurar ese consenso. Pero la gran coalición tendría otras ventajas. Para empezar, vendría a poner fin al exagerado protagonismo que hoy día corresponde a esas franjas extremas. También supondría una bienvenida pausa de silencio tras la aspereza y la estridencia que han marcado el tono de la política española al menos desde el 2015, y esa tranquilidad quizá permitiría que PSOE y PP abordaran conjuntamente algunas cuestiones que desde hace tiempo están a merced de los bandazos de la alternancia en el poder, como ocurre en materia educativa. Por último, la forzada colaboración gubernamental entre dirigentes políticos de ambos partidos contribuiría al establecimiento de relaciones personales, con efectos intangibles pero benéficos a largo plazo. En este sentido, me comentaba recientemente un buen conocedor de la política y la administración de Alemania, que a veces ocurría que en una grosse Koalition la canciller Angela Merkel se llevaba mejor con algunos ministros socialdemócratas que con los de su propio partido…
Me dirá el lector, con razón, que estas son reflexiones para otro mundo. Ciertamente, lo que aquí se propone es hoy casi imposible. Pero nuestra democracia parlamentaria atraviesa por graves dificultades que no se resuelven con el piloto automático en que algunos dirigentes políticos parecen instalados, de modo que conviene que desde la sociedad civil se les haga ver que hay alternativas tanto al bloqueo constitucional como a la política de bloques.