El trabajo tal como es concebido hoy, como fuente de promoción social y realización personal, está en discusión y además se ha convertido en un bien escaso que como tal debería ser repartido teniendo en cuenta criterios de mérito, capacidad y necesidad.
Realmente, en un planeta con una distribución de la riqueza tan desigual e injusta que roza la obscenidad y a las puertas de que gran parte de la población mundial sea «excedente de cupo» en el acceso al empleo por efecto de la Inteligencia Artificial y de los avances tecnológicos, me sitúo entre los que piensan que una parte de la población (o bien una parte de la jornada laboral) serán forzosamente subvencionadas dentro de no demasiados años.
Llegados a tal punto, cuando se hace referencia a la existencia de una Renta Básica Universal, se abren debates de hondo calado entre sesudos economistas y no menos eruditos sociólogos.
Se suceden las declaraciones públicas de responsables políticos a favor y en contra.
Se elevan los decibelios de tertulianos que o bien defienden con ardor la medida o con voz meliflua dicen que es una hermosa utopía de todo punto irrealizable.
Ahora bien, ese concepto de Renta Básica al que me refiero y ni siquiera el implantado en Alaska con otros matices y pormenores tiene poco que ver por su cuantía y naturaleza conceptual con el ingreso mínimo vital (en adelante IMV) implantado en nuestro país en la presente, ya casi pretérita legislatura.
El IMV, el cual surgió con vocación de Renta Básica, no deja de ser una especie de seudopensión, bastante raquítica y con no pocas trabas y deficiencias para su concesion, que apenas cumple con el objetivo de evitar la necesidad más perentoria y que indirectamente apuntala la cronificación en la dependencia del subsidio, la consolidación estructural de la economía sumergida y la normalización individual y colectiva de la pobreza. Es mejor que nada, por supuesto… pero está demasiado emparentado con esa «nada».
Pues bien, es en este contexto que se produce la siguiente situación a la cual quiero hacer referencia en el presente articulo con la humilde aspiración de que sea conocida por la opinión pública:
Aquellas personas que eran perceptoras de un salario social básico (recursos económicos del Principado de Asturias) y pasaron a percibir el IMV (recursos económicos de la Seguridad Social) contrajeron la obligación de informar al Salario Social de que empezaban a cobrar la otra renta por no ser, en términos generales, compatible la percepción de ambas «pagas» de manera simultánea.
La persona informa en tiempo y forma vía Registro de la variación de su situación pero el Principado sigue ingresando el Salario Social cada mes en algunos casos por periodos de tiempo muy prolongados y luego cuando llega el momento de revisar ese expediente se conmina a la persona a devolver el montante de la deuda acumulada por cobros indebidos (cantidades que oscilan desde los 3.000 hasta los 14.000 euros).
A la persona, generalmente población en grave riesgo de exclusión y muchas veces con menores a su cargo, se le exige que no haga uso de un dinero que no le viene nada mal y que la Administración le ha seguido entregando mensualmente y por periodos de hasta dos años desde que dicha persona comunicó su nueva condición de beneficiaria del IMV.
Es habitual que esos dineros ya se hayan gastado y en consecuencia generen una deuda que además es susceptible de recargo por impago y que muy probablemente nunca podrá ser saldada. Esto puede acarrear consecuencias negativas a más largo plazo para la persona deudora sin que por ello la Administración acreedora vaya a recuperar el dinero del erario público que ha ido depositando «distraídamente» en las cuentas de las personas.
¿Las causas? Una burocracia farragosa. Unos servicios de gestión colapsados con insuficiente personal. Una perversión en la aplicación de la norma cuando se aplica a la realidad concreta.
¿Propuestas de mejora? Con toda modestia esbozaré únicamente dos (por si interesa a quien corresponda) :
Por una parte, abordar un Plan de Choque que dinamice y estructure con generosa amplitud de miras los medios técnicos y recursos humanos y materiales de la Consejería de Bienestar. El esfuerzo realizable para impulsar esta Consejería nunca será un gasto sino una inversión de indudable rentabilidad para nuestra sociedad.
Por otra parte, me permito reclamar la voluntad política suficiente y necesaria para aprobar una amnistía tributaria que libere a esta parte de la ciudadanía de la devolución de una deuda de la cual en gran medida considero responsable a la propia Administración. Después de todo, nadie debería rasgarse las vestiduras si ya hemos asistido a amnistías fiscales para millonarios delincuentes de cuello blanco que siendo probados defraudadores a la Hacienda Pública sí obtuvieron esa «segunda oportunidad».
Sirva esta atalaya que tan amablemente me brinda La Voz de Asturias para solicitar que se reconsidere el enfoque dado a la resolución de este problema.