Tenemos una anomalía grave en nuestro país. Tenemos una clase dominante en España, que ya no es española, es una oligarquía extranjera -sus beneficios dependen de su entrega al gran capital extranjero- a la que ya podemos llamar USAnder y no Santander, USAdrola y no Iberdrola, USAvial y no Ferrovial, y así sucesivamente. Y de la industria española, ¿qué? Veamos un ejemplo.
A finales del año 2021 la empresa Schneider Electric comunicó su decisión de trasladar una parte de la producción que tiene en su planta situada en la localidad de Griñón en Madrid a otra factoría del mismo grupo empresarial al norte de Italia, en Stezzano, Bérgamo. Lo que supone el despido de la mitad de la plantilla. La prolongada lucha sindical para impedirlo no ha cesado desde entonces, llevan ya más de 18 meses contra la deslocalización monopolista extranjera. Significa un año y medio de movilizaciones para que Schneider no se vaya a Italia.
Schneider Electric es una multinacional francesa que lidera a nivel mundial los aparatos digitales para la gestión y automatización de la energía, especialmente necesaria para la pequeña y mediana empresa. En España, Schneider emplea a cerca de 4.000 personas y tiene fábricas en Capellades (Barcelona), Griñón (Madrid), Meliana (Valencia), Puente la Reina (Pamplona), y Mungia (Vizcaya), y varios centros logísticos.
La factoría en la comarca sur de Madrid funciona desde hace más de 50 años y tiene 180 personas en plantilla, más todo el empleo existente en unas treinta empresas auxiliares. De hecho, en Griñón se fabrica la unidad modular SM6 con gran demanda para la optimización eléctrica y la automatización industrial. Es decir, es una planta competitiva con una plantilla ajustada a las necesidades de la producción. La multinacional gala no ha dado explicaciones más allá de afirmar que lo hace por razones «estratégicas». Por tanto, esta decisión no obedece a razones de rentabilidad económica.
La decisión coincide en el tiempo con la firma de una alianza estratégica entre los gobiernos francés e italiano para la dominar conjuntamente los procesos de optimización eléctrica que garanticen el control de la transición hacia la sostenibilidad medioambiental. La falta de transparencia y la opacidad informativa de la multinacional amenaza con lo peor. Que los planes en realidad sean el traslado de toda la producción de Griñón, desmantelando la planta, lo que acentuará el declive industrial de la comarca sur de Madrid.
Una prolongada lucha obrera
Durante esta larga lucha el comité de empresa -con mayoría de CCOO- ha combinado distintas formas de movilización, desde huelgas de 24 horas y de media jornada hasta múltiples manifestaciones y concentraciones ante diversas sedes de instituciones públicas y, en especial, la embajada de Francia en Madrid.
Lo primero fueron dos claves -asentar la lucha y fijar el blanco- en defensa del empleo. La lucha empezó con un día de huelga. El blanco fue una concentración ante la embajada gala. Y siguieron. Dos días después -22 de enero- otra concentración ante el Ayuntamiento de Griñón planteando su reivindicación. El 7 de abril, se manifestaron frente el Congreso contra el cierre de la planta y el despido de la plantilla.
Incluso, meses después, la lucha se traslada al Parlamento Europeo -solicitando que se paralice la deslocalización de la producción de la fábrica madrileña- dado que es responsabilidad de las instituciones europeas preservar el tejido industrial de los países miembros, evitando la competencia desleal entre países europeos.
En enero de este año, el comité de empresa -liderado por CCOO- inicia una campaña para ampliar los apoyos entre todas las personas u organizaciones, tanto sindicales como sociales, con el objetivo común de conseguir un plan industrial para la viabilidad de la fábrica y la garantía de los puestos de trabajo. Destaca el apoyo activo de los integrantes de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) en Getafe.
La última concentración ha sido, en estos días, ante la Asamblea de Madrid con la entrega de 4.000 firmas contra la deslocalización de la empresa. Allí, el presidente del comité de empresa, César Antonio Serrano, recordó «los 50 años de trabajo ejemplar de la plantilla de la planta» y denunció «los 2 años en los que no se ha planteado un plan industrial para salvar la empresa».
Vender o defender la industria española
Ahí reside el problema. Tanto el Ejecutivo autonómico como el Gobierno de España tienen que asumir sus responsabilidades en la defensa de la industria española. A inicios de 2021 la ministra de Industria, Reyes Maroto declaró -hablando de las iniciativas para acelerar la digitalización y sostenibilidad de las pymes- que era una satisfacción contar con Schneider Electric dentro del «ecosistema público-privado». El problema es que esta colaboración público-privada siempre implica ayudas de fondos públicos y ventajas fiscales, de las que se benefician las grandes empresas extranjeras para instalarse y que no devuelven ni se les reclaman cuando se van.
Hace casi un año que CCOO y UGT exigieron, en una manifestación, un pacto por la Industria que protegiera el empleo y evitara la fuga de empresas. Un gran acuerdo por la industria, porque no se puede depender del gobierno de turno para ello. Porque solamente los países que han desarrollado proyectos industriales propios a largo plazo son capaces de crear una creciente riqueza social. Porque es una medida estratégica para España.
Estamos de acuerdo. Hay que defender la soberanía nacional, un modelo industrial propio, y parar la deslocalización por los monopolios extranjeros. Y la clase obrera en toda España es nuestra punta de lanza en defensa de una industria española.