Venimos de celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas y que tiene el 3 de mayo su fecha. Se conmemora en él la Declaración de Windhoek sobre el desarrollo de una prensa libre, independiente y plural, adoptada ese día de 1991 y auspiciada por la UNESCO. Es una fecha capital de relativamente reciente instauración, por lo tanto, pero que guarda relación con un elemento constante desde el propio origen de la prensa escrita y presente durante el desarrollo posterior de otros medios de comunicación: las enormes dificultades para que el derecho a la información y la libertad de expresión puedan prevalecer, ante las presiones del Estado, la legislación restrictiva, las corrientes económicas y los intereses que persiguen acallar las voces incómodas o que sólo desean admitir los medios controlados que sirvan de altavoz del poder correspondiente. A las amenazas proverbiales a la libertad de prensa y los zarpazos más feroces y habituales para silenciarla (el encarcelamiento en Egipto, el asesinato en México, la multa y restricciones administrativas asfixiantes en Rusia o el cierre de medios en Nicaragua, por poner algunos casos recientes) se suman en los últimos tiempos dos riesgos particularmente preocupantes.
El primero es el desinterés de una parte de la población que, presta una consideración y aprecio más bien bajo a la prensa y medios de comunicación, aunque sean aquellos construidos de manera profesional y rigurosa durante décadas de trayectoria. En las preferencias informativas, para una parte del público están situados en pie de igualdad (o en peor condición, incluso) que agitadores, charlatanes, streamers políticos avezados en la manipulación, especialistas en el infotainment o expertos en la intoxicación en la jungla de las redes. Una línea paralela al auge de la posverdad, es decir, del deseo de encontrar lo que, con cuatro superficialidades, nos identifique y reafirme, no lo que nos ilustre y nos permita formularnos preguntas. Naturalmente, si una parte importante del público demanda ese contenido, y atrae más atención y acaba siendo más influyente Infowars que el Washington Post, por poner un ejemplo, simplemente no habrá futuro posible para la prensa libre, al secarse su misma raíz. El aspecto generacional de este problema es sumamente preocupante y dice muy poco del peso que damos a la formación del pensamiento crítico en la educación de los jóvenes.
La segunda tendencia amenazadora es una nueva y distinta oleada de hostigamiento a quien ejerce la labor informativa en países donde, a priori, el estatus de protección de periodistas y medios de comunicación les otorga garantías para desarrollar ese trabajo. Ya no se trata sólo de las viejas presiones con las que convivir o de la precariedad que dificulta el trabajo. Ahora se utilizan nuevos instrumentos, ampliando y llevando a una nueva y eficaz escala viejas técnicas de acoso. Una de ellas es el lawfare, es decir, el sometimiento de periodistas y medios rigurosos a la tensión derivada de recibir continuas acciones legales dirigidas al desgaste, orientadas a minar su determinación y diseñadas para conseguir la detracción de recursos y tiempo en la defensa. El otro es el espionaje sostenido en un nivel de sofisticación técnica que deja en situación de gran vulnerabilidad al periodista tomado por objetivo, cuyas comunicaciones se ven gravemente comprometidas por el uso de spyware en sus dispositivos, como ha sucedido con los casos conocidos de utilización del software Pegasus, de NSO Group. Precisamente, el 12 de junio el Pleno del Parlamento Europeo debatirá el informe elaborado por la comisión que ha podido constatar el uso de este software para interceptar comunicaciones de distintas personas, entre ellas periodistas, en países como Polonia, Hungría, Grecia y España. Amnistía Internacional y Forbidden Stories han podido constatar su uso frente a más de 80 periodistas de 17 medios de comunicación en al menos 10 países, entre ellos Estados Unidos, Marruecos, República Dominicana, México, El Salvador o Arabia Saudí. Pegasus, además, no es el único programa en este mercado, donde el auge de las alternativas tecnológicas para violentar la privacidad sólo es pareja a la mansa asunción (un drama sin paliativos) de que vamos un mundo sin secreto de comunicaciones.
Del hostigamiento jurídico y del ataque al trabajo de los periodistas mediante la utilización del software Pegasus, el caso de Ignacio Cembrero es, probablemente paradigmático. Podrá contárnoslo directamente porque el próximo lunes 22 de mayo, a las 19:00h, en la Biblioteca Pérez de Ayala de Oviedo (acceso libre), compartirá un coloquio con Amnistía Internacional de Asturias, la Asociación de la Prensa de Oviedo y el Colegio Profesional de Periodistas de Asturias. Cembrero es uno de los profesionales con trayectoria más acreditada en el seguimiento de la actualidad del Magreb, ámbito que ha cubierto como corresponsal para El País y El Mundo durante años, publicando en la actualidad en El Confidencial. Es uno periodistas a los que alcanzó la infección de su teléfono con el software Pegasus, presumiblemente a instancias del espionaje marroquí, que lo tiene por objetivo. Además, desde 2014, en cuatro ocasiones las autoridades marroquíes han tratado de amedrentarle con el ejercicio de acciones legales (infructuosas, por fortuna); la última para que, precisamente, se retractase de su denuncia pública respecto del espionaje sufrido. El caso de Ignacio Cembrero figura citado en la resolución aprobada por el Parlamento Europeo el 19 de enero de 2023 para llamar la atención de las instituciones comunitarias sobre la persecución y hostigamiento a periodistas en Marruecos. Una situación ante la que, lamentablemente, las autoridades españolas no han adoptado una posición suficientemente firme de defensa de los derechos civiles de Ignacio Cembrero. Postura que, en este caso, comportaría también la necesaria defensa de la libertad de prensa y del derecho a la información, incómodo cuando las supuestas razones de Estado pesan más que el Estado de Derecho.