Póngase en situación. Imagine que mañana un gobierno local elegido democráticamente decide desmantelar la Catedral de Burgos para construir un centro comercial. Visualice en su mente que el gobierno autonómico granadino, por poner otro supuesto, conspira con las instituciones y acuerdan la construcción de chalés de lujo en el complejo monumental de la Alhambra. Imagine que, además, permiten el paso de una autovía por sus jardines.
Evidentemente, estas siniestras suposiciones nos inspiran palabras muy gruesas como «dictadura» o «distopía», y nos resulta impensable porque todos estos monumentos, declarados Bienes de Interés Cultural, Patrimonio de la Humanidad y tantos otros sellos, están protegidos por el Gobierno de España y los ejecutivos autonómicos para el disfrute de toda la sociedad, que es a quien pertenecen.
Pero si hablamos del conjunto fabril de La Vega, no hace falta que le pida que imagine nada de esto, pues ese atropello contra el patrimonio cultural asturiano y contra la voluntad de la sociedad está sucediendo ahora mismo. Me hago cargo de que el Patrimonio Industrial tiene un atractivo diferente al de los monumentos antes mencionados, pero no por ello deja de ser el mismo sinsentido. El Patrimonio Industrial sigue siendo una parte relevante de nuestra Historia y la mayor diferencia con el esplendor de aquellos edificios monumentales es la distancia del tiempo.
La Fábrica de Armas de la Vega, en Oviedo, es uno de los principales conjuntos del patrimonio industrial asturiano y español. El Comité Internacional para la Conservación y Defensa del Patrimonio Industrial de España (TICCIH) ha instado a la «preservación de este singular patrimonio industrial que comporta uno de los conjuntos históricos y patrimoniales más relevantes de la propia historia industrial de España de importancia nacional e internacional». Y, aun así, nuestra petición al gobierno asturiano a través de su Consejería de Cultura para que sea declarado BIC o que se inicie un procedimiento de catalogación y protección han sido rechazada con excusas poco justificadas que no se dieron en otros casos como en la de Trubia.
La Vega nos narra una historia de «paternalismo industrial» que empieza a comienzos del siglo XX. Se fundó como una fábrica de armas estatal entorno a la que se articularon los barrios de chalés para trabajadores y altos mandos de la fábrica (hoy propiedad del Ministerio de Defensa). Durante la época de Aznar, Santa Bárbara fue vendida por un módico precio a una empresa privada estadounidense. Este proceso culminó en el 2013 cuando sus instalaciones se clausuraron y la actividad se trasladó a la Fábrica de Armas de Trubia dejando tras de sí el desempleo de 55 trabajadores con más de 30 años de experiencia y el desmantelamiento de todo el conjunto. Dicho de otro modo, la ciudad de Oviedo perdió uno de sus órganos al apagarse su latido.
Desde esa fecha, han quedado sin actividad 120.000 metros cuadrados de suelo insertado en la trama urbana de Oviedo cuyos efectos trascienden a la propia área de La Vega y a su entorno para convertirse en un desafío a la ordenación y de revitalización urbana que aúna interés local y metropolitano.
Y es que en la antigua Fábrica de La Vega existe una gran oportunidad para regenerar un gran vacío urbano y convertirla en referente de un urbanismo ejemplar de recuperación de un área industrial con más de 150 años de existencia basado en la multifuncionalidad y la sostenibilidad en su triple dimensión: económica, social y medioambiental. Si la perdemos, perderemos la oportunidad de tener un centro neurálgico cultural, social y estratégico que defina el tipo de ciudad en la que tantas y tantos ovetenses deseamos vivir. Y lo que es peor, en esta operación opaca, el actual gobierno bipartito de Oviedo y el gobierno del Principado, están haciendo todo lo posible por mantenernos -tanto a la oposición como a la ciudadanía- al margen de sus tramas.
El acuerdo especulativo que se está desarrollando delante de nuestras narices implica a la FSA tanto como al alcalde de Oviedo y su equipo. Es una alianza renovada que me recuerda a la «Operación de los Palacios», la actuación urbanística que facilitó la construcción del edificio Calatrava y en la que Gabino de Lorenzo y Tini Areces se repartieron terrenos y plusvalías para obtener unos beneficios personales a costa de otros recursos públicos. Y ahora, con este pacto, el señor Barbón y el señor Canteli nos obligan a retroceder varias décadas y a reivindicar de nuevo que se frene la especulación urbanística y no nos roben la posibilidad de hacer de nuestros espacios públicos algo mucho mejor.
Si el acuerdo de la Vega es especulativo es porque supone entregar los derechos urbanísticos y la edificabilidad de más de 100.000 metros cuadrados a Defensa para hacer viviendas, hoteles y centros comerciales. Esto se haría anexando una zona verde situada fuera del recinto para garantizar terreno suficiente e inflarlo de ladrillo y cemento. Esta operación ahoga el espacio para garantizar unas plusvalías para Defensa no solo inmerecidas, sino falsas. Un terreno que ahora es suelo industrial, con cientos de metros cuadrados de naves por rehabilitar, chalés por reconstruir y una descontaminación de los terrenos pendiente, pues a día de hoy, nada se sabe de ella. Ignoramos si toda esa carga recae sobre el Ayuntamiento ni conocemos los costes de reorganizar las calles, el saneamiento o el espacio.
¿Por qué debemos compensar a Defensa facilitando modificaciones para la construcción de más de 1.000 viviendas, con hoteles y centros comerciales, si en la cesión ya viene la carga? Ya es muy discutible que la propiedad de los terrenos sea del Ministerio de la Guerra, expropiados en su día a las monjas benedictinas con un objetivo claro que hoy decaería. Igual de preocupante nos parece que los restos arqueológicos que puedan existir del antiguo complejo palatino del rey de Alfonso II queden sepultados por el interés de hacer catas superficiales y rápidas de los terrenos antes de la demolición de parte del conjunto.
Otra cuestión surrealista: se están repartiendo las cargas y beneficios de lo que ellos consideran unos terrenos sin tener aún una valoración técnica y económica que lo concrete en cifras. Que si 45 millones, que si 32, igual que mercaderes de feria pujando por un espacio industrial que, a lo sumo, tendría un valor de 12 o 15 millones. ¿Y para qué? Para garantizar una operación que supondría para Defensa unos beneficios de unos 200 millones de euros por la venta de las viviendas y unas cargas para la administración local que podrían rondar los cien. Negocio redondo para Oviedo… ¡Tan redondo como un 0 a la izquierda!
El plan incluye la construcción de una vía que atraviese el complejo, y la excusa para esta barbaridad es la protección del entorno de Santuyano, ya que se eliminaría la carretera que pasa por allí para trasladarla a La Vega, pero este argumento es una falacia. El entorno de Santuyano quedaría protegido interviniendo el tamaño y la capacidad de la vía y reduciendo su tráfico, desviándolo de ese entorno. Con la construcción de cerca de mil casas en esa reducida superficie, se generaría un mayor volumen de vecinos desplazándose por ese entorno, lo cual es contradictorio con la afirmación de que el vial es una calle y no una carretera con abundante tráfico.
Y las mentiras, las verdades adulteradas y las excusas siguen sin revelarse tras la opacidad y la falta de transparencia de todo este proceso. Recientemente, el Gobierno del Principado ha anunciado que comprará la Nave de Cañones para asentar un polo biosanitario financiado con 2 millones de euros de fondos europeos. Otra falacia. El importe de esa compra no figura en los presupuestos y, a día de hoy, no se ha concedido ninguna partida europea para una operación de este tipo. En cambio, lo que sí creemos es que se financiarán negocios sanitarios privados, y que la mayor impulsora de esta iniciativa es la Cámara de Comercio.
En definitiva, si hablamos del Convenio de La Vega, sí debemos hablar de las peores actitudes de políticos nefastos incapaces de mirar más allá de sus propios mandatos. Sí debemos hablar de decisiones cortoplacistas y negligentes tomadas para el beneficio de minorías, incapaces de mirar al futuro y buscar las mejores soluciones para las generaciones que estamos aquí y las que vendrán. Sí debemos hablar de que este gobierno está intentando forzar un pleno al final del mandato, en pleno proceso electoral, para aprobar un convenio que vincularía a futuras corporaciones, ya que generaría obligaciones para el Ayuntamiento con su aprobación.
Y en esto quiero detenerme porque no es una cuestión menor conocer cuál va a ser el sentido del voto del grupo socialista, de Ciudadanos y de Vox. Todos, de una u otra manera, tienen contradicciones y por ello no han mostrado de manera clara su postura a las puertas de unas elecciones municipales. El PSOE tiene el gran lastre, como ya ocurrió en ocasiones pasadas, que su partido, a nivel autonómico, defiende sus propios intereses freten a el de los ovetenses. Ciudadanos tiene en su actual portavoz, Nacho Cuesta (que está haciendo una especie de transfugismo en diferido), al principal valedor de este pelotazo urbanístico, mientras su candidato, Pacho, se debate entre estar callado o hacer ruido de cara a los próximos comicios. Vox espera pactar con el PP y con Alfredo Canteli un próximo gobierno, por lo que su postura es no meterse con el gestor de la operación y concentrar su furia en Pedro Sánchez. Quedamos nosotros, SOMOS OVIEDO-PODEMOS, un grupo municipal coherente en sus principios en la defensa de lo público, del patrimonio y el urbanismo ejemplar, en hacer propuestas mediante la escucha y la participación ciudadana y en evitar la especulación y la piqueta. Nosotras parecemos ser las únicas que haremos valer los derechos de la ciudadanía de Oviedo frente a los atropellos donde sea necesario.
Nosotras recurrimos a la recuperación y transformación del patrimonio industrial como se hizo en otros países europeos, como en la zona de la cuenca del Ruhr de Alemania. En San Etienne (Francia), de la que tanto se ha hablado, se conformó un equipo de varias administraciones para decidir de manera integral lo que pasaría y sin destrozar el conjunto. El Matadero en Madrid y el barrio de Poblenou en Barcelona son más ejemplos de espacios industriales adaptados a nuevos usos preservando su patrimonio.
Hablemos de hacer mejor política para una sociedad que merece mejores políticos. Hablemos de una ciudad futura que sea ejemplar. Hablemos de salvar La Vega.