No sé si nos dará muchos espectáculos parecidos el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, que si me dan a elegir creo que es mejor que explote su lado postureta de ir con un casco de moto (cuando ha viajado en coche) a atacar los derechos de las mujeres, que es una línea roja que no se puede permitir que ocurra. Creo que ha puesto el listón tan alto que superar este ridículo con otro asunto va a ser muy complicado. Mi primera duda no es tanto si existe ese protocolo antiabortista del que se habla (y que sigue sin publicarse en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma, con lo cual en la práctica carece de validez todo lo que se ha dicho de escuchar el latido fetal o de hacer ecografías en 4D), sino que me intriga el motivo y la razón por la que esta persona acudiese a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno a dar cuenta de este supuesto acuerdo. Si Gallardo no es quien se responsabiliza de la sanidad, ¿qué hacía allí? Entiendo que al portavoz del ejecutivo le acompañen las consejeras y los consejeros de diferentes áreas para que informen a las y los periodistas, de una manera más detallada, de los pormenores de la gestión política que les toca desempeñar, pero lo ocurrido hace una semana es grave tanto por lo que hizo (entre risitas reconoció no saber mucho de embarazos) como por lo que dijo (va en contra de las recomendaciones de las y los ginecólogos). Es sangrante leer que esta persona, que cobra 80.741,24 euros brutos anuales sin competencia alguna, tiene a su cargo un personal que cuesta 1,2 millones de euros cuyas funciones gestionarán este año 112.000 euros del presupuesto autonómico. Tal ha sido la polémica que suenan campanas de elecciones. Hay informaciones periodísticas que apuntan a que Alfonso Fernández Mañueco estudia adelantarlas (al 28 de mayo y hacerlas coincidir con las de otras doce autonomías y las locales) porque este ensayo de coalición entre PP y Vox no se ve con buenos ojos en Génova (Isabel Díaz Ayuso imagino que opinará otra cosa). El baile de declaraciones entre los dirigentes de ambos partidos ha evidenciado que sería un desastre que los dos sumen para gobernar juntos. Le guste o no a Vox el aborto es un tema ya superado, está aceptado por la sociedad española como un derecho y sería deseable que el PP retirase del Tribunal Constitucional el recurso que presentó en 2010 para demostrar que su comportamiento y sus ideas son distintas a las de la ultraderecha.
Ayer en Barcelona se vieron escenas y se escucharon comentarios muy elocuentes. El independentismo catalán sigue teniendo la mayoría en el Parlament (aunque las dos últimas elecciones los partidos más votados, Ciudadanos y PSC, no son nacionalistas) pero en la calle su fuerza y su presencia se ha ido menguando. También creo que ha contribuido mucho la división, porque los objetivos que se marcaron no se cumplieron y aunque les interese tensar los debates, creo que ya no cuentan con los mismos apoyos de antaño. Oriol Junqueras acudió a una concentración contra la cumbre hispanofrancesa en la que le llamaron «botifler» (como definen a todo aquel que está en contra de la independencia) y traidor, cosa que hace unos años era impensable que le pueda ocurrir. La imagen fue tan dura que se marchó entre gritos y silbidos de quienes hasta hace poco le apoyaban a muerte. Me gustaría que este ejemplo sirviera para que Esquerra se replanté su política, porque no tiene sentido que intente estirar el chicle del ‘procés’ a estas alturas. Las líneas rojas creo que están claras, que son el respeto a las normas.