Con el año 2023 recién estrenado y las felicitaciones y deseos que siempre hacemos al final del anterior, sabiendo que la cruda realidad es que casi nunca se cumplen nuestros deseos y solemos acabar uno y empezar otro con las mismas preocupaciones, sobre lo que nos va a deparar el futuro más inmediato, en cuanto al desarrollo de la vida política, social, y judicial, en el conjunto de nuestro país, precisamente en este año de nuevas citas electorales, y a ello me quiero referir en este artículo, porque será sin duda un año importante.
Algunos partidos políticos, lo mismo que los dinosaurios, también dejan sus huellas, muchas de ellas son profundas e imborrables en el tiempo, tal y como podemos ver en el desarrollo de los acontecimientos que se suceden casi a diario, no solo en los aspectos sociales, también en los aspectos políticos-judiciales.
Lo ocurrido en estos días con los seis magistrados del constitucional, prorrogando su continuidad con el mandato finalizado, y aunque esto se haya desbloqueado por sorpresa el pasado 27 de diciembre, en una operación que parece más cosmética que real, no puede tapar la evidencia de algo tan grave, porque aún sigue sin resolverse la renovación del CGPJ, sin saber que puede pasar aun en este largo tránsito y como nos puede afectar a las clases populares.
Todo lo que estamos viviendo, obedece solamente a intereses de los de siempre, con el fin de paralizar medidas aprobadas en la vía parlamentaria, a las cuales se vienen oponiendo de forma clara y evidente en ese espacio institucional, en contra también de la voluntad popular, que así lo decidió con su voto, nos guste o no.
La Banca, la Judicatura, la Monarquía, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, la Universidad, la Patronal, algunos medios de comunicación, e incluso el fútbol, aún conservan las huellas indelebles de un pasado marcado por el nacionalcatolicismo, que hunde sus longevas raíces en una historia más profunda.
Hay partidos que, digan lo que digan sus líderes, siguen aferrados a un pasado que prefieren ignorar en sus símbolos y señas de identidad, pero a lo que no renuncian en lo esencial, porque es la garantía de sus privilegios, de su riqueza, de su estatus social, de sus relaciones, y de un cierto grado de impunidad sectaria.
Gozan de una solidaridad intrínseca derivada de la pertenencia a determinadas castas. Esos partidos se han resistido al tránsito de la dictadura a la «democracia», y cuando no han tenido más alternativa que aceptar la transición, la han lastrado con sustracciones, imposiciones y férreas resistencias a cualquier cambio: divorcio, aborto, reconocimiento del machismo, igualdad de género, y en general a todo aquello que afectaba a la protección de los derechos y libertades de la ciudadanía.
En determinados aspectos, la Constitución del 78 trata a los ciudadanos/as como menores de edad, pero, aun así, ellos se resisten a cambiarlo.
La vocación innata de esas organizaciones es la de imponer credos, ritos y tutelas efectivas sobre el conjunto de la ciudadanía, condicionando con ello la escasa esencia democrática, que debería estar basada en la libertad y en la participación ciudadana. Por otra parte, se resisten a que haya un sometimiento efectivo de los poderes públicos al imperio de la ley.
Su teoría de que lo público no tiene dueño es socialmente peligrosa, y más aún cuando si conecta con la idea que el progreso consiste en rebajar impuestos a los que más tienen.
Es evidente que el Estado de Derecho exige que no sean unas personas, sino las leyes, las que nos gobiernen.
Pero, es obvio, que quienes legislan y aplican las leyes son determinadas personas, con lo cual la pureza de los principios democráticos puede quedar empañada por la praxis de las actuaciones sectarias o corporativas, que no están exentas de vicios e intereses. Es muy importante saber a quién se vota.
En ese terreno los conservadores son maestros. Suelen salirles demasiadas «ranas». Otro tanto ocurre en el ámbito de los instrumentos jurídicos destinados a garantizar el respeto y la observación de los principios constitucionales, cuando estos son secuestrados por grupos ideologizados y adheridos al partidismo que los designa para ocuparse tales menesteres. Lo que nos hace dudar de la división de poderes y de la recta actuación de los jueces.
La mayoría de los ciudadanos/as no somos ni juristas ni menos aún catedráticos de derecho constitucional, pero no por ello, carecemos de raciocinio y sensibilidad necesaria para entender la importancia que esos órganos tienen para los intereses ciudadanos en su conjunto. Sin embargo, tenemos la sensación que actualmente ciertos ámbitos judiciales son cotos privados de determinadas élites, es decir de quienes son parte de los clanes sociales a los que me refería anteriormente.
Lo que deberíamos asumir es que la pérdida de privilegios para unos equivale a la recuperación de derechos efectivos para el resto.
La pretensión de que hay una sola España, a la que debemos culto, sometimiento y patriótica obediencia es simplemente deleznable. Todos hemos de sentirnos ciudadanos/as libres, y con plenitud de derechos.
Hay partidos de derecha y extrema derecha, herederos del «franquismo» que aún conservan la máscara de los verdugos que llenaron las cunetas españolas con millares de inocentes, o que a lo largo de 40 años de «democracia» han sido un vivero de delincuentes por corrupción. Esos partidos no pueden engañarnos anteponiendo su España- la de unos pocos, la de siempre-a la de los ciudadanos/as, que aspiramos a seguir luchando, trabajando y conviviendo como personas pacíficas, tratando de acabar con los abusos, con la corrupción y con la desigualdad que esos partidos tratan de fomentar, ampliar y profundizar. Necesitan el apoyo y el voto de sus «súbditos» para ser y sentirse más poderosos y ricos.
Necesitamos un modelo de país, más de todos/as, más igualitario, más libre, sin mordazas, y no contaminado por los intereses patrióticos de trileros parasitarios, cuyo objetivo es liquidar al completo el escaso estado del bienestar que aún nos pueda quedar.