Irene Montero debería entender que hacer política desde un ministerio del Gobierno de España no es lo mismo que organizar una protesta en la cafetería de la facultad en compañía de algún compañero falto de ganas de acudir a la próxima clase.
Es indudable que toda medida destinada a avanzar en la protección de la mujer frente a cualquier tipo de agresión sexual es bienvenida; el rigor en su elaboración determinará su efectividad.
La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del «solo sí es sí» es el paradigma de una forma de hacer política desde la superficialidad, ajena al rigor y sorda al criterio experto.
Conocemos estos días, a través de los medios de comunicación, cómo han prosperado varios recursos de condenados por delitos sexuales para la reducción de sus penas. Las citadas reducciones responden a las modificaciones que recoge la nueva ley.
Durante los trámites para la aprobación de la norma, organizaciones feministas alertaron de consecuencias indeseadas. También lo hizo, mediante un informe en febrero de 2021, el Consejo General del Poder Judicial.
No solo no fueron escuchados por el Ministerio de Igualdad, sino que fueron descalificados por varios dirigentes de Unidas Podemos.
Y en este momento, pese a la evidencia, la estrategia de los impulsores de la ley orgánica se mantiene. Ni la mínima autocritica. Limitan la culpabilidad a los «jueces machistas».
Imagínense la frustración de un juez —a sus espaldas años de intenso estudio— al escuchar como una ministra, a la que no se le conoce profesión ajena a la política, llamarle machista por hacer cumplir una ley que la propia ministra ha elaborado.
Sería injusto responsabilizar exclusivamente a Irene Montero y a sus compañeros de Igualdad del desastre.
A pocos se les escapa la bisoñez, populismo e imposición de criterios de la ministra y su equipo. Características que no desconocían el presidente del Gobierno y los ministros socialistas en la sesión del Consejo de Ministros en la que dieron luz verde a la demostrada chapuza legislativa. Tampoco eran ajenos los Diputados de los distintos grupos parlamentarios que en la Cortes votaron en favor de la aprobación de la ley. Es obligado destacar que algunos de estos diputados comparten el pernicioso carácter populista y radical de los impulsores de la norma.
Si en algún momento la pretensión de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual era habilitar instrumentos para proteger a las mujeres, se ha frustrado. Ser testigo de cómo se reduce la pena de un violador es una agresión más para las víctimas de este tipo de violencia.
Es responsabilidad del Ejecutivo modificar la ley y buscar que el nuevo texto sea riguroso. Es fundamental que la ley cuente con el mayor apoyo parlamentario posible, teniendo en cuenta al Partido Popular; el fin debe ser hacer una ley que, por su utilidad, se mantenga al margen de la organización política que acceda al gobierno.
Este deseo parece imposible con un PSOE que se empeña en dejar en manos de Unidas Podemos y otras minorías de extrema izquierda e independentistas la continuidad de la legislatura. Pero, como dijo Winston Churchill, «el optimista ve la oportunidad en cada dificultad».