Estos días en que asistimos a las valientes movilizaciones en Irán al grito de «mujer, vida y libertad», contra el sistema opresivo instalado en su país, es un buen momento para recordar a Kimia Alizadeh. Kimia es hija de un fabricante de manteles en Karaj (Irán) que, desde los diecisiete años, encontró en el taekwondo primero una afición y, seguidamente, la pasión de su vida y una vía de escape. Frente al destino de sumisión al que el régimen iraní le condenaba, el deporte le permitió desarrollar una carrera profesional, con éxitos desde los Juegos Olímpicos de la Juventud en Nankín (2014, medalla de oro) y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro (2016, medalla de bronce). Negándose a ser utilizada como herramienta de propaganda en manos del poder, en 2020 escapó de su país, afirmando ser «una de las millones de mujeres oprimidas en Irán», lo que deparó el rechazó de las autoridades deportivas iraníes a permitirle seguir representando a su país. En los últimos Juegos Olímpicos de Tokio, compitiendo en el Equipo Olímpico de Refugiados (EOR), volvió a demostrar su valía obteniendo la medalla de bronce. La tristeza de no poder representar a su país se vio compensada por la oportunidad que le ofrece el EOR, creado por el Comité Olímpico Internacional (COI) en 2015 y que, en la última cita olímpica, dio cobijo bajo su pabellón a 29 atletas que compitieron en 12 disciplinas, y que desfilaron en la ceremonia inaugural con la nadadora siria Yusra Mardini y el maratonista eritreo Tachlowini Gabriyesos como abanderados. Detrás de esta iniciativa está igualmente la Fundación Olímpica para los Refugiados, creada en 2017 por el COI en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), dirigida a apoyar la práctica deportiva por este colectivo, contribuyendo de este modo a la mejora de su situación.
El jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2022 ha dado en la diana al otorgar al Equipo Olímpico de Refugiados y a la Fundación Olímpica para los Refugiados el galardón de esta edición. Por una parte, porque reconoce la iniciativa del COI y el ACNUR, realizada en circunstancias difíciles, y destinada a otorgar esperanza a quien ha tenido que dejar una vida atrás para buscar refugio. Y, por otra, porque ayuda a visibilizar una realidad dramática, la de las personas refugiadas, en un momento en el que, además, decae el compromiso en el cumplimiento de las obligaciones internacionales en la materia, mientras aumentan las crisis que generan que numerosas personas buscan protección para sí y para sus familias. También crece el discurso populista que pretende, con descaro, desatender las prescripciones de la Convención del Estatuto de los Refugiados (1951) o, peor aún, criminalizar el propio movimiento de población, revictimizando a quien «debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él» (definición de refugiado de la Convención).
El Premio sirve igualmente como llamamiento global para atender la crisis del sistema de refugio, tanto en España como en los países de acogida. En la actualidad, en torno a 27 millones de personas en todo el mundo han tenido que salir de su país a causa de conflictos internos o internacionales, o por las oleadas de represión de sistemas autoritarios cada vez más agresivos contra la disidencia o las minorías. Muchos países de acogida, sin embargo, priman el refuerzo inexpugnable de sus fronteras, las medidas policiales (o incluso militares) de control, negando el mero derecho a cursar una solicitud de protección internacional (como sucede con las inmorales «devoluciones en caliente» en nuestro país) e instigando un discurso de demonización y miedo frente a quien bastante ha sufrido ya escapando del verdadero terror. Este justo y oportuno reconocimiento es también una voz serena y firme contra esa involución en el derecho humano básico a buscar refugio.
*Gonzalo Olmos es Presidente de Amnistía Internacional en Asturias