La larga lucha que recientemente han llevado a cabo las trabajadoras de ayuda a domicilio en Asturias (SAD) ,con una huelga general indefinida de casi cuarenta días, nos sitúa nuevamente en el debate público de quien debe gestionar los servicios asistenciales esenciales .Si estos deben de estar externalizados, o deben ser públicos para garantizar una mejor calidad a los usuarios de este servicio, en su inmensa mayoría personas dependientes, y unas condiciones de vida y trabajo dignas para las trabajadoras, que nunca tuvieron en más de treinta años, ni se acercan a esa posibilidad de tenerlas, porque los empresarios que contratan este servicio son los que se llevan los beneficios a costa de la explotación y la precariedad de las trabajadoras y de una mala calidad en el servicio a las personas más necesitadas.
Tras años de privatizaciones renuncias y claudicaciones políticas y sindicales en la defensa del bien común que suponen estos servicios para el conjunto de la sociedad, recuperamos hoy en mi opinión un debate muy interesante, sobre la municipalización de los servicios públicos, de hecho, algunos ayuntamientos de los denominados del cambio, han iniciado ya procesos de recuperación de algunos de ellos.
No han sido los sindicatos ni los empresarios los impulsores de esta iniciativa, porque han estado años en las mesas de concertación social, sin que en ningún momento hayan planteado la necesidad de municipalizar, ni siquiera los más elementales.
La mayoría de los servicios públicos se prestan bajo condiciones de monopolio natural, o en condiciones de reserva de monopolio como pueden ser los Servicios Sociales y otros. Desde una visión mercantilista, estos servicios gozan del gran atractivo de disponer de unos clientes cautivos, una demanda estable y capacidad de pagar por servicios, ya sea a través de servicios municipales o tarifas de usuarios. Acceder a este mercado es el sueño de cualquier empresario, menos entendible es que los denominados agentes sociales que tanto reivindican las mesas de concertación social, se olviden con tanta facilidad que los servicios públicos es un derecho para garantizar el bienestar social de las personas, y no una especulación para enriquecer empresarios, que no solamente dan un mal servicio a usuarios y contribuyentes, sino que imponen unas condiciones de trabajo y explotación intolerable a sus trabajadores/as.
En una situación de emergencia social, resulta especialmente inmoral no destinar recursos públicos de forma eficaz a satisfacer las necesidades básicas.
No es admisible desde ninguna posición política ni sindical que nos digan que municipalizar determinados servicios, como pueden ser, por citar algún ejemplo, los asistenciales, puede perjudicar tanto a usuarios como a los trabajadores/as, todo lo contrario, el perjuicio es la baja calidad del servicio en manos de la gestión privada.
Uno de los mayores sinsentidos de la política económica llevada a cabo por las instituciones y poderes públicos, con el beneplácito de los mal llamados “Agentes Sociales”, si no, no hubiera sido posible, es sin duda, la política de privatizaciones de servicios públicos. Nada ocurre por casualidad. Las privatizaciones (llámense privatizaciones, externalizaciones o como se quiera) tampoco.
La controversia es evidente: o se pone en primer lugar como valor prioritario a las personas y mayorías sociales, o se pone al mando al capital para beneficio de unos pocos, a costa de la felicidad de la mayoría de la ciudadanía.
Y esta es una batalla que no admite términos. O se está por la justicia o, por el contrario, se está a favor de esa mayoría que sólo aspira al lucro individual, injusto e inmoral.
¿Qué supone el modelo actual de privatizaciones?
RESPECTO A LOS CIUDADANOS/AS: Mayores costes, peor servicio en todas las áreas, menor control social sobre las propias instituciones, corrupción, menos democracia, ¿en fin?
B- RESPECTO A LOS TRABAJADORES/AS: Despidos, horas extra, bajada de salario, peores condiciones de trabajo y pérdida continua de derechos.
RESPECTO A LOS TEMAS ECONOMICOS: En un análisis de los mismos, solo con el ahorro del IVA, beneficio industrial y contratación de servicios; se obtendría un ahorro mínimo entre el 40 o 55%.
¿Quién gana?
Sin lugar a dudas unos pocos intermediarios y algunos políticos y sindicalistas de turno, que les hacen la faena por unas comisiones u otras prebendas.
Mantener la situación actual de prestación de los Servicios públicos por empresas privadas significa: Mantener indefinidamente la precariedad laboral y unos servicios deficientes a los usuarios, cuyos recursos económicos salen del erario público.
La legislación vigente no impide, sino todo lo contrario, la gestión directa municipal de los servicios de los que se es titular. La Ley de bases de Régimen Local establece que la vía normal de prestación es el servicio directo por sus propios medios, o a través de organismos públicos. Solo en casos excepcionales debidamente justificados es como podría privatizarse.
Los más perjudicados en este proceso serían los empresarios privados que solo les preocupan las cuentas de resultados y no la calidad del servicio, ni las condiciones económicas y laborales de los trabajadores/as
La iniciativa de municipalizar servicios públicos esenciales, debe constituir un esfuerzo común de la inmensa mayoría social, se trata también con ello de reconquistar derechos básicos arrebatados como consecuencia de la claudicación continua de los que intercambian derechos por privilegios.
Municipalizar los servicios públicos locales es posible y además nos permite preguntar a qué vamos a dedicar el ahorro del sobrecoste de las privatizaciones, en lugar de preguntarnos qué vamos a recortar.
Solo hay dos alternativas: O se avanza en la municipalización de los Servicios públicos, o se mantiene la actual precariedad de los trabajadores/as y unos servicios de baja calidad y muy costosos.