La invasión imperialista rusa de Ucrania va a prolongarse, amenazando la paz y la estabilidad, y amplificando los efectos que ya está teniendo en las economías de todos los países europeos. Y la inflación no será un fenómeno coyuntural, sino que se prolongará al menos durante todo el año en niveles máximos, por encima del 7%, manteniendo una escalada de precios que lejos de remitir se está acelerando. Un escenario donde cada vez más organismos y analistas anticipan que conducirá a una recesión, una nueva crisis en Europa.
Una situación que golpea especialmente a nuestro país. Sufrimos con especial intensidad el atraco oligárquico-imperialista que se esconde detrás de la subida de la inflación. Si soportamos una inflación superior a la media de la Unión Europea es porque los oligopolios eléctricos y petroleros imponen un precio de la energía más elevado. Mientras los bancos y los oligopolios del Ibex-35 han repartido en el primer trimestre a sus grandes accionistas -principalmente grandes fondos extranjeros- dividendos que casi duplican los del año anterior, y anuncian para 2022 beneficios récord que superarán los 50.000 millones de euros.
España es el segundo país europeo -solo nos supera Grecia- donde las clases populares han perdido más poder adquisitivo gracias al bocado de la inflación. Y tanto la Comisión Europea como el Banco Central Europeo anuncian que España deberá acometer en 2023 -el año próximo- un «ajuste del gasto público», palabras que siempre significan nuevos recortes para el 90% de la población.
Nadie puede negar la urgente necesidad de un plan de choque contra los efectos de la inflación. Lo que nos estamos jugando es si, para proteger los beneficios del capital extranjero y oligárquico, se impone un nuevo recorte de salarios y condiciones de vida a la mayoría.
¿Sólo ayudas urgentes?
El decreto aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario supone una inyección de 9.000 millones de euros, que, sumados a las medidas ya aprobadas en abril, supondría una inversión total de 15.000 millones durante este año para atajar los efectos de la inflación.
¿Es este el «plan de choque» que las clases populares y el conjunto del país necesitamos para enfrentar la grave situación actual? No. ¿Va a poder revertir el empobrecimiento de las clases populares y el aumento de la desigualdad que está ya provocando la desbocada subida de la inflación? No.
La gran mayoría de las medidas propuestas son ayudas sociales que benefician a la población, especialmente a los sectores más vulnerables, y que debemos respaldar. Apoyamos que se conceda un cheque de 200 euros a las familias con menos ingresos, que se aumenten un 15% las pensiones más bajas o la cuantía del Ingreso Mínimo Vital, y que se rebaje el precio del abono transporte.
Pero ésta no es una política de redistribución de la riqueza. Sigue la línea de «proteger a los más débiles a través de un escudo social» consistente en ayudas, más o menos generosas, sufragadas por el Estado, a través de ayudas directas o de rebajas de impuestos. Puede contener el daño, suavizar los efectos de la subida de precios en algunos sectores, pero no impedir que siga aumentando el empobrecimiento general de la población y las desigualdades.
¿Por qué no redistribuir la riqueza?
Pero, al mismo tiempo, bajo el actual gobierno de coalición de izquierdas, los beneficios de bancos, oligopolios y capital extranjero no solo no se han recortado, sino que se han incrementado a pesar de la pandemia y los estragos de la inflación. Es especialmente significativo que en España no se permitan, en política económica, medidas que sí se están aprobando en otros países.
En España la sola mención de un impuesto a los beneficios extraordinarios de los oligopolios eléctricos, petroleros y gasistas ha provocado una tormenta política. Pero esta medida ya la aplican gobiernos nada sospechosos de «izquierdismo». El italiano - encabezado por el banquero Mario Draghi, el que firmaba los billetes de los euros antes de Lagarde- ha aprobado un impuesto para gravar con el 25% los beneficios extra de las eléctricas -aprovechando la subida del precio de la luz- para financiar un paquete de ayudas. Y un gobierno como el de Boris Johnson, en el Reino Unido, ha aprobado un impuesto extraordinario, también del 25%, a los beneficios, disparados, de petroleras y gasistas, con el que pretende recaudar 6.300 millones.
¿Por qué lo que se aplica en Italia y Reino Unido, no se puede en España?
Apoyamos todas las medidas impulsadas por el actual gobierno que benefician a la población, aunque sea de forma limitada y parcial. Defendemos una política de apoyo y exigencia hacia el gobierno de coalición de izquierdas.
Pero ningún «escudo social» va a poder proteger a las clases populares del atraco oligárquico-imperialista que supone la inflación. Sólo podrá hacerlo una auténtica política de redistribución de la riqueza, que impida a los oligopolios eléctricos y petroleros imponernos un precio de la energía artificialmente alto; que blinde las pensiones en la Constitución -frente a los intentos por recortarlas afirmando que «no será posible actualizarlas en función del IPC»- y que grave con una reforma fiscal progresiva los escandalosos beneficios, en plena crisis, de bancos, oligopolios y capital extranjero.
Cada vez es necesaria la más amplia unidad en torno a un programa de redistribución de la riqueza, única alternativa que puede dar solución duradera a las demandas urgentes.