De nuevo, la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional ha impuesto por enésima vez su oposición frente a las medidas legales adoptadas por el gobierno progresista en la pandemia, está vez rechazando la ley que estableció la valoración previa de las medidas de salud pública por parte de los Tribunales Superiores de justicia.
Hasta entonces sabíamos que no servía la declaración del estado de alarma como legislación de pandemias ni la cogobernanza, solo el estado de excepción, una limitación mucho más dura de los derechos fundamentales, que dieciocho días de interrupción de los trámites del registro del Congreso era negar el control parlamentario aunque se hubieran reunido las comisiones y los plenos, y ahora nos dicen que tampoco es constitucional la valoración previa de los tribunales para evitar las desautorizaciones y las contradicciones jurídicas, al objeto de garantizar la coherencia de las medidas frente a la pandemia.
Unas sentencias que contrastan de forma escandalosa con las de los tribunales de garantías de los países de nuestro entorno y con las de la propia Comisión de Venecia, que han avalado como necesarias y proporcionadas las medidas restrictivas de los estados de la UE frente a la pandemia bajo el paraguas de las legislaciones de salud pública, de alarma, de urgencia, de emergencia o de calamidad.
Con todo ello, el TC continúa con su papel de oposición política al gobierno cuando no de tercera Cámara legislativa, camino de la irrelevancia. Incumpliendo con ello el compromiso interno adquirido, con motivo de su reciente renovación parcial de superar la polarización y la confrontación, y en consecuencia de emitir los dictámenes en base al consenso entre la mayoría conservadora y la minoría progresista, al menos hasta tanto se produjera la renovación de los otros cuatro miembros previstos en la Constitución a propuesta del gobierno y del Consejo General de Poder Judicial.
Hasta ahora, lo cierto es que los argumentos catastrofistas de la derecha para incumplir el mandato de renovación de los órganos constitucionales han ido cambiando en cada ocasión y finalmente han quedado desmentidos por la realidad de los hechos. Que si Unidas Podemos, que si los apoyos parlamentarios, que si los indultos, que si las críticas a las sentencias.. sin embargo, ni los organismos hasta ahora renovados como tampoco la comisión de gastos reservados han supuesto ninguna amenaza para las instituciones ni para la seguridad del Estado. Por el contrario, la situación de interinidad, la perversión del juego de mayorías y minorías y su instrumentalización con objeto de hacer oposición al gobierno o desestabilizar el país, sí han socavado su legitimidad y su prestigio.
Todo apunta a que el nuevo varapalo del Tribunal Constitucional se trata no solo de un dictamen, sino a la vez un aviso para navegantes y de una amenaza de rechazo a una posible renovación parcial por parte del gobierno en ausencia de la del CGPJ, debido al previsible bloqueo sistemático de su renovación por parte de la derecha, que a pesar de que se prolonga ya a lo largo de casi tres años, ha vuelto a posponer la negociación con la excusa de las elecciones andaluzas, para eludir dar cumplimiento a la obligación constitucional de su renovación.
El mensaje no es sólo una mera impresión, ya que además la mayoría conservadora del TC se ha encargado de expresar su malestar a quienes desde los medios de comunicación o desde las fuerzas políticas conservadoras han querido prestar oídos al enésimo ruido de togas de esta legislatura.
Y todo, a pesar de que son conscientes de que la utilización del trámite previsto del cumplimiento de los requisitos legales por parte de los nuevos miembros del Tribunal no implica ni la toma en consideración sobre su nombramiento ni ningún derecho de veto del Tribunal Constitucional y aún menos de los miembros afectados por el relevo.
Algo que en el caso de producirse, no permitiría la continuidad de los que hubieran agotado su mandato, provocando el cambio en las actuales mayorías que la derecha pretende prolongar hasta su vuelta al gobierno.
Precisamente este filibusterismo del bloqueo en los nombramientos ha sido el procedimiento que le ha permitido a la derecha ir incrementando su mayoría en los órganos institucionales con independencia de los cambios de gobierno. Bloqueo cuando soy minoría y solo desbloqueo cuando recupero la mayoría.
Tampoco es de recibo atribuir ahora el bloqueo en la renovación del TC a la reciente reforma legislativa del gobierno que ha reducido las competencias del Consejo General del Poder Judicial, cuando este ha agotado su periodo de vigencia. Un intento por el contrario de impulsar la negociación aunque tampoco haya funcionado. Lo cierto es que salvó la obligación constitucional el PP y la derecha en general no tienen incentivos para la renovación.
En definitiva, continúa con todo ello la judicialización de la política por parte de los sectores conservadores, que como en el caso de la derecha política y de los medios de información de su entorno, se han declarado en rebeldía frente al nuevo gobierno y la mayoría parlamentaria que lo sustenta desde el mismo momento de su constitución. Lo peor es que la rebeldía y el descrédito consiguiente de las instituciones son las que provocan la cronificación de su crisis, camino de la irrelevancia.