Se cumplen ahora diez años, a finales de este mes de mayo, del inicio de una de las movilizaciones más importantes y contundentes por las que ha atravesado la clase obrera en el estado español, al menos en la época democrática.
Es la que se desencadenó en 2012 por lo que suponía, y ha supuesto, una serie de incumplimientos unilaterales por parte del Partido Popular, que en su afán de recortes presupuestarios metió la tijera de forma salvaje en los acuerdos contraídos con las organizaciones Sindicales y patronales sobre lo reflejado en el denominado «Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras» plenamente vigente en aquellos momentos.
Dicho recorte, supuestamente con un motivo económico y presupuestario, a algunos al menos en el plano sindical e ideológico, se nos antojaba que tenía también otra serie de connotaciones, una de ellas y no la menor, era actuar de forma punitiva contra unos trabajadores, los mineros, que históricamente se han caracterizado por la defensa a ultranza de sus intereses de clase pero siempre con la visión global de que el conjunto de la sociedad, y muy especialmente de los territorios donde se desarrolla su actividad, eran y debían de ser partícipes de dichos intereses.
Sin duda solo así se explica la respuesta social, y no solo laboral, que tuvieron aquellas movilizaciones: paro total del sector, más de 60 días de huelga, encierros, cortes de carreteras masivos, multitudinarias manifestaciones, adhesiones en todos los ámbitos de la sociedad tanto en España como fuera de ella, una marcha a pie hacia Madrid que culminó en la capital con una demostración de solidaridad en las calles que sigue siendo histórica....
En lo «meramente» material suponía un golpe fatal para un sector, la minería, que el Propio Plan denominaba como estratégico para los intereses generales del estado en virtud de lo cual se obligaba a las compañías eléctricas al consumo de carbón nacional y recibían una compensación en cuanto a costes respecto a los carbones de importación. Quiero hacer hincapié en esta cuestión de sector estratégico ahora que, pasados diez años, nos hemos generado una serie de dependencias de otras materias primas energéticas, se supone que, en aras de un mundo más verde, pero de las que en España carecemos en absoluto.
Y también económicamente se tocaba directamente a unas comarcas que venían percibiendo, virtud a acuerdos como el que el PP decidió unilateralmente incumplir, fondos destinados a otra cuestión que reflejaba el propio título de lo que comúnmente conocemos como Plan de la Minería y que era dotarlas de ese «Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras» que llevamos decenios esperando y que nunca termina de llegar.
Sobre el aspecto social y laboral de la movilización solo me cabe a mí, en nombre de la Federación de CCOO de Industria de Asturias, trasladar, a 10 años vista de aquel hito histórico, nuestro reconocimiento como organización a todas aquellas personas que se volcaron de una forma u otra por conseguir que el grito de rabia frente a la brutal agresión se oyese alto y claro: a los trabajadores y trabajadoras, por supuesto, a sus familias, a las comarcas de toda España que pararon para secundar la protesta, y a esos ciudadanos anónimos que alentaban a quienes caminaban hacia Madrid. Que nadie olvide que los mineros y las mineras, que las comarcas enteras, exigían hace diez años lo mismo que exigen hoy: futuro y no compensaciones, alternativas y no medidas unilaterales.
Desde CCOO lo hacíamos entonces con la misma convicción que lo seguimos haciendo hoy y podemos decir, sin ponernos colorados, que pensábamos solamente en combatir las políticas del Partido Popular y de Mariano Rajoy y no, ni sindical ni personalmente, en aprovecharnos de la amnistía fiscal que el propio Rajoy y el inefable Cristóbal Montoro habían urdido y en la que está pendiente de determinar en los juzgados si era la cuestión que por aquel entonces atribulaba los pensamientos de alguno.
Y con esa misma convicción decimos hoy, diez años después, con un gobierno de color diferente, pero con las mismas intenciones hacia el sector de la minería, que es el momento de reconocer los errores del pasado.
Que ha dependido y depende de un aspecto absolutamente ideológico el que la minería del carbón haya podido ser el sector estratégico que este país necesita para mantener la soberanía frente a terceros y que se ha vendido, en pro de un futuro más verde, nuestra independencia energética del modo más infame.
Ese aspecto ideológico no lo ha tenido ni el Partido Popular, en 2012, y no lo está teniendo el PSOE y sus socios de gobierno en 2022 ni en los años que lleva de mandato, pese a que la propia Unión Europea demuestra que leyes tan inamovibles como las que se nos decía que terminaba con el concepto de «Garantía de Suministro» para esa independencia energética llegaban a su fin. ¡Y ahora se establece una moratoria para disminuir la dependencia de gas natural por carbón o energía nuclear y precisamente garantizar ese suministro y esa independencia de fuentes de energía!
¡Pero si estamos teniendo que comprar el carbón de importación a precios que nunca alcanzó el carbón autóctono!
Por desgracia una vez más el tiempo nos da la razón a CCOO.
Nos la dio en 2010, cuando dijimos que no había voluntad de mantener el sector desde España más allá de 2018.
Nos la dio en 2012, cuando dijimos que aquellos recortes eran letales para sector y comarcas.
Nos la da hoy, cuando tras hacer desaparecer la consideración de estratégico hacia el carbón nacional, pasamos a depender de criminales de guerra como Vladimir Putin para calentar nuestros hogares o de países como Marruecos o Argelia, que son el colmo de la «estabilidad» en el ámbito geopolítico.
El idilio de España con el gas natural no viene de ahora: Teresa Ribera es una de las autoras intelectuales del almacén Castor, destinado a acumular este producto con la intención de ir vaciando de contenido a la producción de energía con carbón, y que ha supuesto uno de los mayores fiascos económicos para las arcas del estado español y de todos sus ciudadanos y ciudadanas. Lo de la ministra ya casi se puede llamar el «gas de la risa», al menos la que le debe de dar a ella, porque a nosotros maldita la gracia que nos hace.
Al fin y al cabo, por si alguien se había despistado, los mineros reivindicaban en 2012 algo tan justo y aparentemente sencillo como es la defensa de su futuro, de su empleo y de que sus vecinos y vecinas no pagasen las veleidades presupuestarias de Montoro como ahora pagamos las fantasías ecológicas de Teresa Ribera.
A ver si alguien piensa que la gente se encierra, se tiró a las carreteras o se queda en casa sin cobrar por capricho o para hacerle el caldo gordo a alguien hace doce años. Por eso tampoco ahora le vamos a limpiar la cara a los que decían que había que echar al Partido Popular a cualquier precio y para ello querían usar a los mineros de ariete, mientras que a efectos prácticos están haciendo lo mismo con la excusa ecologista. Eso sí: hasta que llega Putin y entonces Europa cambia el chip. La energía nuclear es verde, y el carbón, si hace falta también.
Quizá así se explica la diferente velocidad entre cerrar las térmicas, y a poder ser desmantelarlas con vistosas voladuras controladas grabadas con drones de última generación, y otras cuestiones como por ejemplo la restauración medioambiental que tres años y medio después de su firma siguen siendo una entelequia.
Si alguien, alguno o alguna, en su miasma ideológica, social, política, ecológica o cualquier otra cocción por la que hayan pasado sus neuronas pensaba que los mineros y sus comarcas se alzaron en 2012 frente a una flagrante injusticia lo hacían de forma abstracta, como por ciencia infusa, siento decirle, porque en CCOO lo tenemos claro, que estaban y están equivocados.
Los motivos hoy, siguen siendo tan vigentes como entonces, porque iguales son las consecuencias y el tiempo las demuestra.
Diez años de una movilización son muchos, o pocos, depende quien los cuente, y por supuesto la situación ni es ni será la misma, pero teníamos y tenemos razón, lo demuestra el tiempo y el momento actual.
En 2012 el gobierno de turno trató de combatir a los mineros con el verde de la guardia civil. En 2022 otro gobierno quiere combatirlos con el verde de un ridículo ecologismo extremo que Europa ya ha desmentido.
Aprendamos del pasado, no tratemos de aprovechar sólo las partes vistosas que más se acomoden a los intereses políticos de turno, porque caeríamos en un grave error y por eso aquella movilización, su fondo y sus fines, siguen hoy, como entonces, plenamente vigentes y desde CCOO la reivindicamos con la misma fuerza y sin ambages.