Donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos. Este es el argumento con el que, a propósito de los impuestos, los fundamentalistas del lucro indiscriminado camelan a quienes no ven más allá de sus carteras. Una justificación de la objeción fiscal de corte antiestatista que, como acababa diciendo en el capítulo anterior respecto a las exigencias (y ofertas electorales) de rebajas fiscales, no es sino un timo. Porque lo que pudiéramos dejar de pagar en impuestos no nos va a sacar de pobres, pero nos va a hacer aún más pobres, a medio plazo, cuando tengamos que pagar por servicios necesarios que han sido degradados o privatizados; en vez de tener unos servicios públicos universales y de calidad. Porque todos sabemos, aunque no lo quieran decir, en el bolsillo de qué ciudadanos va a acabar ese dinero.
Que se lo cuenten a quienes, en el país de referencia neoliberal, enferman y mueren por no poder pagar intervenciones médicas privadas, con un sobrecoste (lucro) escandaloso; o estudiantes que viven en sus coches en aparcamientos habilitados al efecto por las universidades, ante el creciente número de alumnos que no pueden pagar un alquiler después de haberse hipotecado por lustros para financiar una carrera universitaria. A quienes no tienen más argumentos para defender este modelo que mostrarlo como única alternativa al de Corea de la Morte o Cubazuela, les invito a que busquen la posible correlación entre presión fiscal, tamaño del sector público y calidad de vida. A ver si con un poco de honestidad intelectual llegan alguna vez a los Estados del Bienestar escandinavos. ¿Tendrán libertad allí?
Sigamos. El propósito real de esa objeción fiscal no es que el contribuyente medio pueda disponer de unas decenas, acaso unos pocos cientos, de euros más al año (pan para hoy) sino para acabar legitimando la elusión fiscal de grandes empresas y rentas altas favorecida por determinados gobiernos, tan cara para el contribuyente real. Más allá, hay quienes, desde un egoísmo exacerbado y socialmente corrosivo, justifica la evasión fiscal de recursos obtenidos, demasiadas veces, de forma lesiva para terceros.
Es la negación del contrato social que sustenta la convivencia de los Estados democráticos. Como dice el experto en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, y miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, el jurista colombiano Rodrigo Uprimny: «Si un país tiene una Constitución que dice que es una nación democrática basada en la igualdad, pero su sistema tributario está lleno de privilegios fiscales, que perpetúan o acentúan las desigualdades sociales, entonces ese país no es democrático, sino una sociedad estamental fundamentada en favores y privilegios». Qué decir de un país de comisionistas en el que el mejor ejemplo es el Rey; pues que quienes aplauden su regreso no parecen tener entre sus ideales una democracia basada en la igualdad. Diría para empezar.
Y es que no solo se han ido desmantelando las estructuras de cuidados mutuos que nos han permitido sobrevivir como especie —la tribu, la familia extensa que nos ha protegido hasta el siglo XX—, sino que, en virtud de la ley de la selva anarcoliberal, se están degradando deliberadamente unos servicios públicos que, en nuestras sociedades masificadas y, a la vez, disgregadas, sustituyen, de alguna manera, aquellas estructuras de cuidados —educación, sanidad, etc.— para mayor lucro de acaparadores.
Acaparadores que, en contra de la justicia fiscal, la equidad y la fiscalidad progresiva, tienen que recurrir a la pataleta de niño avaricioso de los impuestos confiscatorios entrelazada con el mito de la meritocracia para convencernos de que si fuéramos ricos también querríamos huir de Hacienda y que solo puede tener una vida digna quien pueda pagársela. Porque seremos fascistas, pero sabemos gobernar y ya te digo que no podemos regalar la educación a todo el mundo. Ahora, subvencionar la educación privada de familias bien, bien. Porque esos centros, al menos, no adoctrinan como la escuela pública. Además, para qué estudiar filosofía moral; mejor emprendimiento.
Por otra parte, la gestión fraudulenta de los impuestos por parte de los responsables políticos de turno no es razón para ponerlos en cuestión, sino motivo para enjuiciar con severidad a los corruptos. Pero, claro, si quienes promueven la ideología de la rapiña quedan impunes cuando la ponen en práctica con recursos públicos en beneficio propio, tal vez debas ir buscando a algún pariente de alcalde o presidente y, ya sabes, ser emprendedor.
¿Y la próxima semana? La próxima semana hablaremos del gobierno.