Mientras en países como Francia sigue en pie el frente republicano para impedir que la extrema derecha alcance el poder, en España se desarrolla una verdadera campaña para presentar a Vox como partido «constitucionalista». El término adoptó su acepción política, con el teórico fin de identificar a los que exigían que se respetasen las leyes, cuando el nacionalismo catalán mayoritario giró hacia un independentismo que, para lograr su objetivo, pretendió prescindir de lo dispuesto en la Constitución. Pronto aparecieron organizaciones, como Libres e Iguales o el radicalizado Partido Popular de Pablo Casado, que se autoconcedieron la capacidad de otorgar cartas de naturaleza «constitucionalista», lo mismo hicieron periodistas y medios de comunicación ideológicamente afines o inclinados hacia la más neta extrema derecha. Toda la izquierda, incluido el PSOE «sanchista» y los medios, personalidades públicas e intelectuales que no comulgaban con el nacionalismo español radical cargaron con el sambenito de enemigos de la Constitución. El retorno a la normalidad institucional en Cataluña y la pandemia diluyeron un poco la caza de brujas practicada por los autoproclamados guardianes de la Constitución, aunque la extrema derecha no perdió la ocasión, amparada por la discutible sentencia sobre el estado de alarma del sector más conservador del incompleto Tribunal Constitucional, de acusar al gobierno «socialcomunista» de poner en peligro las libertades fundamentales con sus medidas para limitar los contagios. Ahora, la concesión de la limpieza de sangre constitucional a Vox se ha convertido en una forma de blanquearlo.
El término «constitucionalista» es ambiguo. Tradicionalmente se aplicó a los expertos en Derecho Constitucional, categoría en la que no entra la mayoría de los nuevos inquisidores, ahora, parecería reducirse a definir a una secta de adoradores de la literalidad del texto aprobado en 1978, eximida, eso sí, de la exigencia de comprenderlo. Con este criterio, los únicos constitucionalistas serían los miembros del PP y afines, cuyo amor por la sagrada norma les impide cuestionar siquiera una de sus comas. Fuera quedarían todos los sacrílegos que, aunque la respeten e incluso compartan sus principios fundamentales, desean reformarla. Lo difícil es comprender cómo puede incluirse a Vox en ese concepto de «constitucionalista”».
Pocos partidos son hoy en España tan contrarios a la Constitución como esa organización de ultraderecha. El señor García Gallardo, flamante copresidente de la Junta de Castilla y León, ha dejado muy claro que su partido desea suprimir un título completo del texto constitucional, el VIII, que trata sobre la organización territorial del Estado. Ahora bien, su rechazo afecta también al título preliminar, uno de los considerados esenciales y que, por ello, exige un procedimiento especial de reforma, que declara, en el artículo segundo, que la Constitución «garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».
No se limita al artículo 2 y al título VIII su oposición a la Constitución, también afecta a los derechos fundamentales reconocidos y protegidos en el título I. Concretamente, al artículo 16, que garantiza la libertad ideológica; al 20, que hace lo mismo con la libertad de expresión, y al 22, que protege el derecho de asociación. Solo violando esos artículos constitucionales podría Vox prohibir a los partidos nacionalistas que defienden la existencia de naciones distintas de la española, como ha planteado reiteradamente, o a otros que abrazan ideologías que le disgustan.
Tampoco está claro que ese partido machista y xenófobo se sienta muy cercano a lo dispuesto en el artículo 14: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social». Ni acorde con el 3, en tanto que establece la oficialidad de las lenguas de las comunidades autónomas y afirma que «La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Además, ha puesto de manifiesto reticencias hacia la libertad de cátedra y su conflictiva relación con los medios liberales o de izquierdas no permite pensar que le enamore la libertad prensa.
A Vox no le gusta esta Constitución. Es tan constitucional como cualquier otro partido, incluidos Bildu y ERC, mientras la respete y actúe dentro de las leyes, aunque no debe pasarse por alto su advertencia de que piensa violarla cuando llegue al poder, pues eso supondría la prohibición de partidos políticos solo por su ideología. ¿Es «constitucionalista»? Puede que de alguna Constitución, no han dicho todavía que piensen gobernar sin ninguna, pero no de esta, esperemos no tener que sufrir la suya.
La animadversión a las constituciones democráticas es común a todas las extremas derechas, lo han demostrado en Rusia, Polonia y Hungría, donde obtuvieron mayoría suficiente para reformarlas o hacer otras nuevas a su acomodo. Uno de los asuntos que, aunque fue poco comentado en España, salió a relucir en el reciente debate entre los candidatos a la presidencia de Francia fue la pretensión de la señora Le Pen de modificar la Constitución en lo relacionado con la inmigración mediante un referéndum, sin someter la reforma al parlamento, un verdadero golpe de estado. El procedimiento es el que tanto utilizaron dictadores como Hitler, Mussolini o Franco; el argumento, que el pueblo puede decidir directamente sin cortapisas constitucionales. El problema de los autoritarismos ultraderechistas, sean puramente fascistas, neofranquistas o nacionalistas «iliberales», es que se sabe cómo llegan al poder, pero resulta mucho más difícil que lo abandonen democráticamente.
El irrefrenable deseo de desalojar a las izquierdas del gobierno es lo que ha conducido a sectores del PP, especialmente a la señora Ayuso, y a algunos medios y columnistas a blanquear a Vox, la chulería con que se ha comportado ese partido en Castilla y León debería hacerlos reflexionar. El señor Mañueco ha sido reiteradamente humillado, desde la forma en que se hicieron públicos los nombres de los consejeros de García Gallardo hasta la fijación de la fecha de la investidura, aunque, al menos, el señor Núñez Feijoo fue capaz de mostrarle a Abascal que no estaba dispuesto a convertirse en su marioneta. Veremos si los complejos que ha perdido el señor Mañueco eran los que le hacían aparecer como demócrata, lo que se anuncia sobre la violencia machista y la memoria democrática hace temer lo peor.
Sorprende que los mismos que recriminan al actual gobierno de coalición que acepte los votos externos de Bildu en determinadas leyes, un partido que, al fin y al cabo, ha rechazado públicamente la violencia y se ha solidarizado con las víctimas del terrorismo, defiendan las coaliciones del PP con Vox y, por tanto, miren para otro lado ante el escarnio que reiteradamente hace ese partido con las víctimas del franquismo y sus familiares. El espectáculo que dieron, ellos y sus adalides mediáticos, con la mención del presidente Zelenski al bombardeo de Gernika, cometido por nazis alemanes aliados de Franco, solo demuestra, una vez más, cuál es su verdadero rostro.
Si se ha producido la invasión de Ucrania es porque en Rusia gobierna la ultraderecha nacionalista. Si hubiese vencido Marine Le Pen en Francia destrozaría la Unión Europea y se habría abierto el camino para que renaciese lo peor de la historia del continente. ¿Es ese el futuro que queremos? La holgada victoria de Macron da ciertas esperanzas, la ley electoral francesa volverá a reducir el peso parlamentario de la extrema derecha, pero los millones de francesas que han expresado su descontento votando a Le Pen seguirán ahí. Vox ya ha felicitado a la candidata francesa por el apoyo conseguido. Espectacular fue este mismo domingo la derrota de la hasta ahora gobernante ultraderecha en Eslovenia, el vencedor, Robert Golob, lo ha dicho con rotundidad: «tenemos un mandato claro para restablecer la libertad». Lo deseable es no perderla, pero bien está que se recupere en un país europeo que había caído en la trampa del populismo ultraderechista.
No se trata de establecer prohibiciones de partidos, que nunca se sabe dónde terminarán, sino de hacer frente a las nuevas extremas derechas nacionalistas con ideas, con pedagogía, con esa empatía hacia los marginados de la prosperidad que le falta a Emmanuel Macron. Con valores que permitan a los partidos democráticos, a derecha y a izquierda, distinguir qué es lo esencial, qué debe unirlos sin hacer desaparecer sus diferencias, no solo legítimas, sino indispensables para que exista una verdadera democracia. Libertad, igualdad, fraternidad y democracia, ahí están las claves de una sociedad nunca perfecta, pero razonablemente acogedora. Parece fácil asentar esos principios de convivencia, pero la realidad nos muestra todos los días que no lo es.