Si pensábamos que la crisis en el PP por los contratos para la compra de mascarillas se había terminado estábamos errados. Después de la conocida mediación del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid ayer nos enteramos de que un primo del Alcalde de la capital de España hizo algo parecido en el Ayuntamiento. Imagino que el señor Almeida correrá la misma suerte que la señora Ayuso, lo que deja a Feijóo (que ayer tuvo su primera reunión con Pedro Sánchez) como una marioneta que no se atreve a poner orden por mucho baño de masas que se diera en Sevilla. Es evidente que con el precedente que sufrió Casado (que le costó su carrera política) creo que se puede dilucidar que en el PP no es tanto que se extralimiten ciertas personas (‘las ranas’ de las que hablaba Esperanza Aguirre) sino que hablamos de un problema estructural del que seguramente será muy difícil solucionar (a menos que se haga una refundación al estilo de CiU para limpiar los trapos sucios). El nivel de golfería es tan grande que con dinero público dos comisionistas (Luis Medina se llevó un millón de dólares y Alberto Luceño cinco) se compraron relojes, coches y casas de lujo (entre otras). Si nos remontamos a los inicios de la pandemia en marzo de 2020, la hemeroteca nos recuerda todo lo que sacaron por su boca dirigentes del PP como Ayuso y Almeida ante la falta de material sanitario en España. Dos años después estamos viendo cómo habían conseguido hacerse con todo ese material. Los dos siguen en sus puestos y con toda la pinta de que ni dimitirán, ni les cesarán, ni les expulsarán ni les pasará nada. Las instituciones públicas no se pueden dejar en manos de gente así, porque la gestión del dinero público tiene que ser minuciosa y honrada, cosa de la que el PP en Madrid no es ningún ejemplo.
En el trasfondo de lo que se ha publicado en relación con la Feria de Abril de Sevilla, poco se ha dicho lo explotados que nos encontramos (en general) las y los trabajadores. Los descansos y las vacaciones son esenciales para nuestra salud y para nuestro rendimiento, por lo que no son ningún capricho del empleado ni un favor del empresario. La falsa polémica que se difundió con que la reforma laboral aprobada por el actual gobierno de Pedro Sánchez (con aquella votación polémica) hace inviable la celebración de un evento de estas características ha destapado lo que tienen que asumir aquellas personas que trabajan allí aceptando unas condiciones abusivas. Desde 1919, tras la huelga en Barcelona de La Canadiense, se decretaron las cuarenta horas a la semana (ocho horas al día), y desde 1980, el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores dice que «entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, como mínimo, doce horas». Por tanto, si los caseteros de la Feria de Abril dicen que no pueden ofrecer contratos de más de ocho horas, ¿están confesando que han estado incumpliendo la normativa desde siempre? Uno de ellos declaró ante las cámaras de televisión que hay días en los que una persona puede trabajar 15 horas. ¿Y eso está reflejado en un contrato, o estamos hablando de economía sumergida?