Quizás el paso de los tiempos haya roto algunas estructuras. Aunque pueda coincidir con que hay formas de organizarnos que necesitan una profunda renovación, hasta que no haya una alternativa reconocida legalmente, pienso que debemos respetar la representatividad de los partidos políticos, de los sindicatos y de asociaciones de todo tipo (vecinales, educativas, culturales, deportivas, ONG…) para conseguir avanzar en derechos y mejoras sociales. Los paros que estamos viendo en el transporte son un ejemplo de lo que quiero decir.
Mucho se repite estos días mensajes como que una minoría está perjudicando al resto y que no estamos ante una huelga, sino que es un cierre patronal. La Plataforma en Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera no pertenece al Comité Nacional del Transporte por Carretera, que es a quien, lógicamente, el Gobierno nacional reconoce para negociar y llegar a acuerdos. Sin embargo, en los medios de comunicación esas personas que vemos a las puertas de los polígonos industriales intentando que ni entren ni salgan camiones se autoproclaman como los verdaderos defensores del sector que sufren las consecuencias de la actual escalada de precios en el combustible.
No creo que nadie sea ajeno a los problemas que atraviesan, e incluso uno se siente en la obligación de manifestarles empatía, pero ante sus exigencias de reunirse con el Ministerio de Transporte para mejorar su situación conviene señalar que tendrán una capacidad importante de movilización tal y como demostraron en Oviedo/Uviéu el pasado sábado, pero los autónomos no tienen derecho a la huelga porque la Constitución no ampara un cierre patronal.
Cabe preguntarse si las actuales condiciones en las que viven millones de trabajadoras y trabajadores, entre ellos los que se dedican al sector del transporte, les obliga a ser falsos autónomos (que puede ser una causa en la frustración que sufre estas personas al verse tan curritos como los demás pero sin los mismos derechos que las y los asalariados). Sin duda alguna pienso que ha faltado (y seguirá así si nadie pone remedio) más inspecciones de trabajo y mayor labor sindical para detectar y denunciar casos, algunos además muy evidentes, pero conviene que delimitemos el campo de actuación: aceptemos las reglas, respetemos la representatividad legítima de las organizaciones reconocidas para velar por los derechos de las personas e intentemos mejorar el sistema (no ir cada uno por nuestra cuenta y provocando los problemas que están generando estos paros, tal y como se puede observar en muchos supermercados, en los puertos marítimos, en los talleres de vehículos y en todo lo relacionado con las entregas de mercancías).
Mientras se cumple un mes de la invasión rusa a Ucrania, inesperadamente España ha dado un vuelco a la posición histórica mantenida con el Sáhara occidental. Las razones que ha explicado el Presidente del Gobierno, en una visita a Ceuta y a Melilla para mostrar su apoyo al plan de autonomía marroquí presentado en 2007 ante Naciones Unidas, básicamente se centran en que es importante tener una buena relación con el reino alauí por temas de seguridad, de control migratorio y de índole económica. No niego la importancia de llevarnos bien con nuestro vecino del sur, pero a menos de que haya un acuerdo previo con todas las partes y que no conozcamos, incluyendo al Frente Polisario, a Argelia (recordemos que en el caso de nuestro país el gas que consumimos viene de allí, no de Rusia) y a Mauritania, más bien parece que esta decisión conlleva en la práctica abandonar a su suerte al pueblo saharaui.
Soy consciente de que hablamos de un conflicto que lleva casi 47 años estancado, pero la actualidad ha hecho coincidir esta decisión con una guerra en el este de Europa en el que nos hemos posicionado a favor de la legalidad internacional y en contra del ataque a un país soberano. Cabe recordar que sigue en vigor una resolución de la ONU (la 690, del 29 de abril de 1991) que reconoce el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación. Si ha sido determinante que Estados Unidos, Francia y Alemania consideren mejor la integración en Marruecos de todo ese territorio, estaremos una vez más viendo que prevalece la geopolítica en vez de la justicia que hasta ahora España, y muy significativamente el PSOE, defendía en esta causa.