Desde el FMI, la Comisión Europea, el Banco de España y la gran patronal se pide que los salarios suban por debajo del IPC que terminó el año en el 6,5%, provocando una nueva pérdida de poder adquisitivo que se extiende al conjunto de las clases populares. El oligopolio eléctrico mantiene el atraco impuesto con la brutal subida de la luz. Y desde Europa, mientras se negocian las reformas pendientes, llegan avisos de subida de los intereses que España tendrá que pagar para devolver la deuda contraída por la pandemia.
En las elecciones castellanoleonesas vuelve la disputa entre dos fuerzas enfrentadas: las que representan el avance de un proyecto de saqueo y degradación del país, y la resistencia de un viento popular y patriótico que mantiene una importante influencia.
En primer lugar, se va a determinar bajo qué condiciones llega el gobierno de izquierdas al final de la legislatura. Si satisface, aunque sea parcialmente, demandas sociales de la mayoría progresista, o si profundiza una «recuperación» que golpee a las clases populares bajo las imposiciones de la oligarquía y el capital extranjero.
En segundo lugar, si se consolida o no como alternativa de los grandes centros de poder nacionales y extranjeros un «gobierno de los recortes sin complejos», nucleado en torno al PP con el apoyo de Vox.
Y tercero. Este año van a dilucidarse cuestiones importantes en el campo de la izquierda, especialmente en las alternativas que se presentan a los electores (entre 4 y 7 millones) a la izquierda del PSOE.
Castilla y León, una comunidad de contrastes
Castilla y León es una comunidad rica, pero cuya distribución está sometida a enormes desigualdades y deficiencias sociales y territoriales. Por eso, cualquier alternativa que aspire a cambiar, de verdad, las bases de esta situación, debe partir obligatoriamente de la redistribución de la riqueza.
Es la comunidad con mayor extensión de España y de Europa, formada por 9 provincias: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora; y 2.248 municipios.
Con 2,4 millones de habitantes es la 6ª con más población de España; un territorio muy extenso y muy poco poblado, 25 hab./por Km2, pero no es estrictamente una «comunidad rural». Casi el 50% de la población se concentra en las ciudades.
Es una comunidad rica. Ocupa el octavo lugar por PIB de España, con un PIB per cápita antes de la pandemia de 26.658 €, por encima de la media nacional (26.420 euros).
Burgos es la 6ª provincia con mayor poder adquisitivo de España, solo por detrás de Madrid, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Barcelona. La base es su alto nivel de desarrollo industrial.
La industria aporta el 26% del PIB regional, con sectores tan importantes como el de la energía (es la región española que más energía produce, especialmente hidroeléctrica), el sector agroalimentario, automoción y químico-farmacéutico…
Sin embargo, es también una región con grandes desequilibrios territoriales, desigualdades y deficiencias, que reflejan el fracaso de 34 años de gestión de los gobiernos del PP desde 1987. La gestión del PP no solo no ha resuelto esos problemas, sino que los ha profundizado: Burgos y Valladolid son dos motores económicos, pero León, Zamora y Salamanca encabezan las listas de despoblación. Casi 90.000 personas se encuentran en riesgo de pobreza severa. Castilla y León es la 6ª comunidad con más listas de espera…
Redistribuir la riqueza en Castilla y León
Siete de cada diez trabajadores castellanoleoneses han perdido poder adquisitivo. Hay que revertir ese trasvase generando nueva riqueza sostenible y empleo productivo y de calidad. Subiendo salarios y pensiones e imponiendo un techo salarial para las rentas más altas: ningún salario ni pensión por debajo de 1.000 euros netos al mes, y ninguno por encima de 10.000.
Castilla y León sufren ahora la mayor caída de actividad (-15,8%) del país. Hay que reindustrializar, con medidas de redistribución de la riqueza, como subir los impuestos a bancos y multinacionales y grandes fortunas, y bajárselos a las pymes y autónomos. Mediante planes de desarrollo integral que reconstruyan y modernicen el tejido productivo rural e industrial, apostando por las nuevas energías, garantizando unos servicios básicos en infraestructuras, telecomunicaciones y energía, y una sanidad a prueba de pandemias, con atención especial al mundo rural.
En 21 años, hasta 6.000 ganaderos y agricultores castellanoleoneses han echado el cierre, asfixiados por unas imposiciones monopolistas que no les dejan margen de beneficios. Es necesario proteger a las pequeñas y medianas explotaciones, base de la economía rural, e impulsar el cooperativismo. Apoyar a los jóvenes agricultores y ganaderos e impulsar la modernización de los modelos productivos tradicionales.
Las macrogranjas son un peligro para la industria cárnica y las personas. Aumentan la desigualdad entre ganaderos y contaminan los acuíferos, amenazando la agricultura y la salud pública. Es preciso fomentar la ganadería extensiva, ayudar a las pequeñas explotaciones intensivas y prohibir las macrogranjas.
Con una alta tasa de población envejecida, el cuidado a nuestros mayores debe ser prioritario. Uno de cada cuatro mayores de 65 años vive solo, una soledad que afecta más a las mujeres. Hay que blindar las pensiones en la Constitución e invertir en cuidados, creando centros de día en el mundo rural para que puedan disfrutar en su entorno próximo y no tener que irse a macro residencias en zonas alejadas.