Uno de los artículos más cuestionados de la Constitución Española, y no por su redacción sino por su poca efectividad, es el 47, que dice que todas y todos los españoles tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna. No hace falta explicar que continúa siendo una utopía para la gran mayoría de la población disponer de un hogar adecuado a sus circunstancias. Creo que mientras se tenga el concepto de que un piso es sobre todo una inversión seguiremos viéndolo como un negocio en contraposición al derecho constitucional. No hay que meter en el mismo saco a los grandes tenedores que a los pequeños propietarios, pero el acceso para muchas personas a un alquiler se hace cuanto menos difícil en estos tiempos con tanto trabajo precario y mal pagado. Es evidente que las y los inquilinos deben cumplir con su obligación de pagar y que los impagos provocan que haya caseros que prefieran tener su vivienda vacía, pero también es cierto que hay zonas tensionadas donde el alto precio de la mensualidad es tan alto que no se podía mirar para otro lado ante tales abusos. He leído argumentos de todo tipo sobre la utilidad que tendrá el abono joven, entre otras cosas por la sospecha de que habrá propietarios que aprovecharán a subir aún más los precios para que al final esas ayudas acaben en sus bolsillos, pero espero que las posiciones más optimistas triunfen y se consiga así mejorar el acceso al alquiler de un piso por parte de gente con recursos económicos limitados.
El PP parece que ya se cansó de seguir criticando a Alberto Garzón y su nueva campaña de desprestigio tiene como foco los fondos europeos. Desde el partido de Pablo Casado están haciendo una vez más el ridículo al acusar a Pedro Sánchez de distribuir las ayudas en función de quien gobierna cada comunidad cuando cuatro de las seis autonomías más beneficiadas son del PP. Teodoro García Egea, que ha debido de ser de los pocos que ha podido beber un culín de sidra en el stand de Oviedo/Uviéu en FITUR (los demás se tenían que conformar con hacer una fotografía imitando que estaban escanciando), no ha desaprovechado la oportunidad de vincular este tema con los ERE de Andalucía, al igual que sirve usar a ETA para meter baza ante las dificultades que hay para conseguir una mayoría que saque adelante el acuerdo de los agentes sociales para una nueva legislación laboral que deje atrás la reforma de 2012 de Rajoy. No sé si estas estrategias les ayudarán a o no (tal y como señalaba ayer el CIS, parece que no), pero la deslealtad y los argumentos que lanzan a Europa de nuestro país es de poco patriotas y de malas personas.
No me parece mal que la gente se cambie de partido si se va a encontrar mejor otra formación política. No obstante, algunos viran tanto que pasan de la noche al día. Se ha publicado que ante la desintegración de Ciudadanos, en Castilla y León algunas de las listas de las agrupaciones de electores de la llamada ‘España vaciada’ se han completado con personas que hasta hace nada militaban en un partido centralista (y ahora defienden el cantonalismo). Le veo más lógica a sucesos como el de Pravia, porque el PP y Ciudadanos siempre me parecieron partidos muy parejos, aunque en este caso creo que hay que decir alto y claro que es espantoso que esos tres concejales, que no dejan de ser unos tránsfugas, hayan sido aceptados en el PP sin que se presentarán a las elecciones por este partido. Si el objetivo es unir al centro-derecha, como ha argumentado Teresa Mallada, creo que debería darse en los próximos comicios, no ahora.