Según los cálculos que ha realizado Izquierda Unida de Asturias sobre los tiempos necesarios para la tramitación de nuestra reforma estatutaria en el Congreso de los diputados y diputadas, el próximo 31 de enero la reforma del Estatuto de Autonomía entrará en vía muerta y quedará a merced de alguna solución excepcional que pudiera encontrarse por parte de las y los legisladores estatales si es que tuvieran ese interés.
A nuestro juicio, si la vigente legislatura estatal agotara la totalidad de su duración prevista, que llega a otoño del 23, la reforma estatutaria asturiana, para ser aprobada, tendría que ser enviada al Congreso en el mes septiembre de 2022 y, por tanto, eso exigiría comenzar la tramitación en la Junta General de forma inmediata tras el día 31 de este mes de enero. Por tanto, Izquierda Unida entiende que cualquier reforma que el parlamento asturiano inicie más allá de los primeros días de este próximo febrero va a tener que esperar a la próxima legislatura española, y a los resultados electorales que la generen, para ser aprobada definitivamente. Varios son los argumentos para garantizar la aprobación de la reforma estatutaria antes de las próximas elecciones estatales:
En primer lugar, esperar que una posible mayoría conservadora en el Parlamento estatal, de la que la extrema derecha de Vox puede ser parte determinante, apruebe sin más el texto que le hubiera sido enviado desde Asturias sin el concurso del PP asturiano es una ingenuidad. Al no haberse logrado la involucración del PP de Asturias en la reforma estatutaria, este partido no la considerará suya y pedirá el voto negativo al Grupo Parlamentario Popular del Congreso. Aducirá que ha sido una reforma de la que no se siente responsable y que carece de plena fuerza democrática ya que -insistirá este partido- ha sido excluido de su génesis y culminación en Asturias. Si eso sucede, volveremos a reproducir todos los debates que estamos teniendo y tanto la oficialidad como la definición de un nuevo Estatuto retornarán al punto inicial en, posiblemente, un nuevo Parlamento asturiano más polarizado aún que el presente en lo referente al asturiano. Se habrá perdido la oportunidad y otros cuatro años que se suman a los 40 de esta anomalía democrática.
Por eso, la aprobación de la reforma en esta Legislatura es la fórmula necesaria para enganchar definitivamente al Partido Popular a la construcción plural de Asturias como comunidad política. Primero, a través del establecimiento de la mayoría de 3/5 para construir el modelo de oficialidad. La derecha democrática será indispensable para dar contenido definitivo y compartido para definir la «oficialidad amable». Asturias puede lograr un modelo propio de oficialidad que sea ejemplar. En segundo lugar, la promulgación de la reforma que ahora se está negociando, y que ha de ser escueta, se ha de considerar como un primer paso para una reforma amplia del Estatuto que, una vez solventada la oficialidad del asturiano, ya podrá contar con la participación sosegada de la derecha democrática para desarrollar la futura dimensión política de Asturias. Es decir, la oficialidad tiene que llegar en esta legislatura porque, si no, dilataremos esta situación de polarización política que obstruye el cambio del conjunto del Estatuto de Autonomía, y que impide alcanzar acuerdos sobre las bases constitucionales compartidas que definen Asturias.
Asturias tiene que cambiar de época o perderemos un tiempo que Asturias necesita y que otras comunidades no dilapidan.
En segundo lugar, porque es nuestra responsabilidad, como diputados y diputadas elegidas, actuar de acuerdo con las oportunidades que se nos presentan durante el ejercicio de nuestros cargos y no trasladar responsabilidades a quienes vengan después. Ni siquiera la responsabilidad de simplemente ratificar nuestros actos tal y como los hemos trabajado, algo que, por otra parte, puede ser poco simple. Eso sólo es decente si ha existido alguna imposibilidad para culminar nuestras obligaciones y aquí no la ha habido. Hemos tenido todo el tiempo necesario y si no lo hemos empleado de forma total ha sido por intereses de cada partido, un comportamiento que la sociedad tendrá que analizar con detenimiento. Desde luego, la matraca exigiendo un calendario ha sido una seña distintiva de IU a lo largo de todo el proceso, como también lo ha sido la exigencia, legislatura tras legislatura, de reconocer la oficialidad. Por ello, solicitamos la habilitación del presente mes de enero para la negociación parlamentaria e, incluso, se nos ha acusado de tratar de imponer nuestros tiempos cuando en realidad estos ya vienen determinados por el procedimiento parlamentario estatal.
IU, que ha podido cometer errores, desde luego, no ha sometido el calendario de la negociación de la reforma a sus necesidades internas.
En tercer lugar, la Oficialidad es de tal valor para la dimensión sociopolítica de Asturias que no puede fiarse a dinámicas democráticas ajenas a nuestra propia tierra. No estamos ante una decisión menor, tampoco es sólo importante. Es una decisión sustancial. IU entiende la oficialidad del asturiano como un salto cualitativo hacia la mencionada configuración de nuestra tierra como una comunidad política de primer orden en el concierto estatal, sin renunciar a nuestra cultura, en todas sus dimensiones, que es la que nos hace ser Asturias. Por eso, no desligamos la oficialidad de un modelo ligado al Estado Social y la entendemos como parte indispensable para el futuro socioeconómico de nuestra tierra. Así ha sucedido en otras regiones de una Europa ya abocada a una reconfiguración de sus estructuras políticas y en la que tenemos que participar con una voz fuerte. Dilatar la oficialidad es alejarse de un nuevo proyecto para Asturias a la altura del nuevo siglo y, por tanto, de una nueva realidad que nos haga progresar. Entendemos la oficialidad desde un amplio marco teórico desde el que queremos transformar globalmente Asturias.
Para nosotros no se trata sólo de una reforma más sino de un elemento clave para evitar una Asturias vaciada o extinguida, para generar una moderna concepción de nuestro lugar en España, en Europa y de una asturianía universal.
Por último, algo esencial: los derechos nunca deben esperar ni estar sometidos a cálculos de oportunidad política. Se han de proteger de forma inmediata no cabiendo dilación alguna y nadie puede huir de esa responsabilidad.
Por tanto, el 31 de enero Izquierda Unida entenderá que estamos ante un proceso muy probablemente vaciado. Seguiremos, evidentemente, ofreciendo nuestro apoyo a cualquier avance que se pueda acordar, pero no vamos a blanquear lo que en realidad será un proceso inertizado. No vamos a participar en levantar falsas esperanzas a miles de personas que quieren ejercer su derecho y creen en la reforma. En definitiva, si alguien no demuestra que los tiempos calculados por Izquierda Unida pueden ser otros, lo cual estamos dispuestos a analizar, la reforma estatutaria será fallida si no es registrada en la Junta General de forma inmediata tras el 31 de enero.
Ovidio Zapico, Coordinador General de IU Asturias