Como todos los años desde que Cristóbal Montoro abrió esa puerta, por estas fechas se publica la lista de grandes deudores de Hacienda, amablemente llamados «morosos». En la edición de diciembre del 2021, publicada en prensa ayer, que fue el Día de los Inocentes, se observa un incremento de las personas y empresas que deben dinero al fisco, pero no es porque haya más, sino porque se han rebajado los méritos para figurar: hasta ahora había que adeudar un millón de euros como mínimo, ahora la cantidad se rebajó a 600.000 euros, que tampoco está mal para cualquier deuda.
La publicación de la lista tiene un impacto relativo en la opinión, porque las personas y empresas señaladas se repiten sistemáticamente, como si ser moroso de Hacienda fuese una profesión. Supongo que tendrá, en cambio, algún efecto, porque no debe ser muy honorable verse señalados por el dedo, aunque en este país nunca se sabe: algunas de las personas menos ejemplares aparecen en la tele para pavonearse o para inspirar compasión. Y me apresuro a decirlo: gracias a Dios y a la eficacia de la Agencia Tributaria, dejar de pagar a Hacienda ha dejado de tener un cierto halo de inteligencia y astucia.
Este cronista defiende la publicación de esa lista, si sirve de estímulo para que el morbo complemente la gestión de la Agencia Tributaria. Y proclama su admiración a la mayoría de los publicitados, aunque solo sea por la comparación con el pequeño defraudador, tantas veces víctimas de las alegrías de sus asesores fiscales. ¿Por qué esa admiración? Porque, según las apariencias, mantener una larga y ostentosa deuda con el Estado no parece haber tenido un efecto dramático en sus protagonistas: los más conocidos siguen viviendo en sus preciosas mansiones, desarrollan una actividad profesional intensa, artística o deportiva, y destacan en labores muy apreciadas por la sociedad.
Si, en cambio, se trata de un currante que dejó algo sin pagar por error o mala voluntad (la Inspección Tributaria no distingue), su deuda aumenta cada año según el interés legal de Hacienda, que si no me equivoco es del 5 %. Si ese ciudadano depende de una nómina u otro ingreso transparente, aunque sea ocasional, el Estado se encarga de retener una parte de ese ingreso o nómina, dejándole solo el mínimo de supervivencia, que está por debajo de los 500 euros mensuales. Y si tiene algún bien inmobiliario o de cualquier otro tipo, lo primero que hace ante un requerimiento de la inspección es poner esa propiedad a la venta. En mi oficio hay numerosos casos de venta de la propia vivienda en condiciones muy adversas del mercado para poder hacer frente a los serios requerimientos de la autoridad fiscal. Como algunos de la lista han conseguido salvar su patrimonio, caben dos explicaciones: una, que tienen mucha suerte; otra, la más creíble, que disponen de un magnífico, casi milagroso, asesor.