Acaba el año con un rosario de noticias alentadoras en la esfera económica, solo empañadas por la sombra inquietante del ómicron. El día 21, Bruselas aprueba el desembolso de 10.000 millones de euros de los fondos Next Generation: España será el primer país que recibirá, posiblemente antes de fin de año, el primer pago oficial. El dinero llega esta vez antes que el gasto. El día 23 supimos que el PIB había crecido un 2,6 % en el tercer trimestre, un 30 % más de lo que estimaba el INE en su avance de octubre: la contabilidad nacional comienza a sintonizar con la onda larga del empleo. El mismo día 23, Gobierno, patronal y sindicatos anuncian el acuerdo sobre la reforma laboral: un marco diseñado, por primera vez, por quienes tienen que aplicarlo en el día a día.
El día 24, Nochebuena, Nadia Calviño es elegida presidenta del principal comité asesor del FMI: todos los ministros de Finanzas de la UE respaldaban su candidatura. Cinco días antes, el PP, indignado porque había llamado «desequilibrado» a su líder, la tildaba de «bluf» y pedía a los conservadores europeos que boicoteasen el nombramiento. Hoy, 28 de diciembre, el Congreso avalará definitivamente los Presupuestos Generales del Estado, que entrarán en vigor con las campanadas de la Puerta del Sol: se recupera por segundo año consecutivo el principio de anualidad presupuestaria, establecido en la Constitución y repetidamente vulnerado desde el 2015.
No está nada mal para un país que, en octubre, según extravagante diagnóstico de Pablo Casado, estaba «en quiebra» y «abocado al rescate». Nada mal para un Gobierno Frankenstein, socialcomunista e ilegítimo, respaldado por separatistas, herederos de ETA y demás taifas políticos, que iba a colapsar por sus propias contradicciones. Sospecho que los profetas de la catástrofe ya han identificado las causas y los culpables de su fallido pronóstico. Por un lado, la ceguera de los dirigentes europeos, incluidos sus propios correligionarios, como la presidenta de la Comisión Europea, incapaces de ver que están alimentando el monstruo español. Por otra parte, en clave interna, la traición de los empresarios que encabeza el vasco Antonio Garamendi, contumaz reincidente en sus pactos diabólicos. Su última felonía: su acuerdo con Gobierno y sindicatos para modificar la reforma laboral que el PP en solitario trajo al mundo en el 2012.
Es la tercera vez que Garamendi se la juega a Casado este año. En junio se convirtió en «cómplice» del sanchismo por dar la bienvenida condicional —«si las cosas se normalizan»— a los indultos del procés. Meses después, seducido por «la propaganda tóxica del Gobierno», dio su visto bueno a la primera reforma de las pensiones. Y ahora se suma, tras varios meses de ardua negociación, a «la contrarreforma laboral de Sánchez» e incluso afirma con desparpajo y descaro que «ha ganado el país (...) en estabilidad, seguridad jurídica, buen clima, distensión y una imagen impecable frente a las instituciones europeas». Decididamente, este hombre no tiene remedio.