La situación en la que se encuentra la negociación para la reforma del Estatuto demuestra que Asturias tiene Gobierno, pero que este carece de proyecto político global. Esto indica que el objetivo que nos habíamos marcado al inicio de la legislatura, que Asturias cambiara de época, puede estar ya frustrado.
El Estatuto, más allá de la oficialidad, pero sin duda con la oficialidad, refleja el proyecto del que una sociedad quiere dotarse. Ese compromiso cívico en lo fundamental, que marca un horizonte de sucesos y logros a conseguir de forma común, es el sustrato imprescindible para avanzar como comunidad política dotada de fuerza social. Sin él, somos una tierra baldía y yerma desde el punto de vista intelectual y político. No percibir la esencial importancia de la reforma estatutaria es lo más decepcionante que está demostrando una nueva generación que accedió a la dirección ejecutiva de Asturias.
La naturaleza del proceso de reforma estatutaria requiere, inexcusablemente, liderazgo desde el Gobierno, que es quien acumula más apoyo ciudadano y una fuerza que debe lograr la plasmación de acuerdos de mínimos con el resto de la pluralidad política. La abdicación del Ejecutivo de su responsabilidad en el liderazgo, situándose como un mero espectador de un diálogo fragmentario entre el resto de los partidos, ha resultado, como era previsible, en la paralización de un proceso debido a su polarización. Cuando la mayoría es pasiva, todos los procesos políticos son disgregadores. Si el Gobierno hubiera establecido sin ambigüedad sus propios límites políticos se hubiera generado una tendencia centrípeta que hubiera evitado abrir el debate hacia asuntos como el de la fiscalidad de imposible resolución. Es decir, si la mayoría hubiera dicho lo que piensa sobre el contenido de las reformas, las minorías hubieran sabido que fuera de eso el proceso puede quebrar, pero se hizo justo lo contrario y el vacío en cuanto al criterio gubernamental permitió que el proceso se haya estancado. Los actores están situados a la espera, a ver si «cuelan» demandas de todo tipo o culparse unos a otros. La altura de miras se genera también a partir del método establecido tal y como demostró la, tan meritada pero no imitada, génesis del Estatuto.
Para agravarlo más, el Gobierno decidió no acordar tiempos de trabajo para una reforma que, para ser real, necesita de la aprobación del Congreso. Por el contrario, impuso la dilación de su inicio, alegando la pandemia, a septiembre de este año que termina. Sorpresivamente, esta dilación por la crisis sanitaria no afectó a otros trabajos políticos parlamentarios o procesos legislativos: sólo al de la reforma estatutaria. Tampoco ha querido el Ejecutivo implicarse en la gestión política de las diferentes propuestas de reforma, simplemente apunta las que le van llegando y señala sus incompatibilidades. Ni siquiera ejerce una labor arbitral. En definitiva, el Gobierno concibe la reforma estatutaria como un trámite legal ordinario en el que no tuviera demasiado interés. Tal parece que su único objetivo es, simplemente, proteger la apariencia de coherencia con sus promesas electorales. La oportunidad para generar un nuevo pacto constitucional en Asturias no entra dentro ni de sus análisis.
Es cierto que todos los procesos políticos que se abordan en Asturias lo hacen sin el interés de generar una nueva etapa en la Comunidad Autónoma, que requiere de todos los agentes sociales y políticos democráticos. No se producirán reformas útiles en los distintos ámbitos ?el territorial, el de la administración pública, la reforma sanitaria, el de la política social, etc? sin el concurso de toda la sociedad. Por supuesto, tampoco en esta reforma del Estatuto. Sin embargo, el Gobierno aborda todas estas necesidades para Asturias como quien quiere cubrir meras formalidades que le permitieran argumentar en las elecciones que todas esas cosas se han intentado. Asturias no precisa de intentos malogrados sino de reformas fuertes para no perder el tren del siglo XXI que será de muy alta velocidad. Sin cambios estructurales, incluso los Fondos Europeos pueden ver amenazada su eficacia.
La principal reforma estructural es la del Estatuto, lógicamente, pues afecta a nuestros fundamentos políticos. Y el Gobierno ha decidido que es responsabilidad de las minorías. La realidad es que no tiene interés porque se gobierna sin proyecto y a la defensiva, nunca ideando un futuro común para las próximas generaciones. Se gobierna sin creer que la política es el único instrumento capaz de dotar de fuerza transformadora a la gestión. En definitiva, se gobierna de forma muy parecida a la de la larga etapa que parecía haber finalizado en 2019. Quienes creemos en la política tenemos que reaccionar. Hay que evidenciar la capacidad de pacto y construcción del entendimiento. Aún hay margen de maniobra.
En primer lugar, hemos de desatascar la reforma del Estatuto. Para ello hay que aceptar la mayoría de 3/5 propuesta por Foro para el desarrollo de la ley del asturiano. Esta mayoría reforzada favorecerá que, tras la reforma, la derecha democrática salga de la zona de intransigencia y se incorpore a diseñar el modelo de oficialidad. Así la derecha tendrá la capacidad para implicarse en la generación de una oficialidad amable. Los 3/5 pueden ser muy imperfectos técnico-jurídicamente, pero son lo más útil democráticamente, y estamos en un debate netamente político que no va a solucionarse mediante utillaje jurídico. Estamos fijando partes esenciales de un modelo de convivencia que tendrá un tránsito muy imperfecto pero eficaz. Para la mejora jurídica habrá tiempo.
En segundo lugar, fijemos en un texto los puntos políticos que nos unen, que no son pocos, y habilitemos el primer mes del año para registrar la reforma. En este apartado, la Ley destinada a los problemas que padece la Asturias vaciada, propuesta por Foro, es especialmente interesante y se conecta directamente con la motivación política que ha de tener un nuevo Estatuto. Si perdemos enero, casi con toda probabilidad perderemos la reforma Estatutaria. Por otra parte, un acuerdo nos haría comenzar inmediatamente el año generando el primer gran acuerdo de la legislatura sobre una concepción de Asturias. Quienes se nieguen a negociar y registrar la reforma en enero serán los únicos responsables de una reforma fallida y de que estemos varados en la mentalidad política de la Asturias del siglo XX. Un apunte final, para poder habilitar enero para el trabajo parlamentario los grupos parlamentarios tienen que hacerlo, necesariamente, la próxima semana. Veremos quienes están por la labor.
Ovidio Zapico es coordinador de IU Asturias