Desde el mismo momento en que por parte de alguno de los grupos parlamentarios se baraja la mera posibilidad de la iniciativa de creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, y en menor medida en el Senado, surge inmediatamente el rechazo preventivo más allá de los que están directamente afectados, desde los ámbitos de los medios de comunicación y las redes sociales, de los analistas políticos y los expertos universitarios, al considerarlas poco menos que inútiles, por extrañas a la labor parlamentaria, tanto por el apriorismo del carácter sesgado y parcial de la propuesta, como por sus resultados, tenidos por más efectistas que efectivos.
Sin embargo, la cuestión fundamental es si ante hechos tan graves como han sido el atentado terrorista del 11M, los graves accidentes aéreos o ferroviarios o de fiascos en la vigilancia del mercado como el de Gescartera o más recientemente la crisis de las cajas de ahorros, o en Asturias el caso del llamado petromocho, que han conllevado consecuencias importantes y a veces un verdadero trauma para la sociedad y la opinión pública, basta con la investigación periodística y en su caso con la instrucción judicial, y que por contra la institución central de la democracia como son las Cortes Generales, depositarias de la voluntad popular, puedan situarse al margen de los hechos ocurridos y ajenos a las medidas necesarias para prevenirlos en el futuro. A buen seguro que, como ha ocurrido en alguno de estos casos, es sin duda más grave el reproche como consecuencia de no haberlas puesto en marcha por ejemplo en relación al gravísimo accidente ferroviario de Angrois, que los peligros de la posible sobreactuación en las comparecencias o incluso de la parcialidad de las conclusiones y recomendaciones de la comisión parlamentaria de investigación.
Luego, a lo largo de su funcionamiento, pero en particular en cada una de las comparecencias de los convocados, se aprovecha la oportunidad para incidir en el argumento de su parcialidad debido a la confrontación política entre el compareciente y los diputados, como está ocurriendo en estos días con las comparecencias entre otros del expresidente Rajoy y la exministra Cospedal en la comisión Kitchen, poniéndola habitualmente en contraposición a la objetividad de la investigación y la neutralidad de los tribunales de justicia, como si no se diese también en este último caso la contraposición entre acusación y defensa, así como frente a la ejecutividad de las sentencias judiciales en relación al carácter político y orientativo de las conclusiones de las comisiones de investigación.
En definitiva, estaríamos según estas posiciones ante una pérdida de tiempo en el parlamento, en particular por su contenido redundante con los tribunales de justicia, sin contar tampoco con nada parecido a los medios ni a la garantía de objetividad de la investigación policial y de la fiscalía. Llevados de la deriva antipolítica, hay quienes han llegado incluso a acusar, sin fundamento alguno, a los parlamentarios de tener motivaciones económicas en la constitución de las mencionadas comisiones de investigación, cuando no se cobra dieta alguna por asistencia a ninguna comisión, tampoco a las de investigación. Lo que sí existe es una retribución básica como parlamentario junto a los complementos por ser de otra circunscripción y luego, solo por razón del cargo, como portavoces, adjuntos, presidentes,vicepresidentes y secretarios.
Se ignora con todo ello la distinta naturaleza de la finalidad de las comisiones de investigación en relación a los procesos judiciales, ya que las comisiones de investigación, como parte de la labor de control parlamentario, se centran en el funcionamiento del gobierno y de la administración a su cargo para exigir responsabilidades políticas y sobre todo para corregir las disfunciones y mejorar los procedimientos y la toma de decisiones en la materia objeto de investigación. Por el contrario, la justicia investiga la verdad de los hechos ocurridos como consecuencia de conductas personales o colectivas por si éstas fueran irregulares o ilegales y pudieran ser objeto de sanción administrativa o condena penal. En resumen, las comisiones de investigación no tienen nada que ver con la naturaleza y la función de los procesos judiciales. Se trata de conocer y mejorar el funcionamiento de la acción de gobierno en una situación crítica y en una materia concreta. Control parlamentario y exigencia de responsabilidades en estado puro, si bien es cierto que la labor de las comisiones de investigación requeriría de mayores medios materiales y humanos y de una mayor consideración por parte de la propia institución parlamentaria.
Si acaso, la faceta más polémica es lo que tiene que ver con la posibilidad de investigar la gestión de un gobierno que ha perdido las elecciones y se encuentra en la oposición en el momento en que se crea la comisión de investigación. Claro que éstas comisiones, con toda probabilidad, no hubieran sido posibles sin una nueva mayoría parlamentaria que las promoviera y las avalara con sus votos.
En todo caso, lo de que las comisiones de investigación no sirven para nada, es pues como lo que también se dice, cada vez con más fuerza de otras especialidades de control parlamentario como las preguntas, las interpelaciones y las proposiciones no de ley, al carecer unas de mecanismos para exigir responsabilidades, y las otras de obligatoriedad de cumplimiento. En resumen, el menosprecio del papel político y de los mecanismos de control de la oposición en el parlamento, basado en la primacía de la eficacia gestora frente a la acción política en democracia, algo agravado por la agitación y la sobreactuación propias de la década populista en que nos encontramos en los tiempos más recientes.
Por otra parte, con la tan pregonada inutilidad de las comisiones de investigación parlamentarias, pasa como con la elección de los órganos constitucionales: inútiles unas y politizados los otros en España, y sin embargo necesarias y de excelencia cuando se trata de otras democracias, y en particular de la de los EEUU. Es decir, que como democracia seguimos estando acomplejados.
Hoy mismo, en el Congreso norteamericano una comisión parlamentaria se encuentra investigando también el golpe de Trump contra el Capitolio. De hecho, tanto los comparecientes como el partido republicano intentan eludirla o cuanto menos devaluarla, precisamente porque, al margen del proceso judicial en marcha contra los asaltantes, nadie cuestiona la relevancia política de sus consecuencias para el futuro de la democracia americana.