La noticia publicada en LA VOZ DE ASTURIAS, del lunes 29 de noviembre, «Una empresa del sector sociosanitario creará 474 empleos en dos años en Asturias» nos produce sentimientos contradictorios y muchas dudas. Por un lado, es una buena noticia la creación de puestos de trabajo y que, para ello, cuente con un préstamo de 2 millones de euros de la Sociedad Regional de Promoción para fomentar su crecimiento, siempre que se haga con las garantías legales, ya que el objetivo de esta sociedad público-privada, desde que se creó en 1984, es la financiación de empresas y personas emprendedoras en Asturias.
Lo que nos genera dudas y preguntas es la presencia de la Consejera de Derechos Sociales y de la Directora General de Gestión de Derechos Sociales. Y más después de escuchar las palabras de la Consejera de que es «una apuesta novedosa que aborda el bienestar y ofrece servicios de manera coordinada». A esto unimos las palabras del Director General de Formación y Empleo «esto es fruto de la colaboración público-privada y supone una apuesta para Asturias en un sector con gran potencial».. Entonces nos preguntamos si ¿estamos ante «la externalización/privatización de más Prestaciones y Servicios Sociales?». Y otra duda es si ¿el sector de gran potencial son los Servicios de Personas Mayores?
Según la ley de Servicios Sociales del Principado en su artículo 44 Formas de prestación de los servicios sociales. Régimen de actuación de las entidades de iniciativa privada. En su apartado 1, indica que: «El Principado de Asturias, en el ámbito de sus competencias, puede organizar la prestación a las personas de los servicios sociales previstos en el catálogo de prestaciones o en su planificación autonómica, a través de las siguientes formas:
a) Gestión directa o con medios propios, que será la forma preferente. b) Prestación de servicios a las personas por la Administración local, a través de cualesquiera de las fórmulas de colaboración y cooperación entre Administraciones públicas previstas en el ordenamiento jurídico. c) Acuerdos de acción concertada con entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro. d) Gestión indirecta en el marco general de la normativa de contratación del sector público”.
Parece ser que, el actual Gobierno prefiere «la gestión indirecta en el marco general de la normativa de contratación del sector público», en concreto de los servicios sociales generales (Servicio de Ayuda a Domicilio) y de los servicios sociales especializados (Centros de Atención Sociosanitaria).
Sin duda, nos encontramos ante un proceso de ampliación de la privatización de los servicios sociales públicos, relegando «la gestión directa o con medios propios» que la Ley de Servicios Sociales asturiana afirma que «será la preferente».
De un Gobierno, que se define como socialista, esperaríamos la remunicipalización de los Servicios de Ayuda a Domicilio o que los Centros de Atención Sociosanitaria -que dependen de la Consejería- estuvieran atendidos en su totalidad por personal de la administración pública autonómica, y no que la atención directa ya la estuvieran realizando personal de empresas de servicios. Pero lo menos socialista de la llamada «colaboración público-privada» es que esta decisión se toma por ser más barata, a costa de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de las empresas privadas que gestionan esos Servicios.
Nos resulta difícil creer en el discurso de DEFENSA de los Servicios Públicos del Gobierno Socialista del Principado con estos antecedentes y con estas perspectivas. Sinceramente, nos gustaría equivocarnos, pero la tendencia muestra el evidente proceso de privatización y externalización de los servicios públicos por parte de la Administración Pública Autonómica.