Las comunidades autónomas de régimen común —todas, excepto el País Vasco y Navarra— toman posiciones y tejen alianzas ante la renovación del modelo de financiación postergada desde el 2014. Todas ellas mantienen la unanimidad en una reivindicación básica: más recursos para el sistema. La tarta debe crecer. El disenso surge a la hora del reparto: cada una exige mantener o ampliar su porción. Y en función de esa exigencia se perfilan, al margen de colores políticos, tres Españas. La España envejecida, despoblada y dispersa, representada por los ocho presidentes autonómicos que se dieron cita en Santiago, con Núñez Feijoo ejerciendo de anfitrión. La España que se considera infrafinanciada y castigada por el modelo actual, integrada por la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Y la España de los contribuyentes netos, Baleares, Cataluña y Madrid, que, balanzas fiscales en ristre, pretende rebajar su aportación o recibir una tajada equivalente a su peso económico.
Las tres posiciones son, obviamente, incompatibles. Si aumenta el porcentaje de unas, bajará necesariamente el de otras. El acuerdo parece imposible, salvo que el Gobierno ponga sobre la mesa recursos adicionales suficientes para que todas ganen: todas recibirán más dinero, independientemente de que aumente o disminuya porcentualmente su participación en la tarta.
Los servicios públicos que prestan las autonomías tienen mayor coste en la España vaciada que en la España urbana. El envejecimiento de la población, la dispersión, la extensión y la orografía del terreno los encarecen. Esa evidencia certifica que, para igualar los servicios entre todos los españoles, hay que tener en cuenta esas características propias de cada comunidad.
Este es el argumento central —e irrebatible— que esgrimen los presidentes reunidos en Santiago para oponerse a un mero reparto per cápita de la financiación autonómica. Pero tales premisas, conviene recordarlo, ya están incorporadas al modelo de financiación del 2009. Entre los criterios para distribuir el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, la población —el padrón anual— solo tiene un peso del 30 %. Las demás variables utilizadas toman como referencia otros factores: la población protegida equivalente en materia sanitaria (38 %), los niños en edad escolar en la esfera educativa (20,5 %), la población de 65 o más años (8,5 %), la superficie (1,8 %) y la dispersión (0,6 %). Esa dosis de equidad, tal vez insuficiente, es la que motiva las grandes diferencias en la financiación por habitante: la más baja corresponde a la Comunidad Valenciana, la más elevada se la lleva Cantabria.
Por eso tengo la impresión de que la España vaciada que se dio cita en Santiago juega a la defensiva. Más para no perder que para ganar con el cambio de sistema. Sin renunciar al contraataque: dar mayor peso a factores como el envejecimiento demográfico o la dispersión. Pero colocando el énfasis en su demanda de más recursos para todos. Y en todo caso, para dejar la portería a cero: virgencita, virgencita, que me quede como estoy.