Reproducción asistida, estabilidad laboral y financiación del sistema público de pensiones
OPINIÓN
Continuamente se están haciendo reflexiones en relación con la estabilidad del sistema pensiones en el futuro. Sin embargo, uno de los aspectos fundamentales para las pensiones es la población joven. Desde hace demasiados años se habla de este tema, pero no se han llevado a cabo acciones eficaces que favorezcan, por un lado, la natalidad y, por otro, que fijen población joven en España. Las familias no tienen los apoyos necesarios para poder hacer frente a los gastos que requiere el aumento de miembros en una familia. De hecho, algunas y algunos jóvenes se han tenido que marchar de España para poder trabajar dignamente, ejercer como profesionales y tener la justa consideración y valor en su trabajo, y conformar una familia.
Sin duda, es necesario aumentar la población infantil. Pero ¿cuáles son las dificultades para que las familias -uniparentales o biparentales- puedan plantearse la maternidad y/o paternidad? Nos encontramos, fundamentalmente, con dos obstáculos: por un lado, los inconvenientes de acceso a las familias heterosexuales en relación con problemas de fertilidad y condiciones socioeconómicas y familias; y, por otro lado, la exclusión del sistema público para la reproducción asistida de mujeres lesbianas y bisexuales con pareja mujer o sin pareja.
En cuanto al descenso de población, desde 2008 y sobre todo desde finales de 2020 a principios de 2021, se ha ido observando un retroceso de la natalidad en España. Durante la pandemia no ha habido un aumento de población, como se creía erróneamente. Los datos provisionales publicados en la web del INE nos indican que, en enero de 2021, los descensos de recién nacidos han sido superiores al 20%. Asturias es una de las comunidades con mayor descenso de nacimientos, un 24%. Y que, según la Sociedad Española de Fertilidad, casi un 10% de los nacimientos en 2018 precisaron de alguna técnica de reproducción asistida. Además, una encuesta elaborada por la OCU refuerza la idea de las situaciones socioeconómicas están viviendo las familias. Así, en 2020, el 25% de las familias españolas perdió al menos el 25% de sus ingresos, el 26% hacen esfuerzos para comprar alimentos básicos (carne y pescado) y el 42% tienen dificultades para acudir al dentista.
En cuanto a la exclusión de la reproducción asistida, el Real Decreto -que en 2006 fijó la cartera mínima de prestaciones del sistema estatal de salud- excluyó a las mujeres lesbianas con pareja mujer o solas de los servicios financiados por el sistema público para el tratamiento de reproducción asistida (al igual que Cataluña y Murcia) porque no cumplían el requisito de formar parejas en la que el hombre era estéril. En Asturias, en 2011, Silvia García denunció sufrir discriminación tras intentar acceder al Servicio de Reproducción Asistida del HUCA. Como lesbiana, se le impidió llevar a cabo una inseminación artificial en el sistema público asturiano que «no admitía a mujeres lesbianas o solas sin problemas de fertilidad», porque no era un problema médico. El Consejero de Salud, Ramón Quirós, justificó la negativa «porque no tenía una pareja masculina estéril y, por tanto, no pueden optar al tratamiento de reproducción asistida». La Ministra de Sanidad, Leire Pajín, apoyó el veto y negó la discriminación por la orientación sexual. Una portavoz de su Departamento Ministerial afirmó que: «El Sistema Nacional de Salud está para solucionar problemas de salud, no para garantizar el derecho de ser madre».
Posteriormente, en 2013, una sentencia del TSJA determinó que las mujeres lesbianas tenían el mismo derecho que las familias heterosexuales a acceder a las técnicas de reproducción asistida en la Sanidad Pública asturiana. Esta tendencia de privación de derechos continuó, en 2014, a nivel estatal. El PP fijó la exclusión -a nivel estatal- a mujeres lesbianas con pareja y mujeres solas del acceso al sistema público de reproducción asistida en la cartera de servicios del Ministerio de Sanidad. Pero, el cambio de tendencia se produjo este viernes 5 de noviembre de 2021, cuando la actual Ministra de Sanidad -Carolina Darias- firmó una Orden Ministerial que recupera los derechos perdidos a mujeres lesbianas y bisexuales -con pareja mujer y sin pareja- e incluye y amplía derechos a las personas trans con capacidad de gestar.
En ambas situaciones, tanto en la infertilidad o la situación socioeconómica desfavorable como en la exclusión de una parte del colectivo LGTBI+ de la reproducción asistida, podemos encontrar la mayoría de las causas del descenso de nacimientos en las familias.
Pero, si sabemos dónde está la cuestión sobre la disminución de la población ¿por qué no se solucionan los impedimentos? ¿Es una cuestión moral religiosa o ética con consecuencias político-partidistas? ¿Es un tema económico-presupuestario? Lo primero para dar respuesta a cualquier situación es señalar dónde está el problema. La necesidad ya está ubicada, falta conocer el por qué no se quiere resolver. Y, para mí, está claro que es una cuestión de principios ético-morales de una parte de la población con poder y recursos, que impuso y ha pretendido seguir imponiendo sus valores a toda la ciudadanía, negando derechos y excluyendo de los recursos y servicios.
Es tarde para dar una respuesta urgente al necesario incremento de población joven autóctona. Esto nos sitúa en la necesidad de dar valor y acoger a la población joven migrante que quiere venir a nuestra tierra y colaborar en la mejora de nuestro Estado. Por ello, hay que seguir pensando en el futuro próximo y solucionar los inconvenientes para la reproducción asistida y el apoyo socioeconómico y de corresponsabilidad de las familias. Entre los temas a mejorar destacan: reducir sustancialmente la lista de espera del sistema público para la reproducción asistida, mejorando las Unidades de tratamiento -ya que a partir de los 35 años ya no hay tiempo real para poder llevar a cabo eficazmente el proceso -con una lista de espera de al menos 2 años- y reforzando las contrataciones en el mercado laboral que generen estabilidad con ingresos familiares contributivos o no contributivos (renta básica universal), así como promover el acceso a una vivienda digna y a la Escuela Infantil gratuita de 0 a 3 años.
La falta de inversión y atención en el sistema público hace que las familias con capacidad económica -uniparentales o biparentales- acceden al sistema privado para la reproducción asistida e imposibilita el acceso a quienes no tienen posibilidades financieras. El tratamiento puede costar entre 6.000 y 12.000€, y algunas familias -las que pueden- se endeudan para poder realizarlo. Todo un largo proceso con muchos aspectos excluyentes, que deja fuera a muchas familias y a muchos posibles futuros nacimientos.
¿Qué más nos queda por hacer? En el presente, dar la oportunidad a las y los jóvenes que han migrado a otros países retornen a Asturias, a España, además de acoger a otra población joven migrante que quieren fijar aquí su residencia. Y si queremos construir un futuro próximo redistributivo intergeneracional y equitativo que financie las pensiones, tenemos que potenciar la natalidad, así como crear espacios de estabilidad socioeconómicos, laborales y de corresponsabilidad familiar con apoyos para el cuidado y la atención médico-sanitaria y educativa. Quiero reivindicar, además, la importancia de equiparar la duración de los permisos de las familias monoparentales con los de las familias biparentales porque el objetivo debe ser la atención y cuidado de menor. Sabemos lo que hay que hacer, pongámonos en ruta.