En los últimos días hemos conocido opiniones críticas de distintos profesionales con responsabilidades en la red de salud mental y en la cátedra de psiquiatría de la Universidad asturiana, con respecto a las últimas iniciativas del gobierno central en la materia, entre las que se encuentran el plan de acción de salud mental 2021-2024 a raíz de la pandemia, el proyecto de ley de Unidas Podemos y el borrador de la estrategia nacional de salud mental, tras más de una década de retraso de la obligada actualización de ésta última sin mayores protestas. Sin embargo, nadie del staff de salud mental del gobierno asturiano ha salido en defensa de éstas iniciativas. Algo similar a esto ocurrió la pasada legislatura con el plan de salud mental 2015-2020 propuesto por el gobierno asturiano.
Desde unos y otros se coincide en el mismo reproche por el del carácter ideológico, político o legal de las iniciativas gubernamentales o de los grupos parlamentarios de la mayoría de gobierno, oponiéndolas a la atención psiquiátrica cotidiana, que según ellos ésta sí estaría basada en criterios exclusivamente profesionales, así como en lo que hace referencia a la relación con el paciente, en los términos de la ética de los cuidados y los principios de autonomía, no maledicencia, beneficencia y justicia de la bioética.
No se trata de algo el nuevo el atribuir a la izquierda la ideología y la politización y en sentido contrario a la derecha o al centro la profesionalidad y la técnica. Es aún más frecuente, cuando la izquierda desempeña responsabilidades de gobierno, con la interpretación de sus propuestas como una injerencia inaceptable en la supuesta neutralidad de la técnica y el buen hacer profesional.
Sin embargo, entre los profesionales de la salud mental, como en el resto de la sanidad, y de igual modo en la educación o en la justicia hay de todo, tanto en cuanto a su capacidad y ejercicio profesional, como en sus distintos enfoques ideológicos y políticos, que por otra parte son consustanciales al ser humano, sobre el papel que debe jugar el sistema de salud mental y sobre su organización y modelo de gestión. De hecho, es por esto que las distintas mayorías parlamentarias y sus gobiernos han defendido aunque luego lo hayan podido desarrollar en menor medida, valga la simplificación, un enfoque individual y fundamentalmente clínico de la psiquiatría o bien un enfoque comunitario, preventivo y multidisciplinar de la salud mental.
Por eso precisamente, llama la atención la defensa por parte de unos y otros del actual statu quo normativo de la salud mental, contradictoria sin embargo con la exigencia por parte de parte de estos mismos profesionales y de sus sociedades de la incorporación a la nueva estrategia de salud mental de medidas más decididas en la prevención de la depresión, de las nuevas adicciones y muy en particular del suicidio, sobre todo después del duro impacto que sobre ellas han supuesto tanto los casi veinte meses de pandemia, así como por las medidas restrictivas de distanciamiento físico y aislamiento social para doblegarla. Otros se remontan al marco legal del desarrollo pendiente de la ley general de sanidad de 1986 porque establecía la transformación de la asistencia psiquiátrica, para rechazar la nueva normativa.
Lo que más les molesta a ambos sectores es el hincapié del mencionado borrador de la estrategia de salud mental, del proyecto de ley y del plan de acción postpandemia en la prevención y particularmente en los determinantes sociales y sobre todo en el objetivo explicitado como primer eje de la nueva estrategia de salud mental de la reducción del recurso excesivo a las contenciones mecánicas y farmacológicas, dentro de la garantía de los derechos humanos de las personas con trastorno mental, de la propuesta del derecho a la salud mental, y en consecuencia de la apuesta por un abordaje terapéutico pluridisciplinar.
Lo que sí es nuevo es la coincidencia entre quienes históricamente se han opuesto activamente primero a la llamada reforma psiquiátrica y luego al desarrollo de la reforma de la salud mental en Asturias, básicamente desde su plataforma universitaria, junto a los que desempeñan actualmente responsabilidades en distintos dispositivos de la red de salud mental, entre los que lógicamente hay más defensores que detractores de la reforma psiquiátrica de entonces. Aunque lo que roza lo estrambótico es que sean estos cargos de la red de salud mental, de una u otra sensibilidad, los se consideren a sí mismos exclusivamente profesionales de la salud mental y que rechacen ahora la normativa como una injerencia política en su gestión, una gestión cuanto menos modesta que no destaca por sus logros. Lo extraño hoy es pues la transversalidad de la crítica.
Algo nuevo, pero no inédito, ya que hace unos años unos y otros formaron también un bloque compacto en el rechazo al plan asturiano de salud mental en sus respectivas comparecencias ante la Junta General del Principado, básicamente porque de acuerdo con su valoración éste no habría contado con suficiente participación de los profesionales para que pudieran sentirse representados y porque carecería de una memoria económica que lo respaldara. Una enmienda de totalidad que terminó siendo apoyada finalmente por los grupos parlamentarios de la derecha y también por Podemos, lo que al final supuso su bloqueo hasta el día de hoy.
Pero lo que resulta aún más curioso es que nadie, de entre los numerosos cargos existentes en el subsistema de salud mental asturiano haya salido, al menos hasta hoy, al paso de estas manifestaciones críticas, aunque solo fuera de forma matizada en favor de la necesidad de mejora o actualización de la red de salud mental en base a los planes del gobierno o al menos en la defensa de los principios de la reforma psiquiátrica y del modelo de salud mental comunitaria.
Quizá la razón esté en que cualquier parecido entre el funcionamiento actual de la psiquiatría en Asturias, que en su momento fuera la pionera en la desinstitucionalización del hospital psiquiátrico y en la puesta en marcha de la red descentralizada de centros de salud mental, con respecto a los objetivos iniciales de la reforma es, en términos cinematográficos, mera coincidencia, de manera que cada día hay más apoyos, tanto de unos como de los otros en la defensa de la inercia actual de un modelo de funcionamiento de atención ambulatoria o incluso domiciliaria, pero todas bajo la hegemonía del servicio de psiquiatría hospitalario, relegando a un segundo plano tanto la prevención y promoción de la salud mental como en particular el tratamiento, la rehabilitación y la participación de los pacientes y las familias de los afectados de los trastornos mentales más graves, y por tanto abandonando cualquier voluntad de renovación y de cambio para acercarse siquiera al objetivo del modelo comunitario, algo que las más de las veces se ha queda solo en la retórica y en los papeles de los sucesivos planes y en las estrategias.
Se podría concluir de ello que el modelo comunitario de la reforma de la salud mental ya no tiene en Asturias quien le escriba, ni siquiera entre el propio staff de la red de salud mental del gobierno asturiano.