A diferencia de la tensión que se vivió en el pasado entre Rajoy y Puigdemont, me parece que es una buena noticia que el Gobierno español y el catalán hayan decidido sentarse a hablar. La autodeterminación, la amnistía, el referéndum y otras exigencias nacionalistas seguirán siendo inasumibles para el Estado, pero no tenía mucho sentido apelar al diálogo (al parlem que pedía una pancarta en la Gran Vía de Madrid) y no practicarlo. Seguirán los toma y daca con asuntos varios, como la financiación o las infraestructuras (especialmente con el aeropuerto de Barcelona), pero al menos no veremos esas lamentables imágenes de 2017 en las que se celebró una consulta sin ningún respaldo legal, ni las duras intervenciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional para desalojar los centros de votación aquel 1 de octubre, ni tampoco al Govern cesado por el artículo 155 de la Constitución con la mitad de ellos fuera de nuestras fronteras y la otra en prisión.
El objetivo es sin duda buscar el mejor encaje a las relaciones e ir con calma (sin prisa pero sin pausa, como dijo Pedro Sánchez) porque ni Cataluña puede dar la espalda al resto del Estado y de la UE, ni nuestro país puede prescindir de una parte de su territorio tan importante desde todos los aspectos (económico, social, histórico…). Ganaremos todas y todos si se rebaja la tensión, si se trabaja por el bien común, si se aceptan unas mínimas reglas del juego y si no se utiliza esta mesa para fines partidistas, porque sobre todo en la parte catalana no ha quedado muy claro que vayan a mantener una unidad de acción y puede que entre ellos tengan sus propios problemas. Aun así, espero que ayude y sirva para algo todo este esfuerzo.
Día tras día se alcanza un máximo histórico del precio del megavatio hora y las medidas aprobadas el martes en el Consejo de Ministras y Ministros no han gustado nada a las eléctricas, que a través del Foro de la Industria Nuclear han lanzado un chantaje impresentable. Según ellos, sin esos ‘beneficios caídos del cielo’ (unos 2.600 millones de euros) irían a perdidas y, por tanto, amenazan con un cierre. Lamentablemente la derecha vuelve a caer en la irresponsabilidad de atacar al Gobierno en un asunto en el que el interés general es evidente que debe ser protegido. Yo desconozco si la solución para controlar los precios está en crear una empresa pública de la energía, aunque desde luego siempre apoyaré que cuestiones tan elementales como la luz y el agua no estén en manos del negocio privado, pero lo que sí sé es que en la Constitución hay un artículo, que es el 128, que en este toma y daca es una vía posible para evitar estos abusos que repercuten en los consumidores.
La relación de Mañueco con sus socios está totalmente rota y hay grandes opciones de que en Castilla y León se repita lo ocurrido en Madrid. Sería un poco absurdo no esperar a 2023 porque una legislatura de un año no tiene ninguna lógica, pero ante la posibilidad a partir de febrero de que el PSOE vuelva a presentar una moción de censura y que Ciudadanos la apoye, quizás al PP le sea más provechoso acabar con el partido naranja y evitar un posible cambio en la presidencia de la comunidad. Seguramente todo lo condicione lo que Moreno Bonilla decida hacer en Andalucía, aunque en el PP lo que parece preocupar es que alguien contrarreste a Ayuso que, según ella, como mujer puede hacer dos cosas y por tanto le posibilita a aspirar a liderar el partido en Madrid. Almeida no se descarta pero tampoco se postula por el momento alegando que no toca este tema. Puede ser interesante este toma y daca porque dependiendo de quien gane, en caso de que ambos sean los candidatos, tendrá sus consecuencias en el PP nacional.