Arranca un nuevo curso político, tal y como llamamos los periodistas a los primeros días de septiembre, con la vista puesta en el 40 Congreso del PSOE. A los cambios ya realizados por el Presidente del Gobierno en la parte socialista del Gobierno de España, ahora hemos sabido los nuevos nombramientos en el seno de los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado. A partir del lunes serán Héctor Gómez y Eva Granados los encargados de asumir la función de portavoces en la Cámara baja y en la Alta, respectivamente.
Supongo que en breves también conoceremos las novedades de la ejecutiva, de la que parece que Adriana Lastra seguirá como número dos y con más tiempo para asumir esta tarea orgánica del partido. En estos momentos no hay conatos de adelanto de elecciones en ningún sitio, con lo cual es un buen momento para modificar y reforzar aquellos aspectos necesarios y ponerse de lleno con los próximos objetivos. No me esperaba la salida de Pepu Hernández de Ayuntamiento de Madrid, pero es evidente que se debe poner todo el empeño posible para volver a gobernar tanto en la ciudad como en la comunidad.
El 70% de la población española está vacunada con las dos dosis, y ahora el próximo objetivo se sitúa en llegar lo más pronto posible al 90%. Con los datos conocidos ayer del paro (bajó en 82.583 personas, lo que supone el mejor agosto de la serie histórica) espero que la recuperación socioeconómica sea palpable y que nadie se quede atrás. La incertidumbre es lo que más quebraderos de cabeza provoca, porque el futuro está lleno de incógnitas y es evidente que no pasamos por un momento feliz.
El debate en el que ha vuelto a entrar Ayuso a cuenta de los impuestos es tramposo y peligroso, porque sin recaudación la administración pública tiene menos recursos (aunque hay que decir que su anuncio es puro humo porque el IAE carece de recargo desde 2009 y el impuesto sobre residuos quedaba solapado por otro de ámbito estatal), pero todavía me parece peor las críticas de la derecha a la decisión de subir el salario mínimo interprofesional (hay que conseguir que en 2023 alcance los 1.060 euros, lo que vendría a ser el 60% del salario medio en España).
Ya no es que sea un próximo objetivo, sino que lleva mucho tiempo siendo una imperiosa necesidad. La renovación del Consejo General del Poder Judicial no puede continuar bloqueada por culpa de la oposición. Ya llevamos 1.000 días desde que caducó la actual composición y esta anomalía democrática hay que ponerle fin de una vez, y más por quienes dicen ser los máximos defensores de la Constitución (aunque no votaran a favor en su día). El PP debe recapacitar y dejar de obstruir los nuevos nombramientos.